Aunque no existen estadísticas propias de un Observatorio fiable que pueda determinar el volumen de participación de vehículos con más de diez años de uso en los eventos trágicos de carretera, sí podemos subrayar que la flota móvil motorizada superó la cifra de 3 millones 612 mil unidades al finalizar el año 2015, el 72% con más de 10 años, de acuerdo a los registros de la Dirección General de Impuestos Internos.
Esto significa que la situación de la seguridad vial se torna todavía más delicada pues los riesgos de un percance de tránsito son mucho mayores, como es también mayor la emisión de gases dañinos al medio ambiente.
El consumo de combustible y aceites se presume aumenta, lo cual en el sentido económico es un tema a estudiar que indudablemente afecta también la seguridad vial.
Más del 54% del campo vehicular está conformado por motocicletas, cuyos usuarios por demás tienden a ser los vulnerables por excelencia. De este renglón, solamente el 65% tiene más de una década.
Ahora bien, si tenemos un volumen de unidades motorizadas creciendo a razón de 7% promedio anual, que el pasado año alcanzó el máximo desarrollo de los últimos siete años, sin planificar suplantar los vehículos envejecientes y sin implementar políticas de Inspección Técnica Vehicular eficaces, la situación se muestra tétrica para República Dominicana, muy complicada en materia de seguridad vial para lograr los objetivos de reducción de víctimas y casos de tránsito que el gobierno se proponga.
Para el 2018 superaremos los cuatro millones de unidades transitando en la red vial nacional, situación que obliga a pensar en lo insoportable que sería circular, debido a los taponamientos en las grandes ciudades.
Muchas acciones son necesarias para lograr los resultados deseados en la circulación, e indiscutiblemente que una de ellas, es la renovación del amplio parque obsoleto que contamina, contribuye al congestionamiento de nuestras vías y compromete la seguridad vial.
