Editorial

El respaldo ofrecido al gobierno en la decisión de no firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), avalan lo correcto de la medida.

Aunque se precisaba que no era “vinculante” el pacto tiene consigo obligaciones que en el caso dominicano, podrían ser calamitosas.

En la lectura del documento en el que se fijó la posición oficial se admite que el pacto tiene disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, aunque también plantea aspectos que son contrarios al interés nacional.

El tratado genera compromisos al Estado dominicano que afectaría su capacidad para hacer valer disposiciones sobre migración, que como se sabe son soberanas y aplicar las políticas migratorias que devienen de sentencias de nuestros altos tribunales y de leyes que han salido de nuestro Congreso.

Se deduce de la lectura del texto compromisos que pondrían cargas económicas al Estado dominicano que desbordarían nuestros recursos.

De acoger el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, Republica Dominicana estaría limitada para responder a situaciones que podrían presentarse en nuestra frontera terrestre, conociéndose las dificultades en los procesos políticos de nuestros vecinos del lado Oeste de la isla.

Al dar a conocer la posición ante el pacto se explicó que el presidente Danilo Medina tomó en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el interés nacional a la luz de las condiciones particulares del país.

Reiteró su compromiso con una política de respeto a los derechos humanos en relación a las personas que emigran hacia nuestro país, aunque sin renunciar a la potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus fronteras.

La posición asumida era la reclamada y la única posible dentro de las circunstancias propias y exclusiva de un Estado, que comparte territorio con un país con desigualdades y contradicciones que vienen de lejos.

El respaldo ofrecido por la amplia mayoría a la postura gubernamental, permiten concluir que se ha hecho una correcta interpretación del sentir del pueblo dominicano.

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