Paíno Abreu Collado

A raíz de los varios incendios forestales que se desataron en muchos sitios del país en la primavera pasada, insólitamente, dos senadores de la República se quisieron hacer los graciosos proponiendo al Senado una Resolución que pedía declarar a la República Dominicana “en estado de emergencia ambiental”.
En la indicada Resolución se pedía entre otras cosas, que se suspendieran todas las licencias o permisos de tala de árboles, así como los planes de manejo de bosques por un período de 10 años, e incluso, pidieron que se suspendiera la extracción de agregados secos, con lo cual se paralizaría la industria de la construcción en el país.
Para los que conocemos del tema, nada más absurdo, siendo nuestro consejo en ese momento que esos senadores se asesoran con especialistas que le hubieran podido explicar como funcionan los planes de manejo forestales y el esfuerzo que tiene que hacer el propietario-inversionista para llegar a establecer y explotar un bosque sujeto a este tipo de controles, el cual, si se administra en forma adecuada se mantiene indefinidamente, y esa es la idea, darle sostenibilidad aprovechan y conservando. Acaso no se trata de un recurso natural renovable?
En el año 1999 tuve la oportunidad de ir a Japón y como todo ambientalista quise conocer -por su fama- la ciudad de Kioto. Allá, entre otros lugares interesantísimos visité un bosque natural que ha sido manejado por una cooperativa comunitaria durante más 600 años. Pueden creerlo? Y ahora es que ese bosque está hermoso y bien cuidado. La clave es la explotación sostenible, es decir, no se le saca más de lo que produce.
En el caso dominicano, por ejemplo, yo no he sabido de incendios forestales en plantaciones con planes de manejo, donde normalmente hay un dueño que dirige y cuida su propiedad; por el contrario, la mayoría de los fuegos son provocados por campesinos sin tierra que violan espacios de las áreas protegidas para el conuqueo de montaña o en terrenos cuyos propietarios desean convertirlos en pastizales y permiten a los depredadores coger una o dos cosechas de ciclo corto.
Ahora bien, en el caso que involucra los senadores creímos en ese momento que al menos los dos que intentaron la Resolución necesitaban asesoría sobre administración y manejo de bosques. Ahora, en cambio, pensamos que es el propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien requiere con urgencia asistencia técnica especializada, a pesar de que sabemos muy bien que el Viceministro de Recursos Forestales, el Agrón. Manuel Serrano, conoce perfectamente “como es que se le echa agua al río” (ver su escrito en la pág.12B del periódico Hoy del 19/08/2015).
Como un absurdo del Macondo de Aureliano Buendía en los “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez, podríamos calificar la Resolución No.13-2015 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se prohíbe el corte de árboles en las zonas boscosas, incluyendo las fincas con planes de manejo, afectando a más de cinco mil propietarios que se han acogido a esa “política forestal” prevista en la Ley 64-00 para incentivar la inversión en la industria forestal.
En meses pasados fue por los incendios y ahora por la sequía, pero en ninguno de los dos casos se está administrando una política correcta. Es todo lo contrario, con ese tipo de medida lo que se hace es alejar a los potenciales inversionistas que en ninguna otra industria tienen que tomar decisiones hoy para ver sus resultados dentro de 15 o 20 años. Nadie es más patriota ni más conservacionista que aquellos que son capaces de colocar sus recursos en una industria que además de proteger el ambiente requiere de tan largo plazo para el retorno de los capitales líquidos.
Qué es lo que pasa? Que por unas cuantas notas de prensa de grupos “ambientalistas” politizados o de academias entrampadas haciendo ciencia de oposición con la denuncia de ilícitos ambientales, se rompe de pronto con todo un esquema de políticas que como los planes de manejo forestales, suponen el sumun o lo máximo de lo posible en este caso.
Qué es lo que quieren? Que los suelos permanezcan desnudos, que las propiedades se mantengan en barbecho, que los suelos de montaña que no son áreas protegidas se siembren de pasto para soltar si acaso un par de vacas, como está ocurriendo casi en todas partes.
El corte ilegal de árboles debe ser enfrentado con todas sus consecuencias, pero el Ministerio de Medio Ambiente debe despojarse del miedo a las denuncias y debe derogar la Resolución No.13-2015. En vez de prohibir lo correcto, lo que debe hacer es promoverlo.
El sector forestal dominicano requiere un pacto mínimo a 20 años, que incluya la ley sectorial forestal, la ley de ordenamiento territorial, los reglamentos de planes de manejo, corte y transporte de madera, y un paquete de incentivos a fin de que miles de propietarios de tierras de vocación forestal establezcan planes de manejo de bosques, para que la industria forestal nacional sea una realidad y el país se autoabastezca de madera y subproductos de ésta.
Las cuencas altas, reforestadas y declaradas protegidas las que no lo estén, es lo que va a asegurar la captación de agua y los caudales de los ríos, pero los planes de manejo complementan perfectamente las áreas protegidas, mejorando el ambiente para nuestra biodiversidad y generando riqueza.