Mantener en prisión preventiva a dos y conceder la libertad condicional a los demás encartados en el caso Odebrecht , violenta claramente el principio de igualdad entre las partes, coincidieron abogados expertos en Derecho Penal consultados.
Los jurisconsultos observan que dejar a unos presos, mientras se libera a los otros, contraría el Principio de Igualdad de las personas ante la ley.
En tal sentido, se pronunció el ex fiscal adjunto, John Garrido, quien resalta que la misma sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en función de Corte de Apelación, consigna los arraigos que poseen cada uno de los procesados para avalar su libertad.
Garrido apunta que, igualmente, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte reconoce que nunca se ha establecido el peligro de fuga de los encartados.
“Sobre esa base, tanto Víctor Díaz Rúa como Angel Rondón debieron ser puestos en libertad mediante la variación de otra coerción, tal y como se les aplicó a los demás dejados en libertad, ya que al no abarcarles queda claro que no se les dio igual trato”, manifestó.
No obstante, Garrido considera que el caso Odebrecht es conducido por el Ministerio Público conforme a la fase preparatoria que establece el Código Procesal Penal, y en tal sentido, investiga y recolecta pruebas con miras a la presentación de la acusación en juicio de fondo.
Asimismo, indica que si el caso se cae por insuficiencia de pruebas la causa deberá ser archivada.
De su lado, el penalista y experto en Derecho Financiero y Administrativo, Blas Minaya, sostiene que el voto disidente de la magistrada Mirian Germán, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte, enaltece el principio fundamental de la imparcialidad de la Justicia.
Minaya subraya que la posición de German, quien favorece la libertad condicional de todos los encartados, recoge la esencia doctrinaria de la aplicación imparcial de Justicia en un Estado democrático, donde impere el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad humana.
“Cuando existen medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva, con la garantía de presencia de los encartados en todas las etapas del proceso, y está claro que no hay peligro de fuga, ya que todos cuentan con arraigo suficiente, debió ordenarse la libertad de todos los justiciables”, expresó.
Insistió que los todos los procesados merecen permanecer en libertad hasta tanto se produzca un auto de no ha lugar o una sentencia absolutoria, que considera es el desenlace inminente en el caso Odebrecht.
Minaya coincide con la jueza Germán respecto a que ese expediente carece de sustancia y es débil y vacío, y que sus imputaciones son imprecisas y no están fundamentadas en pruebas fehacientes ni irrefutables.
“Los presupuestos de pruebas aportados hasta ahora no pueden servir de elementos para justificar una sanción penal, ya que los jueces no pueden fallar por temor ni favor”, significó Minaya.
Igualmente, Blas Minaya advierte que bajo el principio de territoriedad de las leyes, el Poder Judicial Dominicano no debe dejarse llevar de la influencia internacional para irrespetar nuestro orden jurídico, y mucho menos para atropellar los derechos de ciudadanos sometidos a un proceso de investigación.
Apunta que esa investigación está prácticamente en fase inicial y por tanto, ni siquiera existe una acusación formal contra los imputados, por lo que sus derechos y dignidad deben ser preservados.
El penalista Blas Minaya entiende no obstante, que hasta el momento se respeta el debido proceso en el caso Odebrecht, tal como establece la constitucionalidad de nuestro Estado.
Sin embargo, el jurisconsulto indica que en este proceso no hay una tutela judicial efectiva, lo que se verifica porque a pesar de la debilidad del expediente y su carencia de fundamentos, los tribunales no han sido garantistas, ya que debieron ordenar la libertad de todos los imputados.
Minaya tiene la convicción de que a posteriori, el Ministerio Público accederá a otorgar una compensación a los encartados, en vista de los daños ocasionados por someterles a un proceso carente de fundamento, alegre y temerario.
El abogado penalista y experto en Derecho Mercantil, Gerardo Rivas, pondera que con la puesta en libertad de todos los encartados, los fiscales tendrían la oportunidad de investigar a fondo el caso Odebrecht con mucho mayor campo de acción y libertad.
Rivas apunta que con todos o una parte de los encartados bajo prisión, los representantes del Ministerio Público se mantienen bajo una constante presión desde diversos sectores, que de una forma u otra interfiere con la productividad de sus investigaciones.
De esta manera, el también profesor universitario asegura que lo mas conveniente para el proceso es que las investigaciones se desarrollen sin que ninguno de los encartados permanezca en prisión.
Gerardo Rivas concuerda en que las motivaciones de la jueza Mirian German eran necesarias para avalar su voto disidente.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia decidió variar las medidas de coerción que había dictado en junio pasado el magistrado Francisco Ortega Polanco, y dejó bajo prisión solo a los imputados, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y dictó libertad y nuevas disposiciones para el resto de los prevenidos.
Se entiende que imponer medidas de coerción diferenciadas y que contravienen las normativas vigentes en la práctica significa actuar con prejuicio y consecuentemente anticipar condena si siquiera haber salido de la fase de instrucción y mucho menos llegar a conocer el fondo de proceso.
