El embarazo prematuro de nuestras niñas es un flagelo que se propaga
cual pandemia. Solo que sus efectos inmediatos no son tan mortales
como los del Covid-19. Pero eso sí… muy destructivos social y
moralmente.
Las estadísticas revelan la enorme cantidad de niñas menores de quince
años que paren cada año. Esa información pudiéramos decir que es
sesgada, debido a que, las cifras son recopiladas mayormente en
hospitales públicos.
Las consecuencias de esta realidad se manifiestan de manera inmediata
en el impacto al proceso evolutivo de las parturientas. Empieza por la
interrupción de sus estudios, la alteración de su estabilidad emocional y
el trauma familiar; casi siempre se trata de una familia mono parental.
Los daños primarios antes señalados, son sólo un preludio de los
inconvenientes que prosiguen, veamos: la manutención y cuidado del
niño o la niña, su educación, el ambiente en el que crecerá y, la
reorientación en la vida de esa madre adolescente. La ausencia de
respuestas apropiadas a esas y otras calamidades que se agregan, es una
de las canteras de azotes sociales como: el narcotráfico, la prostitución,
la delincuencia, la criminalidad y otras desgracias que hoy padecemos.
Esos son los daños sociales y morales que citamos al comienzo de estas
líneas.
La necesidad de enfrentar este infortunio nos convoca a todos. Al
Gobierno como órgano ejecutor del Estado, que tiene la obligación de
propiciar un marco legal, económico y social, efectivo y eficaz, tendente a salvaguardar y preservar la integridad física y moral de nuestras
adolescentes. La sociedad, por su parte, está en el deber de colaborar
activamente con todas las iniciativas que propendan a reducir a su más
mínima expresión la ocurrencia de estos casos. La jornada debe empezar
hoy en el hogar, no importa lo humilde que este sea. Para el decoro y las
buenas costumbres siempre hay posibilidad.
Ojalá podamos concurrir todos a esa convocatoria. Esperemos.
Hasta luego…
