Legisladores, ministros, empresarios y representativos de toda la población reclaman de las autoridades adoptar medidas urgentes, precisas y definitivas frente a la empresa Lajun Corporation, cuyo comportamiento ha desatado una grave crisis en el vertedero de Duquesa, poniendo en peligro la salud de los residentes del gran Santo Domingo.
Las expresiones de vergonzoso, inaudito e incomprensible, entre muchos otros calificativos de legisladores de todos los partidos representados en el Congreso Nacional, se complementan con el envío de dos informes al Procurador General de la República explicando irregularidades, que hasta ahora no han motorizado la acción del funcionario judicial Jean Aláin Rodríguez, ni la solidaridad de quienes levantan banderas pretendidamente contra la corrupción y la impunidad.
Ante el giro que han tomado las cosas, los ministros de Medioambiente y de Salud Pública, amparados en la Constitución y las leyes de la República han declarado en “Emergencia Ambiental” el vertedero de Duquesa, además de reforzar su militarización con miembros de cuerpos especializados.
En un documento emitido este fin de semana y firmado por los ministros Francisco Domínguez Brito y Altagracia Guzmán Marcelino se explica que en virtud de la Ley 64-00 (sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales) así como las 42-01 y 247-12, se resuelve la declaratoria especial ante la situación que pone en peligro la salud de los residentes en Santo Domingo Norte, Este, Oeste, el Distrito Nacional y otros municipios.
Las autoridades de salubridad reiteradamente han advertido el peligro a que se expone a la población al decidirse la descarga restringida de los camiones compactadores de basura mediante la limitación en el horario de operación, e impedir la entrada de los vehículos de determinados ayuntamientos.
La actitud de la compañía privada también llevó al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a proclamar que el Vertedero de Duquesa permanecerá abierto “a las buenas o a las malas” para el depósito de los residuos sólidos del Gran Santo Domingo.
Aunque en los primeros días de la semana pasada se sintió la restricción en la recepción de los desechos sólidos, debido a que fue acortado el horario de trabajo, las autoridades reforzaron la militarización del lugar, y aseguraron que “Duquesa tendrá que seguir recibiendo la basura para evitar que se afecte la salud de la población”, por las buenas o por las malas.
Luego de la advertencia de Lajún, que significó una reedición de la ultima crisis de insalubridad que amenazó a las comunidades capitaleñas, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, informó en rueda de prensa que solicitará autorización para iniciar una investigación a profundidad sobre lo que pasa en Duquesa.
Asimismo consideró como “una vergüenza para las autoridades”, que Lajún esté haciendo todo lo que le place y cuando le place, a pesar de la remisión de dos informes al procurador general de la República, donde demuestra que esa empresa ha mentido al decir que tiene un contrato aprobado por el organismo legislativo, lo que es “completamente falso, y razón suficiente para ser intervenida por las autoridades”
El congresista Francisco Matos y otros colegas de la Comisión de Medio Ambiente, emplazaron a la Procuraduría a tomar medidas urgentes en torno a la situación legal de Lajún, porque los terrenos que ocupa son propiedad del Estado dominicano, y no se debe permitir que siga cometiendo desafueros en perjuicio de la comunidad. Todos los miembros de la Comisión igualmente se pronunciaron en el sentido de que los ejecutivos de la empresa manejadora de Duquesa deberían estar presos.
Juan Armando Cedano, abogado del Estado; Gedeón Bautista y Laura Guerrero Pelliester, informaron estar investigando lo relativo a la propiedad de los terrenos ocupados por Lajún, para establecer responsabilidades.
“Estamos haciendo nuestras propias indagatorias para determinar la existencia o no de indicios de responsabilidad penal, en el caso de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa, y que involucra a la compañía Lajún Corporation”, dice un documento de los funcionarios judiciales.
De su lado, ministro de Medioambiente reveló que las autoridades tienen el propósito de constituir una organización no gubernamental que se ocupe de la administración, porque más temprano que tarde será rescindido el contrato, y los terrenos del Vertedero de Duquesa son del Estado.
Significó asimismo que ya se iniciaron los aprestos para la conformación de un Patronato que se ocupará de manejar todo lo relativo a las operaciones del establecimiento.
Refirió que tiene la responsabilidad de hacer lo humanamente posible para que no se repita una crisis sanitaria por el tema del incumplimiento con el compromiso de convertir a Duquesa en un verdadero relleno sanitario con todos los estándares internacionales.
A periodistas que procuraron su parecer sobre la situación, el funcionario dijo que con Lajún no habrá negociación mientras pongan en juego la salud de la población obstaculizando el recogido y destino final de los desechos sólidos.
“Esa es la responsabilidad que le da la Ley, y las responsabilidades que tenemos la vamos a cumplir, y las atribuciones que tenemos y las vamos a cumplir plenamente”.
El alcalde René Polanco, del municipio donde funciona el vertedero, ha emplazado legalmente a la empresa Lajún Corporation a cumplir, en un término de 30 días, todos los compromisos que asumió en el contrato firmado con el ayuntamiento Santo Domingo Norte, y en caso contrario el contrato quedará rescindido inmediatamente.
El síndico municipal de SDN insiste en que debe rescindirse en contrato en cuestión, porque en diez años de vigencia, la compañía no ha cumplido una sola cláusula. “De manera que ya no va cumplir nada”.
La reacción de los empresarios ante los requerimientos de las autoridades para preservar la salud de la gente, no ha pasado de reiterar su interés por lograr acuerdos que les garanticen un aumento de sus ganancias por recibir la basura, pese a que no han ejecutado ninguna de las instalaciones que se comprometieron a realizar en el vertedero para garantizar su inocuidad.
