La República Dominicana, junto a Belice, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, es integrante de la Comisión de Ambiente y Desarrollo (CCAD), a través de la cual la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) participa en la XXI Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP21) celebrada en París en noviembre pasado.
Esta entidad, con un marco legal muy bien definido y sustentado, representa el Órgano Ambiental del SICA, que tiene como objetivo fundamental: “Promover la integración ambiental de la región para el desarrollo económico y social de sus pueblos, articulando esfuerzos y potencializando los recursos disponibles”, a sabiendas de las vulnerabilidades en término climático, de ubicación geográfica por los temas de la sequía, las inundaciones, los huracanes y la ocurrencia de sismos, además del escaso desarrollo energético.
Los países de la región, en el contexto de la Conferencia Mundial de París bajo el auspicio de las Naciones Unidas, se embarcan a identificar los problemas para someter acciones comunes que propicien enfrentar conjuntamente las amenazas del cambio climático y el mejoramiento de las emisiones de gases de efecto invernadero como eje esencial, para frenar primero y luego disminuir, el aumento de la temperatura media global en un esfuerzo concentrado con los países desarrollados, pero, bajo el liderazgo de éstos.
Los países del SICA en reunión llevada a cabo en El Salvador, acordaron desarrollar estrategias para mantener la disminución de la temperatura global y al mismo tiempo promover que el tema de Pérdidas y Daños sea incluido en el Acuerdo al que arrivarían los estados miembros de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
textualmente Dicho consenso, se resume como sigue:
“Que la convención de París debe ser sustantivo, justo, legalmente vinculante y basado en la equidad y las responsabilidades históricas”
“Se reafirmó la necesidad y urgencia de que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos de provisión de financiamiento, desarrollo u transferencia de tecnología y construcción de capacidades a favor de los países en desarrollo, garantizando que estos recursos financieros sean nuevos, adicionales, predecibles, accesibles, adecuados y no condicionados de acuerdo a responsabilidades históricas”.
Concluyeron también en que “el acuerdo de París debe promover la transformación de patrones de producción y consumo a nivel global liderado por los países desarrollados, como elemento fundamental de la acción climática y de la promoción de un desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza, al tiempo de reafirmar el espacio de formulación de políticas públicas de nuestros países y la existencia de diferentes visiones, enfoques y modelos para alcanzar el desarrollo sostenible”.
También “debe tomar en cuenta la importancia de la seguridad alimentaria, así como de la adaptación a los efectos adversos del cambio climático que afectan la producción y distribución de alimentos, la agricultura, la ganadería y la pesca, de manera que estas actividades no se vean amenazadas. Asimismo, el acuerdo de París no debe generar barreras al comercio internacional de estos bienes.”
Sin embargo, observamos una fuerte debilidad en las negociaciones sugeridas. Se refiere a la inobservancia de los efectos del cambio climático en la seguridad vial y la no adhesión de la región al Decenio de Acción Mundial para tales fines, que promueve Naciones Unidas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) predice que para el 2025 la región Latinoamericana y el Caribe, de no acogerse al Plan de Acción para la Seguridad Vial Global, registrarían muertes al año en las carreteras ascendentes a 450 mil personas, comprendiendo que los factores de riesgo para los incidentes viales tienen un vinculo ineludible con el cambio climático.
