Opinión

Cuando concluya esta semana, faltarán 9 días para vencerse el plazo dado por la Alcaldía de Santo Domingo Norte a la empresa Lajún Corporation para el cumplimiento de los compromisos asumidos cuando contractualmente se le concediera la administración del Vertedero de Duquesa.

A 10 años de la firma del contrato, esa firma no ha cumplido “ni uno”, de los 20 acápites que tiene el convenio, según lo ha declarado el alcalde René Polanco, quien lleva un año al frente del Ayuntamiento del municipio, cuyos residentes reclaman a gritos que Lajún sea extrañada de la comunidad.

Y no es para menos, porque su presencia a ha generado uno de los peores males que afectan la comarca: la contaminación del medioambiente que provoca el mal manejo de los desechos sólidos depositados allí por los ayuntamientos del distrito Nacional y los demás municipios de la provincia Santo Domingo.

Según el contrato, Lajún debió construir un relleno sanitario, una planta de tratamiento de los lixiviados, una verja perimetral, un sistema de tubería para canalizar los gases tóxicos, ya convertidos en una bomba de tiempo, y entre otros, habilitar plantas para reciclar la basura a fin de obtener subproductos como el cartón y hasta propiciar la producción de energía eléctrica.

Sin embargo, como no cumple los estándares internacionales que se requieren en empresas de esta naturaleza, lo único que hace es amontonar basura sobre basura, a cielo abierto, y de ahí el emplazamiento para que cumpla sus compromiso o se rescinde el contrato. El Plazo termina el día próximo 19 de agosto.

Entre tanto, el Ministerio de Salud Pública y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales han establecido los reales peligros de salubridad y contaminación que existen en Duquesa por el mal manejo de los desechos sólidos.

Más aún, Medioambiente ha debido militarizar el vertedero, para anular las medidas dispuestas por Lajún, de impedir la entrada a los camiones pertenecientes a determinados ayuntamientos, que se niegan a pagar un aumento de tarifa exigido por la administradora del reservorio.

La Constitución y las leyes de la República facultan al Ministerio de Medioambiente adoptar las medidas correspondientes en el caso que nos ocupa, razón por la cual ha decidido crear un Patronato de Administración del Vertedero de carácter público privado, pero sin Lajún, que se niega a pagar más de 16 millones de pesos en multas por la violaciones de diversas normativas del organismo.

Como si todo esto fuera poco, la empresa también tiene perdidos sus alegatos de propiedad sobre los terrenos en que funciona el vertedero; con el agravante de que a la luz de lo dicho por legisladores, el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otros funcionarios, Lajún también puede ser acusada de falsedad en escritura pública.

“Los dueños de Lajún deberían estar presos”, dijo el diputado Francisco Matos, quien preside la Comisión de Medio Ambiente del organismo cameral a que pertenece.

La empresa alega que la Cámara de Diputados aprobó un contrato de venta de los terrenos que ocupa, pero esa versión ha sido desmentida más de una vez, insistió el congresista, quien ha emplazado al procurador general de la República a actuar en consecuencia con los informes que le ha enviado en ese sentido. La Procuraduría dice que está haciendo sus propias investigaciones sobre el caso.

El desarrollo de los acontecimientos, caracterizado por las investigaciones del CEA, de la Cámara de Diputados y de la Dirección de Catastro Nacional, señala a Lajún con la soga al cuello, mientras los próximos días se vislumbran cruciales para definir su situación.

El alcalde de Santo Domingo Norte y los residentes de la demarcación quieren que Lajún sea excluida del lugar, y por eso el Concejo de Regidores del Ayuntamiento ha venido respaldando con resoluciones puntuales, todas las medidas adoptadas por René Polanco, para resolver el problema del vertedero de Duquesa.-