Hablan los hechos

Perú: Una olla de presión política.

Como si no fuera suficiente con el estallido de un escándalo de corrupción internacional, que a la fecha se ha saldado con gran parte de la elite política, incluyendo 3 expresidentes, recientemente Perú quedó inmersa en una crisis institucional y política, como consecuencia de un choque de titanes entre el Congreso y el gobierno.

Sin embargo, previo a adentrarnos en los últimos acontecimientos es preciso retrotraernos al 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski le ganó la presidencia a la entonces favorita de las encuestas, Keiko Fujimori, por un escaso margen que marcó el origen de una fuerte puja por el control Estatal. Esto último quedó patentizado cuando en el mismo proceso, los partidarios de Fujimori (Partido Fuerza Popular) lograron alzarse con la mayoría en el Congreso, obteniendo 73 de los 130 escaños.

Desde entonces, apoyándose en denuncias de supuesto fraude electoral, el fujimorismo se dio la tarea de torpedear al gobierno de PPK, abreviación con la que se conoce al ex presidente Kuczynski, liderando un enfrentamiento que tuvo su punto más álgido tras el estallido del escándalo de Odebrecht, que terminó precipitando la renuncia de este último. Curiosamente, la líder fujimorista también resultaría afectada como resultado de este mismo caso de corrupción, razón por lo que aguarda prisión preventiva desde 2018, cuando se le acusó formalmente de lavado de activos de recursos provenientes de la denunciada multinacional.

Es aquí donde entra en escena Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Kuczynski, emprendiendo desde entonces una serie de reformas judiciales destinadas a perseguir la corrupción. Tales medidas, destinadas a revertir el creciente descontento social, fueron reiteradamente boicoteadas por la mayoría fujimorista en el Congreso, una acción que resultó esperada, dado que el caso Odebrecht les salpicaba a varios de ellos. No es para menos, pues la tentativa de los congresistas para blindarse judicialmente llegaría a tal nivel de obstrucción que, para este año, la corriente fujimorista trató de hacer uso de su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del máximo órgano constitucional. Las tensiones derivadas de esta movida congresual, llevó a que el presidente Vizcarra propusiera el pasado verano una reforma constitucional, con miras a adelantar las elecciones generales para el 2020, en vez del 2021 como está previsto, lo que fue rechazado por la mayoría congresual.

Ahora bien, estos choques apenas serían la antesala de una crisis mayor, que se desataría producto de la negación de los congresistas a aceptar dos cuestiones de confianza al presidente. La primera tendría que ver con la negativa del Congreso a que se desclasificaran los seudónimos de casi 70 sobornados, que permitirían revelar la identidad de funcionarios y legisladores beneficiados por el esquema de corrupción de Odebrecht.

La segunda, no obstante, sería el resultado del interés del presidente Vizcarra de frenar los aprestos de los partidarios de Keiko Fujimori, quienes de manera arbitraria y poco transparente procuraban renovar el Tribunal Constitucional, con el aparente interés de frenar, entre otras cosas, los acuerdos de colaboración arribados entre el gobierno peruano y la empresa brasileña. Obviamente, el interés de frenar dicha tentativa procuraba, en palabras del mandatario, evitar que se perdiera el equilibrio del poder.

Haciendo caso omiso a las advertencias del presidente, que pidió se modificara la manera en que son electos los jueces, el Congreso decidió designar a un primer magistrado (de seis a ser sustituidos en el Tribunal Constitucional), siendo esto la gota que derramó la copa. En efecto, en una alocución nacional a inicios de semana, el presidente Vizcarra anuncio su decisión de acogerse al artículo 134 de la Constitución, y declarar la disolución del Congreso por omitir dos cuestiones de confianza consecutivas.

La anunciada medida sería acompañada de un llamado a elecciones anticipadas a nivel congresual, adelantándola para el 26 de enero próximo, lo cual fue acogido con gran entusiasmo por la población, en una clara muestra de rechazo al Congreso, que según encuestas alcanza el 90%. A su vez, el presidente recibiría el respaldo casi inmediato de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Un dato curioso, es que en momentos previos al anuncio del presidente, el Congreso decidió dar un paso atrás en su tentativa, y analizar la petición de Vizcarra respecto al método de selección de los magistrados al Constitucional. Sin embargo fue demasiado tarde, y como retaliación los congresistas afectados acusaron al mandatario de violar la Constitución, acordando suspenderlo 12 meses mediante un decreto alegando incapacidad temporal.

A pesar de las diligencias, que entre otras cosas buscaban posicionar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como nueva mandataria, esta última decisión no tendría validez pues ya el Congreso había sido disuelto, por lo que a pesar de proceder a juramentarse inicialmente, Aráoz se vio obligada a renunciar posteriormente. Esta última movida dio un nuevo giro a la crisis, forzando a su vez la dimisión del gabinete de Vizcarra, quien se vio forzado a juramentar un nuevo gabinete.

No obstante, dado el tranque institucional, la facción fujimorista en el Congreso parece haber traído tácticamente una pasada propuesta del presidente Vizcarra, solicitando sorpresivamente la celebración de unas elecciones generales anticipadas, luego de haberlas descartado con anterioridad. Con ello, parecen aceptar finalmente la medida gubernamental de disolver el Congreso, lo que nos indica que posiblemente tendríamos que esperar los próximos meses para dar con una solución, que a la fecha luce poco probable en la búsqueda de apaciguar esta olla de presión política.

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