Un juez dictaminó hoy que el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, ingresado en una clínica privada, cumpla prisión preventiva hasta por 36 meses, mientras es investigado por posible corrupción.
La medida fue aprobada por el juez Jorge Chávez, horas después de ser cremados los restos del expresidente Alan García, quien se suicidó con un disparo en la cabeza para evitar que un fiscal anticorrupción lo detenga.
Chávez aceptó la posición del fiscal José Pérez, de que, según un informe de medicina legal, Kuczynski no se encuentra grave y solo necesita control médico, tras ser ingresado el miércoles último en una clínica privada por alteraciones de la presión, por las que se encuentra bajo cuidados intensivos.
El abogado del exmandatario, César Nakazaki, anunció que apelará contra la decisión y criticó al juez por no considerar que Kuczynski tiene 81 años y por su edad avanzada debe cumplir la prisión preventiva en su domicilio.
Nakazaki lamentó también que el juez no haya tenido en cuenta lo sucedido por el también exgobernante Alan García, cuyo deceso ha motivado reclamos de sus seguidores y sectores afines, a cuestionar la drasticidad de fiscales y jueces anticorrupción.
Kuczynski permanecerá en la clínica hasta que sea dado de alta y después será internado en la misma cárcel levantada en una unidad policial del este de Lima, en la que cumple una larga condena por crímenes de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori.
El juez Chávez se negó a aplicar la prisión preventiva a Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola, secretaria y chofer del exmandatario, con quien fueron detenidos el 11de abril por diez días, pero fueron liberados el pasado lunes bajo condición de permanecer en Lima y presentarse a citaciones de la fiscalía.
En el caso de Kuczynki, el juez aceptó el argumento de la fiscalía de que estando en libertad podía obstaculizar las pesquisas y hasta fugar, lo que descarta su abogado.
Kuczynski es investigado por negocios indebidos por cerca de cinco millones de dólares por consultorías ofrecidas a la empresa brasileña Odebrecht, sobre obras públicas en las que tenía influencia como ministro, bajo el gobierno del neoliberal Alejandro Toledo (2001-06), actualmente prófugo en Estados Unidos.
Los parlamentarios Carlos Bruce, Juan Sheput y Gilbert Violeta, criticaron duramente la decisión judicial, y Violeta agregó que la prisión preventiva dictada contra Kuczynski equivale a una condena de muerte.
