Opinión

La Republica Dominicana se inscribe dentro de los países que por años concibieron el accionar de los partidos políticos al margen de sus normativas constitucionales y legales.

La primera mención de estas agrupaciones partidistas se da con la reforma constitucional de 1942. Posteriormente, las cartas magnas se referían a los partidos políticos de manera muy escueta, a excepción de las constituciones de 1963 y 2010.

La Constitución del 29 de abril de 1963 bajo el gobierno del profesor Bosch introdujo una disposición muy vanguardista sobre los partidos políticos, ya que el texto los concibió como asociaciones que se constituían para fines pacíficos y democráticos y dentro de las cuales, los ciudadanos tenían el derecho a integrarse con el fin de ejercer activamente sus derechos políticos.

En cuanto a la Constitución de 2010, el artículo 216 dispone lo siguiente: “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.

Hasta ahora, la ley que ha regido a las organizaciones políticas ha sido la normativa electoral. Las primeras leyes electorales se adoptan tras el derrocamiento de la tiranía trujillista y antes del gobierno de Juan Bosch, cuando en el país se produce una profunda transformación del sistema político. Estas normativas rigieron con algunas modificaciones hasta la promulgación de la Ley Electoral, No. 275-97, actualmente vigente, que establece en su Título VIII lo relativo al accionar de los partidos políticos. No obstante, la tendencia, no solamente en la región, sino a nivel mundial, es segregar lo relativo a las agrupaciones políticas de la normativa estrictamente electoral. Es dentro de este contexto que, desde el año 2011, la Junta Central Electoral ha remitido en cuatro ocasiones un proyecto de ley tendente a regular las organizaciones políticas, lo que representaría sin dudas, un paso de avance hacia el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad.

El tema de la regulación jurídica de los partidos es una tarea reciente y pendiente en casi todos los países del área.

Uno de los mayores defensores de la necesidad de regular los partidos políticos y hacerlo al margen de la ley electoral es Daniel Zovatto, director regional del IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. El reputado analista ha alertado a los países sobre la necesidad de regular respecto temas sensibles como son: las alianzas y coaliciones; la participación equitativa, el financiamiento público y privado y el blindaje ante financiamiento ilícito; la transparencia y rendición de cuentas; el transfuguismo, las primarias o elecciones internas; las garantías electorales y el régimen de consecuencia ante sus violaciones.

La propuesta de la Junta Central Electoral, actualmente bajo estudio por la Comisión de Justicia del Senado, se ha incluido como parte de la Agenda Legislativa Priorizada y está en su tramo final para ser presentada para su conocimiento por el pleno del Senado. Por supuesto, esta ley debe contar con el consenso de los sectores competentes, con la mediación de la iglesia católica.

La iniciativa tiene 6 Considerando y 77 artículos. Tiene como objeto principal la regulación de todo lo relacionado a la constitución, reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, la participación en procesos lectorales, vigencia, financiamiento y sanciones de los partidos y agrupaciones políticas.

Es una ley fundamentada en principios y valores fundamentales que fomentan y promueven la libertada, la justicia, la solidaridad, la participación equitativa, la transparencia, la alternabilidad en el poder, el uso de medios democráticos para acceder a los puestos de dirección política y el reconocimiento al derecho de las minorías.
La propuesta contiene mandatos de avanzada y garantista.

Uno de los temas más novedosos y que ha concitado mayor interés en esta propuesta de ley es lo concerniente a la reglamentación de las precampañas.

En este sentido, el artículo 32, define que “las precampañas son periodos que establecerá la Junta Central Electoral, con apego a la ley, en el cual los partidos y agrupaciones políticas celebraran las actividades y el proselitismo interno de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a los cargos de elección popular”. La Junta Central Electoral preparara en un solo día todas las elecciones primarias correspondientes a los partidos políticos, usando el padrón elaborado por dicho órgano constitucional. La precampaña iniciaría un año antes del día de las elecciones nacionales y cerrara, por lo menos, siete (7) meses antes del certamen electoral.

De igual forma, en los artículos 58 y siguientes se crea la unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, que tendrá entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas y los topes de gastos de precampaña electoral establecidos por la legislación electoral vigente. Para tales fines, los entes políticos, están obligados a adoptar mecanismos de control que permitan la fiscalización y que detalla profusamente la normativa.

Es importante contar con el marco regulatorio que ajuste el accionar de los partidos y agrupaciones políticas, pero una ley no restaurara de manera automática la valoración de las asociaciones partidarias. Se requiere asumir los retos y desafíos que obligan a fortalecer la cultura democrática, como bien dice Giovanny Sartori (2005), “la democracia es difícil, pero debe ser creíble, porque solo así funciona”.

El sistema de partidos en América Latina, como en casi todo el mundo, presenta con una crisis de credibilidad y legitimidad social.

La calidad del sistema democrático y del ejercicio político requiere del fortalecimiento institucional de los partidos y agrupaciones políticas, de ahí la necesidad de regular su accionar como entes intermediarios de la representación soberana. Pronto tendremos la ley.