Opinión

La historia registra que el inicio del establecimiento de las zonas francas en la República Dominicana, se ubica durante el período de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina en la década de los 50. La primera ley de zonas francas se promulgó el 22 de octubre de 1955, y apenas hacía referencia a ciertos artículos que podían importarse y exportarse hacia y desde República Dominicana. Un año más tarde, en 1956, se modificó esta normativa con la finalidad de adicionar otros artículos para ampliar la gama de productos, con el cuidado de que no afectara los intereses del dictador.

Terminada la dictadura, la ley fue nuevamente modificada el 23 de abril de 1969, otorgándoles a las zonas francas preferencias en el ámbito fiscal y arancelario. Se liberaron de impuestos la importación de materias primas, las patentes, la importación de equipos y vehículos, entre otras exenciones. Esta última norma, marcada con el No. 299, dio origen a la instalación de la primera Zona Franca Industrial privada en La Romana, bajo la dirección de la Gulf and Western America Corporation. Posteriormente se estableció la primera Zona Franca Industrial pública en San Pedro de Macorís, bajo la administración de la Corporación de Fomento Industrial, hoy conocida como Pro Industria, la cual sigue administrando y operando este parque.

En 1973, se establece en Santiago otra zona franca pública, pero administrada y operada por una corporación sin fines de lucro creada para tales fines por destacadas figuras empresariales de la zona norte, lo que hoy se conoce como Parque Industrial Víctor Espaillat Mera.

A pesar del establecimiento de estos parques de zonas francas, hasta la década de los años 80, la economía dominicana se sustentaba en la exportación de productos de origen agropecuario: café, tabaco, cacao y caña de azúcar. No obstante, el país fue capaz de hacer la transición hacia un modelo de servicios: zonas francas, turismo, remesas y telecomunicaciones.

El 15 de enero de 1990, el Congreso aprobó una nueva legislación, la Ley No. 8-90, que unificó en un solo texto legal “lo relativo al manejo, organización, incentivos, derechos y obligaciones de las zonas francas industriales y de servicios, con la finalidad de establecer nuevas zonas francas y garantizar el crecimiento de las existentes”, según lo establece el Informe estadístico del sector zonas francas de 2015.

Ocho años después de aprobada la Ley No. 8-90 (1998-2004), el modelo de zonas francas de trabajo intensivo, concentrado en las producciones textiles y prendas de vestir y orientado esencialmente hacia el acceso preferencial del mercado norteamericano, se había agotado.

Este agotamiento fue el producto del desmantelamiento del sistema de cuotas establecido en el acuerdo multifibras, que luego fue sustituido por el acuerdo sobre textiles y vestuario, el cual concluyó el 31 de diciembre del año 2004, abriendo así el mercado a países como China, Vietnam, India, Bangladesh y Marruecos, y los problemas derivados de la llamada Agenda de Doha, la cual había fijado para el 2009 la eliminación de los subsidios.

La fecha límite fijada por la Agenda de Doha (extendida en la actualidad hasta el 2017) y el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA representó un nuevo espacio para el auge y posterior consolidación de las zonas francas. Se elaboraron planes de reordenamiento y reconversión con el propósito de producir localmente la materia prima y los bienes intermedios que se utilizan en la manufactura del bien final exportado. Es decir, se produjo una integración de las industrias de zonas francas con otros sectores de la economía nacional a través de la cual se expandió la generación de riquezas.

Algunas empresas realizaron su proceso de reinvención, transformando su modelo de producción de mano de obra intensiva a capital intensivo, consolidando su transición del sector textil hacia otros renglones de producción de alto valor agregado.

Para el año 2007, según informaciones publicadas por la periodista Cándida Acosta en el periódico Listín Diario, “en el parque industrial de ITABO, se fabrican maniquíes de prueba para choques de vehículos. La empresa Hewlett Packard elabora tecnología de software y cartuchos de tintas para computadores, impresoras y faxes. Mientras en las Américas se hacen piezas de marcapasos, y en Santiago se fabrican partes de turbinas de avión”.

Las informaciones presentadas en el Informe Estadístico del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, ponen de relieve los cambios y transformaciones en las empresas de zonas francas, al establecer que en el año 2015, ciento treinta y una empresas de zonas francas se dedicaban al área de servicios, 98 a confecciones y textiles, 69 a tabacos y derivados, 55 a productos agroindustriales, 31 a calzados y sus componentes, 30 a productos médicos y farmacéuticos, 22 a productos eléctricos y electrónicos, 16 a joyería y 109 a otras actividades.

Indica el referido informe, que el sector zonas francas coloca a la República Dominicana en los primeros lugares a nivel mundial, en lo relativo a la capacidad productiva. Hoy se cuenta “con 65 parques de zonas francas en operación y 630 empresas, las cuales generan 161 mil 257 empleos directos y exportaciones por 5 mil 512 millones de dólares, compuesta por mil 724 productos diferentes exportados a 128 países, en cinco continentes, ocupando posiciones de primer orden en el ranking mundial de los productos exportados”.

Solo en el período 2014-2015, los parques existentes aumentaron un 8.3%; las empresas instaladas un 2.6%; los empleos generados 5.2%; las exportaciones 4.8%; los salarios promedios semanal de operarios y técnicos 7.3% y 7.6% respectivamente; y el incremento de las áreas ocupadas en naves 2.8%.

Como se puede observar, hace más de 60 años la República Dominicana dio los primeros pasos en el establecimiento de zonas francas y aunque en algún momento se pensó que era imposible rescatar los parques y ponerlos a producir, se ha logrado la recuperación del sector y hoy se están atrayendo inversiones y tecnologías, generando riquezas y empleos productivos.

Las perspectivas de crecimiento del sector zonas francas son favorables. El trabajo realizado por el Consejo y su directora, la Lic. Luisa Fernández Durán, merecen todo el reconocimiento de la sociedad. Su trabajo y dedicación han contribuido al crecimiento económico y la generación de empleos para miles de dominicanos y dominicanas. ¡Felicitaciones!