A nadie que conozca mínimamente la forma de actuar de los distintos sujetos en Oriente Medio le sorprendería el actual pleito entre Irán y Arabia Saudí, una situación que complica aún más los esfuerzos por llevar paz a la convulsa región del planeta.
Como se sabe, el reino saudí rompió relaciones con el país persa en respuesta al asalto, incendio y saqueo de su embajada en Teherán y su consulado en la ciudad de Mashhad, un hecho cuyo detonante fue la ejecución en el país árabe el pasado 2 de enero del clérigo chiita Nimr Baqr Al-Nimr, acusado de terrorismo.
Al Nimr, de 56 años, se formó en una escuela de teología en Irán. Respetado y venerado por la comunidad chiita de las distintas naciones del Golfo Pérsico,fue un duro crítico del régimen saudí y se destacó por sus arengas a favor de las libertades democráticas durante la denominada Primavera Árabe. Fue apresado en varias ocasiones, registrándose su última detención en junio de 2012 durante las manifestaciones de Al-Qatif, en el este de Arabia Saudita, donde predominan los chiitas. Permaneció en la cárcel hasta su ejecución junto a otros 46 convictos por terrorismo, lo que se interpretó como un insulto.
Muchos de los ejecutados eran reconocidos terroristas del grupo Al Qaeda, relacionados con diversos actos violentos. Otros, según denuncias de importantes organizaciones no gubernamentales, eran simples ciudadanos cuyo único delito consistió en ser chiitas y oponerse a la política de exclusión del régimen. Entre ellos se encontraba Al-Nimr, a favor del cual Irán y otros países de la comunidad internacional hicieron una petición de indulto que la justicia desestimó en octubre pasado. La corte que lo juzgó lo declaró “un mal que sólo puede ser arrancado de raíz mediante la muerte”.
La decisión de Arabia Saudí de romper sus relaciones diplomáticas con Irán fue inmediatamente respaldada por los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una organización regional que lidera el reino wahabita (se le denomina así porque la familia real Al-Saud adoptó la doctrina de Mohammad Ibn Abdel Wahhab, una rama conservadora del sunismo) y que integran, además, Bahréin, Kuwait, Omán, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
Un día después de la decisión saudita, lo propio hizo Bahréin, un país de mayoría chiita gobernado por la familia sunita Al-Khalifa, que aprovechó para hacer un recuento de los agravios de que ha sido objeto por parte de Irán, incluido el financiamiento y suministro de armas a grupos opositores dentro de su territorio. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, redujo el nivel de su representación diplomática en Teherán, mientras que Kuwait decidió llamar a consultas a su embajador luego de protestar ante el jefe de la misión persa.
Otros países que respaldaron la posición de Arabia Saudita fueron Sudán y Egipto. El primero de estos dos países africanos ha recibido un importante respaldo económico por parte del reino wahabita y los demás países del CCG, mientras que Egipto, como bien recordó su ministro de relaciones exteriores durante una visita a Riad el pasado 4 de enero, tomó la decisión de cortar lazos con Irán hace 27 años.
Luego del golpe de Estado que encabezó el general Al Sisi, actual presidente del país, contra Mohamed Morsi, probablemente el único presidente democráticamente elegido en los cinco mil años de historia egipcia, los grupos terroristas proliferan en todo el país. El apoyo saudí ha sido importante para la estabilidad del régimen, cuyos tribunales han condenado a muerte a miles de simpatizantes del hoy proscrito grupo Hermandad Musulmana, incluyendo su líder, el depuesto presidente Morsi, quien como presidente intentó normalizar las relaciones con Irán, aun en medio de la política de aislamiento del país persa por parte de Estados Unidos.
La ejecución de Al-Nimr fue el movimiento de una pieza en el complicado ajedrez político de Oriente Medio. Sus consecuencias eran fácilmente predecibles. Se trató de un nuevo intento por cambiar el curso de los acontecimientos en la región.
Resulta que el pasado 18 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a unanimidad una resolución que establece el comienzo en este mes de enero de un alto al fuego nacional y de conversaciones entre el gobierno de Bashar al Assad y la oposición siria, pláticas fijadas con un tope de hasta seis meses.
Dicha resolución llama a instalar un proceso político que incluya la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones dentro de 18 meses, además de insistir en la urgencia de derrotar al terrorismo.
Es la primera vez que en el Consejo de Seguridad se alcanza un acuerdo para la solución del conflicto en Siria. Fue el resultado del esfuerzo dentro del mecanismo llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que en los meses de octubre, noviembre y diciembre logró reunir en Viena y Nueva York a representantes de potencias mundiales y regionales.
Aunque no despeja una serie de incógnitas importantes, la resolución traza el camino hacia el fin del conflicto en el país levantino. Pero el reino saudí no se siente a gusto con el espíritu de la resolución, impulsada de común acuerdo por los cancilleres de Rusia y Estados Unidos, Serguei Lavrov y John Kerry, respectivamente, en la que se reconoce la necesidad de un proceso sirio sin injerencia extranjera basado en el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la nación.
Los saudíes entienden que sus aliados occidentales se apartaron del objetivo fundamental de forzar de entrada la caída del régimen de Bashar al Assad, chiita y aliado de Irán. La ejecución de Al-Nimr fue una jugada encaminada a imponer trabas a los esfuerzos de pacificación de la zona provocando una lucha de poder con Irán susceptible de arrastrar a sus aliados tanto de la zona como de Occidente.
Esta forma de proceder no es nueva. Arabia Saudí intentó boicotear las negociaciones del Grupo 5+1 con Irán sobre el programa nuclear del país persa mediante el inicio de una campaña de bombardeos aéreos en Yemen tomando como pretexto el supuesto involucramiento de Irán en los acontecimientos que dieron como resultado la expulsión del territorio yemení de su aliado, el presidente Mansur Hadi.
Entonces como ahora los países del CCG respaldaron la iniciativa saudí. Estados Unidos hizo lo mismo, pero desde la distancia, sin apartarse de su objetivo prioritario de alcanzar el acuerdo con Irán. La administración de Barack Obama tuvo que emplearse a fondo para tranquilizar al gobierno saudita, que desde el ascenso al trono en enero de 2015 del rey Salman ha abandonado la prudencia que siempre le caracterizó. También tuvo que confrontar como nunca antes con Israel por entender que en la muy complicada situación de Oriente Medio cualquier otro recurso adicional al de las sanciones económicas para evitar que Irán desarrollara armas nucleares podría tener repercusiones muy serias dentro y fuera de la región.
Además, como ya hemos explicado en trabajos anteriores, en la nueva situación de Oriente Medio provocada por la intervención militar en Irak de los Estados Unidos y la irrupción en el escenario del grupo terrorista Estado Islámico se hizo imprescindible, al menos, un mínimo de entendimiento con el país persa, cuyo papel en el mantenimiento de la estabilidad en Irak es hoyfundamental.
Arabia Saudí siente que se le viene el mundo encima porque su estrategia en Yemen ha resultado un fracaso. Los rebeldes hutis, que tienen como aliados al expresidente Alí Absullah Saleh, han conquistado la mayor parte del territorio del país y con frecuencia hostigan al ejército del reino en su propio suelo.
Mientras eso ocurre, los gobiernos de Siria e Irak se anotan importantes victorias en la lucha contra el EI en sus respectivos territorios. A ello ha contribuido enormemente la campaña de ataques aéreos que desde hace algún tiempo viene realizando Rusia contra posiciones del grupo terrorista.
Así, la evolución de los acontecimientos en Yemen, Siria e Irak se visualiza desde el sunismo, predominante en los seis países de la CCG, como un inadmisible cambio en la correlación de fuerzas a favor del chiismo. Eso explica sus maniobras desesperadas.
