En el encuentro de la semana anterior, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, una reunión altamente participativa con enfoques de varias aristas sobre lo planteado por el presidente de la República de reducir el 50% de los recursos que otorga el Estado a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral por mandato de la Ley, se llegó a la conclusión de instruir a los legisladores de la organización para que se opongan a la idea del jefe del Gobierno, si es sometida al Congreso Nacional.
Se fue preciso en decir “si la propuesta es sometida al Congreso Nacional”, porque de eso se trata. Se deduce un interés de puro populismo con esta propuesta, la que se ha presentado, como muchas de las cosas de la actual gestión, con un interés mercadológico de vender la imagen del jefe del Estado, quien el 16 de agosto dejó ser candidato para convertirse en el presidente de los dominicanos y las dominicanas.
Esa idea presentada, como asunto cosmético para quitar impacto a otros temas cuestionados por la población, ha sido catalogada por la opinión pública como un cohete chino que hace mucho ruido y solo espanta.
La asignación de recursos a los partidos se fundamenta en leyes, por lo que para su modificación debe someterse un proyecto, pues solo una ley deroga o modifica otra ley.
En lo relativo al patrimonio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que se integrará con las contribuciones del Estado en la forma y la proporción establecidas por esta ley y la legislación electoral vigente.
En el Presupuesto de los Partidos establecido en la Ley No. 15-19 del Régimen Electoral se hace la precisión de que la contribución del Estado a dichas organizaciones se contabiliza dentro de los aportes que reciban del monto total de los ingresos percibidos.
Los enunciados de estas dos leyes tienen de base la Ley Electoral 275-97, que consigna en el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales como contribución del Estado a los partidos políticos de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley.
Las leyes Nos. 15-19 y 33-18 son orgánicas, por lo que para su modificación se requiere de las dos terceras partes de los congresistas presentes en las sesiones en que se conozcan.
Los partidos políticos son fundamentales para el desarrollo de la democracia y el fortalecimiento del proceso democrático en el país; por consiguiente, la democracia se debilita cuando los fondos que se les asignan de manera legal a través del presupuesto nacional se les quiere reducir sin que haya justificación. Eso es lo que precisamente sostiene el Partido de la Liberación Dominicana, que ratificamos en estas líneas, como respuesta a la ligereza con la que un funcionario palaciego ha pretendido desdecir de esta posición arribada con la cabeza fría y a sabiendas de que ahora se baila la música que proviene de los acólitos al gobierno.
