La viabilidad y pertenencia de la aplicación del voto preferencial siempre ha sido objeto de crítica por parte de los partidos políticos sobre todo por considerar que tiene más desventajadas que ventajas.
Entre los aspectos que se le critican figuran que debilitan las instituciones partidarias porque crean liderazgos personalistas y genera “canibalismo” a lo interno de los partidos porque la competencia es entre candidatos de una misma organización política. Igualmente, el dinero se impone porque quien cuenta con más recursos para la campaña tiene mayor ventaja sobre quienes tienen menos recursos económicos. Igualmente, el voto preferencial es perjudicial para la elección de mujeres a cargos electivos en base a la cuota femenina.
El voto preferencial se instituyó por primera vez en las elecciones 2002 mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE) mediante la Resolución 5/2001. Luego, en el 2010, la propia JCE consciente de las distorsiones que introduce ese sistema de votación eliminó el voto preferencial con la resolución 74/2010. Los legisladores en contra de las autoridades de los partidos y la opinión de los árbitros electorales aprobaron la ley 57/13, en el 2013, que instituye el voto preferencial para diputados y la ampliaron hasta los regidores y vocales de distritos electorales.
Los partidos políticos han vuelto a expresar su preocupación sobre lo desfavorable que resulta del voto preferencial. El miembro del Comité Político y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Almeyda, cuestionó en un artículo publicado en Vanguardiadelpueblo.do la viabilidad de aplicar ese mandato para el 2020.
“¿Tiene la JCE capacidad tecnológica para administrar esa locura?
¿Tiene el sistema electoral y partidario como evitar que se financien candidatos con recursos ilegítimos e ilegales? Si el voto preferencial favorece el uso del dinero ¿es democrático y de igualdad de oportunidades?”, se cuestiona Almeyda en su escrito.
Pero al dirigente del PLD no es el único que está preocupado por el tema. Recientemente un grupo de 22 organizaciones agrupadas en la Federación Permanente de partidos Políticos de la República Dominicana, pidió que en el marco de la discusión de la ley de partidos y agrupaciones políticas y la reforma a la Ley Electoral se elimine el voto preferencial en todos los niveles y específicamente para los regidores.
Pero además las autoridades de la JCE ya dieron la voz de alarma de las dificultades que tendría ese organismo para el montaje de una elección de esa naturaleza que implicaría la elección de más de 4 mil regidores con el voto preferencial.
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE llamó a los partidos a reflexionar sobre la viabilidad de esa medida debido a las complejidades que implica para las elecciones municipales previstas por la Constitución para el tercer domingo de febrero del 2020. Dijo que mediante esa modalidad habría que elaborar un mínimo 402 boletas para la elección de las autoridades de 158 municipios y 274 distritos municipales.
De su lado, el miembro titular de la JCE, Henry Mejía, también ha externado su preocupación sobre ese tema. “Eso va a ocasionar muchas dificultades y los partidos políticos tendrán que agenciarse muchas cosas para que esto funcione y principalmente la Junta Central Electoral”, declaró. Agregó que esa modalidad “hay que analizarla y los partidos tendrán que hacer ejercicio de cómo aplicarán eso”.
Sin duda, que ante tanta preocupación el voto preferencial debe ser un tema a discutir en el marco de las reformas políticas y electorales pendientes.
