Opinión

En el año 1992 se celebró en Rio de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, conocida como «Cumbre para la Tierra». En este encuentro participaron 178 líderes mundiales, quienes asumieron compromisos políticos recogidos en varios documentos y uno de ellos fue la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que, a su vez, sustituía la Declaración de Estocolmo de 1972.

La Declaración de Rio como se conoce en las políticas ambientales, se estructura con 27 Principios que avalan una alianza mundial equitativa con identificación de nuevos niveles de cooperación tripartita, entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas.

A 20 años de la vigencia de la Declaración de Rio y dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, celebrada en junio de 2012, se firmó la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río, ahora con un enfoque regional para América Latina y el Caribe. La idea es que los gobiernos de la región adopten un instrumento jurídico vinculante que garantice los derechos a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

De manera puntual el Principio 10 establece que, “Los temas ambientales son manejados de una mejor manera con la participación de todos los ciudadanos involucrados. En el ámbito nacional cada individuo tendrá acceso apropiado a la información que tengan las autoridades públicas, concerniente al medio ambiente, incluyendo la información sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades así como la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los estados facilitarán y alentarán la conciencia y participación pública, haciendo ampliamente disponible la información. Se proveerá acceso efectivo a procedimientos administrativos y judiciales incluyendo revisión y reparación.”

A la fecha y con la asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se han realizado 14 reuniones de trabajo y cuatro (4) rondas de negociaciones en el tramo hasta culminar en diciembre de 2016, con la Declaración Final de los 20 países miembros de la CEPAL.

Justamente, el último encuentro de este trayecto, se realizará en la Republica Dominicana. El evento que se denomina “Foro Regional sobre Medio Ambiente y Desarrollo sostenible,” se celebrara del 9 al 12 de agosto próximo y es organizado por la CEPAL y el Gobierno de República Dominicana, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente.

Cada país suscribiente del Acuerdo aportará sus perspectivas y aspiraciones dentro de sus condiciones particulares, las que exigirán, de manera individual, una revisión amplia de normativas, políticas y prácticas.

En la Republica Dominicana, el derecho ambiental se encuentra consagrado en la Constitución, la Ley No. 64-00 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras leyes especiales, así como en las convenciones internacionales ratificadas.

El Capítulo IV de la Carta Fundamental establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación; que el Estado dominicano prevendrá y controlará los factores de deterioro ambiental, impondrá las sanciones legales y la responsabilidad civil objetiva por daño causado a los recursos naturales y al medio ambiente y exigirá la reparación del daño causado y, de igual manera, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas.

El derecho de acceso a la información es un derecho universalmente reconocido y se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4).

El Art. 49.1 de la Constitución lo consagra; la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública regula como obtener la información, siempre que no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás.

De igual forma, los Arts. 66 y 67 del Texto Fundamental sobre derechos colectivos o difusos, reconocen el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y libre de contaminación. También, los artículos 68-73 garantizan la tutela efectiva a través de mecanismos de protección vinculantes para todos los poderes públicos.

De manera especial, la Ley 64-00 dispone que cualquier ciudadano afectado puede promover una acción contra particulares o entidades jurídicas; crea la figura del Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y tipifica los delitos ambientales y las sanciones penales ambientales.

En cuanto a la participación de la ciudadanía, está claro que una democracia eficaz demanda la interacción con los ciudadanos, más allá del ejercicio electoral; para ello, se deben regular los mecanismos que le permitan ser parte integral de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos del país.

En este orden, el Art. 22 de la Constitución plantea una amplia carta de derechos de ciudadanía. Ahora en virtud del texto constitucional, los dominicanos tienen mayores posibilidades de incidencia en la vida estatal, pudiendo proponer iniciativas, ser consultados o propiciar consultas, informarse, colaborar en la gestión de recursos, concertar soluciones, vigilar el cumplimiento de decisiones y fiscalizar el accionar general de los representantes del Estado; en definitiva, servir de contrapeso adicional a los poderes que integran el Estado, ejerciendo un verdadero control social.

En este contexto, he presentado a consideración de mis colegas senadores para la próxima legislatura, varios proyectos de ley tendentes a regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana establecidos por la Constitución de la República y que contribuyen al fortalecimiento de la democracia participativa; son las iniciativas para regular las veedurías sociales, las vistas públicas, las consultas populares, la posibilidad de hacer denuncias ante faltas de funcionarios públicos, el derecho de petición y la regulación para crear los observatorios ciudadanos.

De manera que el régimen jurídico actual del país nos provee disposiciones suficientes para colocarnos en una posición privilegiada de cara al Acuerdo Final del Principio 10 de la Declaración de Rio.