La educación representa uno de los pilares del sistema en la presente gestión gubernamental.
Producto de un pacto educativo, político y social coyuntural se aplico al sector el 4% del PIB en un esfuerzo sin precedente de toda la sociedad, hasta llegar a hablarse de tanda extendida y revolución educativa.
Con la aprobación reciente de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el gobierno se verá compelido a enfrentar nuevos desafíos, como es crear plazas necesarias para educación vial, un tema contemplado como de alta prioridad en el Artículo 271 del Capítulo VI.
Y es que si pretendemos producir una generación de nuevos usuarios de las vías de circulación a nivel nacional, se tendrán que aplicar políticas racionales acorde con los planteamientos y el espíritu de la iniciativa recién promulgada.
Educación vial integrada al sistema educativo nacional desde los cursos iniciales hasta el bachillerato conlleva inversiones fuertes en capacitación, materiales, equipos, tecnologías, programas, textos e infraestructuras. También en talleres y seminarios en forma permanente y sistemática.
La capacitación de recursos humanos no será tarea fácil teniendo en cuenta que los actuales profesores son parte del problema de la inseguridad vial por no respetar las normativas existentes al igual que los ciudadanos, en sentido general.
Sin embargo, otro tema interesante que se desprende es la creación de nuevas plazas de empleo para este cuerpo de maestros especializados en educación vial, ya que presumimos no se estará pensando utilizar el personal docente comprometido en otras materias.
Una pregunta que surge en estas circunstancias es ¿Cuántos, en términos monetarios, le costará al país iniciar este proceso?
La respuesta a esta interrogante constituye una materia pendiente, en la que no cabe la improvisación, sino inversiones planificadas, justas y equitativas.
