El sector gubernamental se mantuvo firme en preservar la central a carbón de Punta Catalina como propiedad estatal operada por una empresa privada calificada, lo mismo que a mantener como propiedad pública las empresas de transmisión, hidroeléctricas y de distribución, según se consigna en el documento de consensos y disensos que se conocen en las plenarias por un Pacto Eléctrico.
El sector empresarial en su conjunto y el Consejo Nacional de la Empresa Privada no pudo reunir el respaldo que necesitaba en las discusiones por el Pacto Eléctrico para aprobar su propuesta de traspasar la propiedad de Punta Catalina al sector privado, a más tardar un año después de su conclusión.
Las plenarias prosiguen esta semana, luego de dos sesiones celebradas la semana pasada, en procura que conseguir un consenso general para ser presentado al Poder Ejecutivo antes de que termine el plazo este año que concluye.
Punta Catalina, que se erige en el lugar de Punta Catalina de la provincia Peravia, a un costo de US$1,945 millones, con crédito exterior que supera los US$1,280 millones, tiene una capacidad nominal de 760 megavatios, pero entregará a redes 680 megavatios, más del 30% de la demanda actual, a un costo de operación que se estima entre 4 y 5 centavos de dólar el kilovatio hora. Las obras de ingeniería civil superan el 50% mientras que las partes mecánicas se encuentran en proceso avanzado de construcción.
Entendidos en el subsector eléctrico consideran que CDEEE, propietario de la central, podrá entregar la energía a las distribuidoras a un precio que no supere los 3 centavos de dólar el kilovatio hora, para que éstas la expendan al público a un precio final que no exceda los 12 centavos el kilovatio hora.
También que a éste último precio, el resto de los generadores, incluyendo los operados por el sector privado Ege Itabo 50% estatal y Ege Haina propiedad en un 65% también estatal, no podrán superar el precio de venta de Punta Catalina, lo que repercutirá en una reducción del 50% en el precio de la tarifa eléctrica para todos los usuarios.
El Consejo Económico y Social (CES) ya consensuó más de 80 propuestas de todos los actores públicos y privados que participan en las sesiones del órgano, convocado por Decreto del Poder Ejecutivo.
Entre las partes consensuadas, está la reforma de la Ley General de Electricidad y sus Reglamentos para cometerla a actualización, después de más de 15 años de promulgada y por efecto de las falencias analizadas y comprobadas en las discusiones por el Pacto Eléctrico.
En búsqueda del consenso, el CES logró que las partes públicas y privadas que incluye la sociedad civil, se pusieran de acuerdo en la formulación de un Plan Indicativo (de expansión) para todo el subsector eléctrico, como dice lo siguiente:
“Revisión de la parte legal de la Ley General de Electricidad 125-01, sus reglamentos y modificaciones; Incorporar todas aquellas decisiones que se tomen en este Pacto Eléctrico ya sea privatización o estatización de parte de las empresas distribuidoras o generadoras; así como de la aprobación o no de la integración vertical del sistema.
“El organismo estatal encargado de la política energética, en consulta con los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), deberá realizar en un plazo no mayor de seis (6) meses, contados a partir de la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el Plan Indicativo de Generación para satisfacer la demanda con una programación hasta el año 2030. Este plan indicativo debe tomar en cuenta los siguientes criterios y premisas:
1) Debe ser elaborado en función de las proyecciones de la demanda para ese mismo periodo;
2) Debe fundamentarse en una participación diversificada, de fuentes energéticas convencionales, renovables y alternativas, priorizando en la medida de lo posible estas dos ultima;
3) Debe dar especial consideración al respeto y protección del medio ambiente;
4) Debe estar orientado en cada momento a satisfacer la demanda de electricidad al mínimo costo de generación;
5) Que en la medida de lo posible, y tomando en cuenta la necesidad de optimizar las decisiones de inversión, las nuevas centrales generadoras se distribuyan en el territorio nacional conforme a la estrategia nacional de desarrollo y a nuestro entorno geográfico;
6) Para su implementación, debe respetarse lo establecido en la Ley General de Electricidad No. 125-01, en cuanto a los procesos de licitación para la contratación de compra de energía por parte de las empresas distribuidoras”.
Se sugirió que este plan de expansión sea incorporado a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para que tengan una vigencia hasta el 2030, aunque se revise cada 5 años.
Un paso importante que dieron todos los sectores involucrados en la discusión del Pacto Eléctrico fue aceptar que:
“El modelo vigente no fue concebido sobre las verdades que gobiernan los procesos económicos eficientes, por lo que hay que desmontarlo y sustituirlo por uno que resulte en el desarrollo económico de la sociedad es imprescindible y una responsabilidad de todos. Este nuevo modelo debe sustentar los principios de la soberanía energética y se enfoca en mejorar sustancialmente la oferta de generación mediante una acción proactiva de parte del Gobierno dominicano, eliminado la especulación con pleno ejercicio de la soberanía energética, un cambio radical en la estructuración del sistema eléctrico nacional mediante la integración vertical de una empresa de carácter público, con la participación del sector privado y el tratado en el área de la generación térmica, formalización del Ministerio de Energía y Minas y planificar la expansión del sistema fundamentado en una estrategia de costo mínimo a todos los niveles del sistema eléctrico en el manejo de una importación del combustible. Se requiere la creación de nuevas leyes que sustituyan las obsoletas actuales por reglas funcionales, para sus subsectores eléctricos, transporte, combustibles y minería”.
La iniciativa de constituir una empresa vertical para operar todo el subsector eléctrico (que incluya generación y distribución) es del ministerio de la Presidencia, que la incluyó en el documento de propuesta que sirvió de base de discusión para el Pacto Eléctrico.
Un principio para el que no hubo objeción alguna, es que las empresas distribuidoras deben licitar todo contrato de compra de energía de los generadores.
También que el Gobierno promueva el aumento del uso del gas natural dentro de la matriz energética dominicana y la construcción de nuevas terminales, así como la conversión a gas natural de plantas existentes que sean técnica y económicamente factibles, con la finalidad de reducir sus costos de generación en beneficio del país.
Y que el Gobierno sea el propulsor de la inversión que se haga en la costa Norte (Cibao) para instalar allí grandes procesadoras (regasificadoras) de gas natural y plantas de generación que utilicen este combustible, lo que igualaría a esta región a los beneficios que tiene la generación con gas natural en la costa Este.
Según lo acordado en principio, la Superintendencia de Electricidad deberá llamar a una licitación para que un plazo no mayor de 24 meses se determinen los parámetros que permitan establecer una tarifa técnica, base fundamental para el desmonte del Fondo de Estabilización Eléctrica (FETE) que opera el ministerio de Hacienda para subsidiar a los usuarios del servicio eléctrico.
Otras recomendaciones consensuadas que se hicieron a las plenarias que se realizan desde la semana pasada, son las siguientes:
“El Estado debe declarar por ley el desarrollo de las energías renovables como una prioridad estratégica nacional, para crear condiciones que permitan generar con ese tipo de fuentes de energía el porcentaje más elevado que resulte técnica y económicamente factible.
Se propone a la mesa que coordina los trabajos de distribución, que las empresas distribuidoras EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, permanezcan en el poder del Estado y que las redes que alimentan los barrios más carenciados, sean regenteadas y construidas por empresa cooperativas con los fondos acumulados de la
El Estado Dominicano se compromete a seguir desarrollando el fomento del potencial de los recursos renovables: Solar (fotovoltaica y termosolar), Eólica, Hidroeléctrica, Biomasa, Geotérmica, Biogás, diferencia termal oceánica, mareomotriz, undimotriz) para la generación de electricidad, limpia y sostenible, a través de los planes y programas de expansión y penetración de las energías renovables conectadas tanto al SENI como a los sistemas aislados y lugares remotos de la geografía nacional; promoviendo e incentivando la inversión en proyectos de energías renovables, dándole fiel cumplimiento a lo establecido en las Leyes 125-01 y 57-07.
Otra de las recomendaciones es que el gobierno secomprometa a crear y operar una “mesa de combustibles” que consolide las importaciones de carburantes para el subsector eléctrico y de esa forma obtener economías para todo el sector.
El documento que sirve de base a las plenarias es muy extenso y detallado y contienen formulaciones para prácticamente cada uno de los subsectores que conforman el sector energía.
