Los dominicanos tendremos en los próximos días la primera Ley de Seguridad Vial en la historia. Una iniciativa que se debate en la Cámara Legislativa como respuesta a un reclamo por muchos años de la ciudadanía, debido a las estadísticas inaceptables de siniestros de tránsito, de las víctimas a causa de los mismos y el alto costo social acumulado para los gobiernos y el Estado.
Sus efectos en el medioambiente, y en consecuencia en la salud, son también económicamente incuantificables en la República Dominicana.
En el Proyecto de Ley, la seguridad en la circulación forma parte de un conjunto de temas que deberán pasar a la agenda nacional por necesidad. Me refiero a la Movilidad, el Tránsito y el Transporte, considerados todos como cruciales hoy día, tras verse postergadas las decisiones políticas durante décadas.
No obstante las expectativas creadas, tememos que tras la aprobación de la iniciativa se presenten algunas decepciones tiempos después de su aplicación, puesto que el modelo asumido está en declive en los actuales momentos en los países donde lo han implantado, de acuerdo con la experiencia.
La Confederación Europea, que representa el paradigma mundial, está siendo cuestionada por un estancamiento asombroso en los indicadores de siniestralidad viaria. Por igual, Estados Unidos no progresa en la tasa de mortalidad, así como tampoco Colombia.
La clave estriba en la estructura orgánica adoptada, la cual se sugiere sea autónoma, autosuficiente y con autoridad, cosa que no plantea nuestra Ley Propuesta, y que garantizaría sea la seguridad vial sostenible y sustentable. Además, de fiable, justa, equitativa y transparente integrada a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
De no cumplirse estas condiciones, pronto los debates conducirán a una revisión o reforma de la pieza legislativa, por lo que esperamos sea flexible y dinámica para ponernos a tono con los tiempos, las tecnologías y las circunstancias.
