La justicia española absolvió hoy por falta de pruebas al Partido Popular (PP) de los delitos que se le imputaban por la destrucción de unos discos duros relacionados con una supuesta trama de corrupción.
Un tribunal de Madrid eximió al PP -procesado como persona jurídica- por un presunto delito de daños informáticos, así como a tres de sus empleados por este mismo cargo y también por el de encubrimiento.
Ellos son la extesorera Carmen Navarro, el antiguo responsable jurídico Alberto Durán y el informático de la formación derechista José Manuel Moreno. El elemento central del caso eran los discos duros de los ordenadores utilizados por Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1988 y 2009, y depositario de abundante información sobre la contabilidad opaca de la formación política.
El otrora pagador era en ese momento el protagonista de las investigaciones judiciales sobre una hipotética contabilidad paralela del PP durante dos décadas, y que en mayo de 2018 quedó acreditada por una sentencia judicial.
Actualmente en prisión condenado por corrupción, Bárcenas era una de las piezas clave del denominado caso Gürtel, cuya sentencia eventualmente desencadenó la moción de censura que acabó con el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, en junio de 2018.
Según argumentaban las acusaciones populares, los imputados borraron, rayaron y rompieron las unidades de almacenamiento del extesorero porque contenían, según afirmó él mismo, pruebas de la financiación ilegal de la agrupación conservadora.
Sin embargo, para la justicia no quedó acreditado en el juicio oral que el objetivo fuera ocultar información comprometedora, ni «que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en el que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro».
La corte madrileña siguió así a la fiscalía, que había pedido la absolución en esta causa promovida por una asociación de abogados y el partido Izquierda Unida.
En su auto, el magistrado Eduardo Muñoz consideró que en el juicio no quedó acreditado que los acusados, en el momento del borrado y destrucción de los discos, en enero de 2013, tuvieran la intención de eliminarlos para impedir o dificultar las investigaciones judiciales en curso.
Con esta resolución, el juez pone punto y aparte a una causa que se prolonga desde 2013 y que, por primera vez en España, sentó en el banquillo a un partido como responsable penal, aunque el PP ya fue condenado por la Gürtel como partícipe a título lucrativo.
La sentencia de la Gürtel -sobornos a cargos públicos del PP para que concedieran contratos a empresas «amigas»- se tradujo en mayo de 2018 en una pena de 33 años de prisión para Bárcenas y una multa de más de 245 mil euros al PP como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta.
