Cuatro meses después de entregar la presidencia de la República Argentina al conservador Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que presentarse ante la justicia para responder sobre presuntas operaciones financieras irregulares del Banco Central durante su mandato.
Específicamente, a la exmandataria se le acusa de violar el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal argentino, el cual establece que será reprimido con prisión de un mes a seis años “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.
Resulta que durante la administración de la señora Fernández de Kirchner se impulsó en Argentina una política de control de cambio con el objetivo de evitar la devaluación de la moneda nacional y controlar la inflación. En el marco de esa política se fijó el tipo de cambio del dólar a 10.6 pesos argentinos y se autorizaron operaciones de venta de dólares a futuro por parte del Banco Central como herramienta para evitar la volatilidad en el mercado.
Esas ventas a futuro se hacían mediante contratos por el que un participante se comprometía a comprarle a otro (el Banco Central), una determinada cantidad de dólares a la tasa del momento, en una fecha determinada. En la fecha pactada no se producía el intercambio de pesos por dólares sino que se hacía la compensación en pesos, por lo que la operación no tendríaimpacto alguno en las reservas. Además, en caso de que se impulsara una devaluación no se vería afectado el patrimonio del Banco Central, toda vez que la revaluación de sus activos en moneda extranjera sería mayor que el impacto en los pasivos de la institución.
Pues bien, entre las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno que sustituyó a la presidenta Fernández de Kirchner y que encabeza el empresario Mauricio Macri, está la eliminación del control de cambio, una decisión que provocó una devaluación del peso, cuya cotización se colocó en 15 por un dólar.
Y como ahora el Banco Central deberá pagar cinco pesos adicionales por cada dólar vendido a futuro, hay quienes entienden que la expresidenta Fernández de Kirchner incurrió en el delito de “administración fraudulenta”, que es como en la doctrina jurídica argentina se denomina al tipo penal contemplado en el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal citado anteriormente.
¿Tiene fundamento la acusación?
Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiende que cuando se hicieron las operaciones de venta de dólares a futuro no era previsible que el dólar estuviera a 15 pesos y que la variación del tipo de cambio fue el producto de un cambio de política. “Se pasó del control de cambio al dólar flotante, de Keynes a Milton Friedman”, dice.
El magistrado entiende que no hay delito alguno en ese cambio de política, pero que de la forma en que se hizo derivó un notorio daño al Banco Central que era perfectamente previsible y que bien se pudo haber evitado o atenuado renegociando los contratos a término, dejándolos sin efecto por la teoría de la imprevisión o bien abandonando más gradualmente el control de cambio.
Concluye el letrado en que si hubo la tal “infidelidad administrativa” de que actualmente se habla en Argentina “no la causó Cristina, la causó Macri” y su “administración adoradora del mercado, que enciende velas en el altar de Friedman”.
La intención de sentar en el banquillo de los acusados a la expresidenta Fernández de Kirchner bajo el alegato de haber impulsado políticas que provocaron pérdidas a la nación es un completo absurdo, como puede verse.
¿Fueron enjuiciados los que inspirados en la defensa a ultranza del libre mercado provocaron una de las peores crisis en toda la historia de la nación argentina?
¿Acaso deberá ser juzgado el actual presidente Macri por su decisión de pagar a los fondos buitre sumas excesivas apartándose del mecanismo de renegociación de deuda considerado legítimo por toda la comunidad internacional, a lo cual se negó el gobierno de la señora Fernández de Kirchner?
Como bien dice el destacado jurista Zaffaroni, las pérdidas al Banco Central no las causó el control de cambio en sí sino la decisión de su desmonte abrupto, que no la tomó el gobierno de Cristina Fernández sino quienes pretenden enjuiciarla. Curiosamente, quienes se beneficiaron de esa decisión fueron los exportadores y los compradores de dólares a término, o sea, los bancos, principales detractores del gobierno kirchnerista.
El sesgo político de la acusación contra la señora Fernández de Kirchner no puede ser más evidente. Que un juez federal al que se le presume un alto nivel de formación jurídica no la haya desestimado en forma pura y simple no deja de ser inquietante.
