No existe ninguna duda de que la Ley General de Migración, No. 285-04, del 15 de agosto de 2004 constituye la pieza jurídica mas controvercial de los últimos 20 años en la República Dominicana por cuanto afecta el orden de la soberanía defendida a capa y espada por la mayoría de los dominicanos.
Regular la migración extranjera hacia nuestro territorio, en especial de la población ilegal haitiana, no menos cierto ha resultado ser un grave problema, hasta con implicaciones de seguridad vial.
El flujo descontrolado por diferentes puntos de la frontera, es tambien un asunto serio en el marco de la ley 63-17 que trata sobre el desplazamiento humano en la red terrestre de nuestro territorio.
La manera desconsiderada e irresponsable con que se transportan a los itinerantes procedentes de la vecina nación en busca de mejor suerte y atenciones medicas se traduce en un peligro para la sociedad, en especial para los usuarios de las vías.
En el 2016, el sub-registro del Departamento de Estadística de la AMET, reveló que el número de víctimas haitianas por incidentes de tránsito alcanzó un total de 501 en 323 percances. Aunque estas cifras son definitivamente no confiables.
Recientemente se dio a conocer cómo se movilizan hacia las principales ciudades y los mas reconditos lugares para permanecer en tierra dominicana con imágenes peligrosamente reveladoras.
Es común encontrar grupos en las esquinas concurridas de las grandes ciudades, ejerciendo de venduteros, pedigüeños u ofreciendo los servicios más diversos a los conductores, a veces con riesgo de sus vidas, al igual que los buhoneros y los llamados “limpiavidrios”.
