Roberto Claudio
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, encabezado por el presidente Danilo Medina, coordina tareas con los tres poderes del Estado para aplicar acciones que frenen el delito, a fin de mejorar la seguridad pública.
Como eje principal está el Congreso de la República en la formulación de leyes vinculantes que convergen en la conformación de un régimen de consecuencias para aplicar a los responsables de los hechos.
En el hilo conductor de ese propósito se inscriben la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la de la Reforma Policial, el Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad, 911, la Ley de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, y la Ley de Seguridad Privada, actualmente en discusión.
Uno de los congresistas que ha estado estrechamente vinculado con estos menesteres, es el diputado Elpidio Báez, actual vocero del Bloque de Diputados peledeístas y presidente de la Comisión de Interior y Policía.
En conversación con VANGUARDIA DEL PUEBLO DIGITAL, el legislador explicó que con la aprobación de esas leyes se crea la base normativa que busca modernizar y hacer más eficaz el rol del Estado de garantizar la protección ciudadana y la integridad del patrimonio de la población.
Y significó que la Ley 36, que rige el porte de armas de fuego, es obsoleta, tiene 50 años, y en medio siglo es mucho lo que ha cambiado la sociedad, por lo que hay muchos componentes novedosos en la nueva reglamentación, que establece normativas acordes con las necesidades de la época.
Algunas prácticas de instituciones públicas se aplicaban de forma administrativa, pero ahora, en la nueva Ley figuran las disposiciones que institucionalizan los procedimientos. “Y muchas de las nuevas disposiciones aplican para armas de uso civil y armas de uso militar”, dijo.
El diputado del PLD sostiene que “son muy útiles los dispositivos insertados en la nueva ley de armas porque, entre otras cosas, van a contribuir a frenar a todos aquellos que gustan disparar al aire e incurrir en otros tipos de travesuras similares”.
“Yo tuve la oportunidad de ver cómo una bala perdida cayó en la cama de una señora. El proyectil atravesó el zinc, también un plafón de cartón y cayó en la cama de la dama”, dijo Báez.
“En una investigación, ahora este proyectil se lleva al laboratorio, y se determina qué arma disparó, para conocer su propietario y establecer responsabilidades. De ahí la importancia de esa parte”.
Otro elemento que actualiza la nueva, es que anteriormente sólo se concedían permisos para porte y para tenencia de armas de fuego, así como la licencia para permitir las dos condiciones.
A partir de la promulgación de la nueva ley de armas, existen nueve categorías diferentes. Además de las ya mencionadas, “también tenemos licencias para coleccionistas, para deportes, para fabricación, para importación, para comercialización, y la oficial, para los funcionarios públicos”.
Desde el año 2005 se había prohibido la importación de armas, pero la nueva ley abre nueva vez las oportunidades de importarlas, además de conceder un plazo de un año (o gracia) para que todas aquellas personas que tengan alguna y deseen salir de ella, la entreguen voluntariamente a las autoridades, las que organizarán actividades periódicas de recepción.
El espíritu de la Ley es que haya menos armas en manos de ciudadanos, dijo Elpidio Báez: En la medida en que la población civil tiene más armas, en esa misma medida aumentan los incidentes de agresiones, homicidios, secuestros, robos, amenazas y otros delitos. “De manera que mientras menos armas, menos incidentes”.
La normativa aumenta las sanciones y reduce la circulación en manos de la población civil, endurece las sanciones por porte y tenencia ilegal, aumenta los requisitos exigibles a las personas que solicitan licencias, siempre con la idea de que haya menos armas en las calles, y desestimular el interés de la gente por tenerlas.
Los hacedores de las leyes estimaron que en las evaluaciones psicológicas de las personas para autorizarle el porte de un arma de fuego no se ha estado cumpliendo adecuadamente los prerrequisitos.
Por esa razón se han endurecido las exigencias para la expedición de tal certificación, al punto de que si se llegare a establecer la comisión de fraude en el documento, el profesional en cuestión podría hasta perder el exequátur para ejercer su carrera en el país.
Asimismo, las empresas que se dedican a importar y comercializar armas, estarán sometidas a un riguroso procedimiento, igual con las armas que con las municiones.
En la nueva Ley de Armas “se contempla que cuando una persona sea deportada de alguna nación donde se encuentre por estar vinculada a hechos de carácter penal, entonces no se le dará el permiso para el porte y tenencia de armas de fuego”.
Ello obligará a las autoridades relacionadas con el asunto, a mantener una base de datos donde puedan investigar a quienes sean repatriados.
Los polígonos de tiro han quedado incluidos en la ley, y aunque estos establecimientos tienen muchos años funcionando, no fueron regulados cuando se puso en vigencia la ley 36, que aparentemente consideró como mayor preocupación, la cantidad de armas que quedaron en manos de civiles, luego de la Revolución de Abril de 1965.
En los polígonos se realizan actividades de comercio de armas y municiones y otras labores hasta ahora no reguladas por ley, sino de manera administrativa.
Todas las leyes en que viene trabajando el Congreso en esa dirección, tienen el propósito de orientar la labor de las autoridades a la prevención, persecución y sanción de la conducta delictiva, y en todas ellas la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que preside Elpidio Báez, ha jugado un rol importante.
