El Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE) lamentó el retroceso de derechos y libertades en Ecuador, luego de que el gobierno resolviera cerrar este centro creado por el expresidente Rafael Correa.
En un comunicado difundido por las redes sociales, la institución condenó esa penalidad arbitraria que busca «silenciar el pensamiento diferente» y con la que buscan también la cancelación de su cuenta oficial en Twitter.
El instituto ha cumplido y respetado todas las disposiciones del ordenamiento jurídico, tributario y su actuación ha sido siempre apegada al derecho, señala el texto, en referencia a la acusación gubernamental de supuesta infracción de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a Organizaciones Sociales.
Rechazamos la sanción arbitraria y desproporcionada impuesta sobre el instituto, que busca disolverlo sin más excusa que una demora administrativa que, por cierto, ya fue subsanada, agrega el documento.
El IPPE instó, además, a frenar estos atentados contra la libertad de expresión y pensamiento.
Manifestamos nuestra profunda preocupación sobre la reiteración de este tipo de hechos, que se vienen configurando en una norma en Ecuador, y dan cuenta de lo mucho que estaríamos retrocediendo en términos de libertades y derechos, concluye.
A principios de marzo, el IPPE experimentó un intento de desprestigio por parte del ejecutivo, que lo acusó de usar fondos para desestabilizar al gobierno dirigido por el presidente, Lenín Moreno.
En reiteradas ocasiones, Correa denunció el atropello contra este centro creado en 2017 para ofrecer conferencias y aportar ideas alternativas de desarrollo económico, socio-político y cultural, dentro y fuera de Ecuador.
De acuerdo con el exmandatario, se trata también de otra muestra de la persecución política y judicial contra su persona.
