En las últimas décadas, los avances logrados por República Dominicana en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática son significativos. Contamos con una Constitución que incluye importantes avances, que en gran medida, podríamos asegurar que superan las expectativas que como nación libre y soberana aspirábamos, sobre todo en lo relativo a la promoción y respeto a los derechos humanos, sociales, políticos y económicos.
La creación en nuestro país del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y otras instancias como el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo del Poder Judicial, han constituido una garantía incuestionable para el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y para la consolidación de una democracia participativa e inclusiva.
Desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió el gobierno en 1996, hasta la fecha, se ha estado trabajando de manera continua y sostenida para avanzar hacia una sociedad institucionalmente democrática, económicamente sustentable y socialmente justa.
Los avances logrados durante los cuatrienios 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012 en los ámbitos económico, político, social y cultural no se pueden ocultar. Sólo en el presente cuatrienio 2012-2016, el gobierno dirigido por el Presidente Danilo Medina cumplió con el 97.5% de los compromisos contraídos cuando asumió la Presidencia de la República el 16 de agosto del 2012, logrando avances significativos hacia un modelo de desarrollo de prosperidad y equidad. En el presente cuatrienio más de 900,000 dominicanos y dominicanas han salido de la pobreza y se han creado más de 400,000 nuevos puestos de trabajo, entre muchos otros logros importantes.
La República Dominicana es motivo de admiración para muchos otros países de la región y el mundo por el trabajo realizado en procura de lograr un desarrollo sostenido con inclusión social y oportunidades de progreso para las presentes y futuras generaciones.
El domingo 15 de mayo del corriente año, 6,765,245 dominicanos y dominicanas acudirán a las urnas para elegir 4,106 cargos, incluyendo la Presidencia y Vicepresidenta de la República y los cargos congresuales y municipales para el periodo 2016-2020.
Sin embargo, y a propósito del presente proceso electoral, es importante recordar que la Junta Central Electoral (JCE) cuenta con la confianza firme de la gran mayoría de la población dominicana. Hasta el momento, en los estudios y/o encuestas que se realizan en el país, la JCE es una de las instituciones mejor valorada por los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su militancia o simpatía partidaria. Esta institución ha hecho una contribución invaluable, sin precedentes, a la consolidación de la democracia en nuestro país, por la capacidad técnica, la credibilidad y la rigurosidad con la que realiza su trabajo; lo cual ha quedado demostrado en todos los procesos electorales que ha dirigido.
El proceso electoral del 15 de mayo es sumamente complejo, no sólo por la cantidad de cargos a elegir, sino por el gran número de partidos, coaliciones de partidos y movimientos reconocidos en todo el territorio nacional que participarán con candidaturas nacionales y/o locales. Este reto ha sido asumido sin riesgos por las instancias responsables del proceso a lo interno de la JCE y en comunicación permanente con los partidos políticos y otras organizaciones sociales.
Sin embargo, en el actual proceso electoral han surgido algunas controversias en relación a la aplicación del conteo electrónico de los votos que se emitirán el próximo 15 de mayo. En ese sentido, queremos aprovechar este espacio para hacer un llamado a los partidos, agrupaciones políticas y a otras organizaciones que han externado cuestionamientos en relación al conteo electrónico de los votos para que confiemos en el trabajo de la JCE y evitemos que esta situación pueda impactar su prestigio y credibilidad, ya que esta institución ha jugado un papel decisivo en la consolidación del sistema democrático en República Dominicana.
Es importante precisar que los partidos políticos juegan un papel fundamental en la estabilidad y consolidación de la democracia y este debe ser un compromiso irrenunciable, si de verdad queremos seguir viviendo en un país institucionalmente democrático, económicamente sustentable y con cada vez mayor inclusión y justicia social.
No permitamos que intereses coyunturales puedan afectar, bajo ninguna circunstancia, el sólido sistema democrático con que cuenta la República Dominicana.
