Los gobiernos Europeos manifestaron su desacuerdo sobre la necesidad o no de regular las redes sociales para atajar la desinformación, durante un debate realizado hoy en el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Comisión Europea (CE).
Los 28 analizaron cómo combatir la desinformación, flagelo que afecta directamente al bloque regional y que se disparó a raíz de las presentes elecciones para el Parlamento comunitario.
La CE se dio hasta finales de año para evaluar si los compromisos voluntarios asumidos por Facebook, Google y Twitter, para combatir la desinformación y garantizar la integridad de las elecciones europeas, dieron resultados suficientes o hay que tomar más medidas, incluidas de carácter normativo.
«Francia es favorable a que la reflexión se profundice para determinar una regulación europea adaptada» a las plataformas digitales, dijo en la reunión su embajador adjunto ante la Unión Europea (UE), Fabrice Dubreuil.
París ya aprobó en 2018 una ley nacional para combatir la desinformación en periodo electoral y más allá, explicó Dubreuil, quien recordó que esta «no conoce fronteras y por tanto hay que actuar a nivel de la UE».
El embajador permanente adjunto de España ante el bloque regional, Juan Arístegui, reiteró que la autorregulación de las plataformas digitales «resulta insuficiente» y defendió la posibilidad de elaborar una normativa europea.
Abogó por plataformas «supervisadas por los poderes públicos» que establezcan «obligaciones» y, si fuera necesario, «plantearse la elaboración de normativas en la materia».
Por su parte, el ministro de Cultura y Medios austriaco, Gernot Blumel, señaló que «las plataformas online deben tratarse como medios, no como actores neutrales como frecuentemente se presentan»
La ministra de Cultura adjunta de Alemania, Monika Grütters, no descartó la posibilidad de «valorar» la regulación, tras subrayar que «los operadores de redes tienen que asumir responsabilidad sobre lo que divulgan».
El Gobierno británico recordó que, en virtud de su nuevo marco normativo, «las plataformas se van a prohibir si no actúan de manera proporcional para limitar que se divulgue información errónea».
Londres apeló a la cooperación internacional para atajar el problema, que «no puede ser abordado por un solo Gobierno», por lo que «seguiremos trabajando con los socios de la UE».
Italia, Finlandia y Dinamarca se posicionaron en contra de regular, mientras República Checa rechazó «revisar» el marco normativo y Portugal defendió los pasos dados por las redes sociales, por lo que pidió no adoptar «medidas que afecten la libertad de expresión».
Roma alegó que «la solución legislativa no es quizá la mejor cura» y que su país ya cuenta con una legislación nacional que permite «sancionar a quien calumnie».
Mientras, Dinamarca también consideró que revisar la normativa no es «la forma más adecuada de proceder» y votó por «un enfoque más blando», centrado en la promoción de la calidad del periodismo y la alfabetización digital.
En octubre de 2018, Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron a través de un Código de Conducta voluntario a garantizar, por ejemplo, la transparencia sobre la publicidad política, incluida la posibilidad de hacer pública la identidad de los patrocinadores y la cantidad abonada por los anuncios.
También aceptaron establecer políticas claras para detectar la identidad y el abuso en sus servicios de usuarios fantasmas ※conocidos como bots※ e invertir en medios tecnológicos para priorizar, autentificar y autorizar informaciones en motores de búsquedas o canales de distribución automatizada para bloquear las cuentas falsas.
La CE destacó los avances de estas plataformas para «controlar» la publicidad política y atajar cuentas falsas, pero criticó que Google y Twitter no han tomado medidas para identificar y exponer los anuncios que persiguen cambiar una opinión o comportamiento y no han aclarado cómo contribuyen sus acciones a reducir la desinformación en la UE. ( Mario Munoz Lozano de Prensa Latina)
