Las reacciones por separado de dos de los representantes del Ministerio Público, a la cabeza de la campaña de infundios y de imputaciones prefabricadas y del flamante presidente de la Cámara de Cuentas, confirman el afán del gobierno de turno que procura judicializar la política.
Más que judicializar la política, como se maneja el término, que ha dado lugar a inmensidades de tratados y tesis de doctrinarios, lo que existe es un claro punto de persecución a los actos de la pasada gestión de gobierno, basado en inventos y manipulación de aspectos legales, lo que ya está cansando a la gente.
Detrás de expedientes, acusaciones y calumnias se esconde la mediocridad de una gestión cuyos responsables se prepararon para una rabiosa oposición, pero que al llegar a la dirección del Estado han demostrado que no se prepararon para gobernar.
Los fiscales reaccionan presentándose como víctimas, tildando de campaña en su contra los argumentos jurídicos de abogados y comentaristas que han opinado sobre el tema.
El señor presidente de la Cámara de Cuentas entiende que quienes desinforman son los periodistas con titulares sensacionalistas, como si la fiebre estuviera en la sábana.
Es que se está ante la presencia de una verdadera desnaturalización de las funciones de la Cámara de Cuentas, un órgano constitucional que ha sacrificado su autonomía para convertirse en un brazo político del Ministerio Público.
Es notoria la profusa difusión de rumores y versiones que se unen a las filtraciones de informes, auditorías, interrogatorios, procesos de investigaciones, en franca violación a la Ley e irrespetando el debido proceso.
Todo esto en lugar de impactar en la población trae una suerte de incredulidades y cuestionamientos a las propias autoridades y a la llamada «justicia independiente».
Las tantas versiones y explicaciones sin sustento sobre el caso de los generales en retiro, a quienes se citó y despojó de los vehículos asignados, confirman la politización de la justicia.
Las explicaciones que se han dado en lugar de aclarar han profundizado los cuestionamientos sobre el caso, cuando lo que amerita es responder con claridad meridiana y responsabilidad.
El dom., 12 de dic. de 2021 10:03 PM, Hector Olivo <[email protected]> escribió:
Se impone una respuesta clara y responsable
Las reacciones por separado de dos de los representantes del Ministerio Público, a la cabeza de la campaña de infundios y de imputaciones prefabricadas y del flamante Presidente de la Cámara de Cuentas, confirman el afán del Gobierno de turno que procura judicializar la política.
Más que judicializar la política, como se maneja el término, que ha dado lugar a inmensidades de tratados y tesis de doctrinarios, lo que existe es un claro punto de persecución a los actos de la pasada gestión de Gobierno, basado en inventos y manipulación de aspectos legales, que ya está cansando a la gente.
Detrás de expedientes, acusaciones y calumnias, se esconde la mediocridad de una gestión, que se preparó para una rabiosa oposición, pero que al llegar a la dirección del Estado, han demostrado que no se prepararon para gobernar.
Los fiscales reaccionan presentándose como víctimas, tildando de campaña en su contra los argumentos jurídicos de abogados y comentaristas que han opinado sobre el tema.
El señor Presidente de la Cámara de Cuentas entiende que quienes desinforman son los periodistas con titulares sensacionalistas, como si la fiebre estuviera en la sabana.
Es que se está ante la presencia de una verdadera desnaturalización de las funciones de la Cámara de Cuentas, un órgano constitucional que ha sacrificado su autonomía para convertirse en un brazo político del Ministerio Público.
Es notoria la profusa difusión de rumores y versiones que se unen a las filtraciones de informes, auditorías, interrogatorios, procesos de investigaciones, en franca violación a la Ley e irrespetando el debido proceso.
Todo esto en lugar de impactar en la población, trae una suerte de incredulidades y cuestionamientos a las propias autoridades y a la llamada Justicia Independiente.
Las tantas versiones y explicaciones sin sustento sobre el caso de los generales en retiro a quienes se citó y despojó de los vehículos asignados, confirman la politización de la justicia.
Las explicaciones que se han dado en lugar de aclarar han profundizado los cuestionamientos sobre el caso, cuando lo que amerita es responder con claridad meridiana y responsabilidad
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