Hablan los hechos

Acceso al mar: Un auténtico lamento boliviano

Existen numerosos recursos naturales con los que una nación puede contar, algunos de los cuales varían dependiendo de sus características geográficas y la proyección que puedan lograr de sus fronteras. Uno de estos recursos sin lugar a dudas lo representa el acceso al mar, un privilegio que suele pasar desapercibido para quienes la vida isleña nos resulta familiar, pero también puede convertirse en un derecho negado para quienes la historia no ha podido reivindicar.

Siendo un ejemplo de esto último, Bolivia recibió el pasado lunes un duro golpe a sus aspiraciones de ampliar sus fronteras, cuando un fallo de la Corte Internacional de Justicia consideró improcedentes los reclamos vertidos por el ejecutivo boliviano, para obligar a Chile a negociar una salida al mar. El fallo que había sido esperado con ansias por el propio presidente Evo Morales, quien se apersonó a La Haya, contó con el voto casi unánime de los magistrados (12 contra 3), dando por terminado un proceso legal que se extendió por casi 7 años.

Sucede que para el 2013, el gobierno de Morales puso en marcha una demanda contra Chile (país con el cual no posee relaciones diplomáticas desde el 1978, pero con el cual mantiene un comercio bilateral de unos US$1,277 millones de dólares anuales) en procura de negociar en buenos términos una salida de Bolivia al Pacífico. Parte de los argumentos bolivianos descansan en el aspecto económico, ya que según el gobierno, el 75% de su comercio marítimo utiliza instalaciones chilenas, generando una dependencia casi absoluta de la voluntad de Chile, además de que le resta un potencial 3% de su PIB que se traduciría en casi US$1,000 millones.

No obstante, el principal interés de Bolivia es la reivindicación histórica, partiendo de lo que considera la negación de un derecho “soberano” a tener acceso a las costas, lo cual incluso está plasmado en la Constitución. El hecho es que hubo un tiempo en que esta nación suramericana contó con fronteras marinas, en especial desde su independencia en 1825 hasta el inicio del siglo XX.

El origen del actual conflicto sería, sin embargo, la llamada “Guerra del Pacífico”, que enfrentó durante cinco años (1879-1884) a Chile y Bolivia, como consecuencia de que el entonces gobierno boliviano quiso aumentar el gravamen a las exportaciones chilenas de salitre, que se realizaban a través de las antiguas costas de Bolivia. Como respuesta a lo que consideraban una violación a acuerdos comerciales previos, el gobierno chileno decidió invadir toda la zona que comprende el desierto de Atacama.

El conflicto, que incluyó a Perú como aliado de Bolivia, representó una victoria para Chile y despojó al Estado Boliviano de más de 120,000 km2, incluyendo medio millar de kilómetros de costas, lo que cerraría para siempre su acceso al mar. De hecho, esas nuevas delimitaciones fronterizas a favor de Chile serían ratificadas en un tratado de paz, al cual arribaron ambas naciones en 1904.

Cabe destacar que en aquel documento se consideraron ciertas facilidades a Bolivia, como lo fue el derecho a transito comercial (libre de impuestos) a través del nuevo territorio chileno, así como el uso del puerto de Arica y Antofagasta. Además, se estableció en aquel documento que Bolivia tiene derecho a apostar sus propias autoridades aduanales en dichos puertos.

Lo anterior haría a muchos pensar en el hecho de que, pese a la perdida de territorio en tiempos de guerra (consecuencia natural de conflictos interestatales que se ha reproducido a lo largo de la historia), las conclusiones del acuerdo son bastantes benevolentes con el Estado boliviano. No obstante, las autoridades en La Paz no lo ven del todo justo y han exigido la creación de un paso de unos 10 kilómetros de ancho, que proyecte la frontera suroeste de Bolivia hacia el océano, pero Chile se ha opuesto con especial determinación.

Para instrumentar su demanda, el gobierno de Evo Morales hizo referencia a distintos documentos históricos que involucran a ambas naciones, pero que no fueron admitidos por la Corte como pruebas determinantes, que generaran compromiso u obligación jurídica hacia Chile para ceder el territorio reclamado por Bolivia. Como era de esperar, la decisión del máximo tribunal de Justicia Internacional generó sentimientos encontrados y respuestas que contrastan dependiendo el bando, pero lo cierto es que todo parece indicar que el gobierno boliviano no planea resignarse a su realidad.

Considerando la imposibilidad de apelar al fallo del tribunal de La Haya, muchos se preguntan qué opciones le quedan al ejecutivo de Morales fuera de Chile, tomando en cuenta que pueden seguir haciendo uso habitual de las facilidades comerciales y portuarias que tradicionalmente les ofrece el vecino país a pesar de sus diferencias. Lo cierto es que tienen varias opciones, algunas de las cuales están vigentes desde décadas atrás.

Comenzando con Paraguay, esta nación suramericana ha ofrecido a Bolivia un acceso al Océano Atlántico desde el 1937, haciendo uso un puerto común (Puerto Busch) que da paso a ríos que desembocan en el referido océano. Sin embargo, su uso ha sido prácticamente inexistente.

A Paraguay se le sumarían Uruguay, Brasil y Argentina, naciones que también pusieron a disposición sus puertos, estableciendo zonas libres de aranceles para el comercio boliviano. Los tres Estados han referido que el gobierno de La Paz no ha hecho uso de esas facilidades.

Por si fuera poco también está el caso de Perú, nación aliada a Bolivia durante la Guerra del Pacífico, con la cual se firmó un acuerdo que creó un corredor de 5 kilómetros con acceso al puerto de ilo a favor de Bolivia.

Esta zona, que queda al sur de Perú fue cedida por 99 años, para uso turístico, puerto y fábricas, reduciendo así la dependencia boliviana de los puertos chilenos, pero tampoco ha sido aprovechado.

Analizado esto, quizás el lector concluya que existe cierta obstinación del actual mandatario para con las reivindicaciones exigidas a Chile. De hecho, tanto el gobierno de Sebastián Piñera, como parte de la clase política chilena ve las exigencias de Evo Morales como un intento de alimentar su ego personalista y sacar capital político.

Es difícil plantear escenarios donde un país ceda voluntariamente sus conquistas en tiempos de guerra, así como no podemos regatearle a un pueblo el derecho de reclamar lo que considera es de su interés nacional.

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