Hablan los hechos

Por: Rafael Calderón

Hace cincuenta y ocho años que la sociedad dominicana de la época presenció con profunda consternación un acontecimiento que marco para siempre la parte más consciente de la población que sirvió de testigo a las futuras generaciones. Nos referimos al golpe de Estado perpetrado el 25 de septiembre de 1963 contra el presidente Constitucional de la República, Profesor Juan Bosch.

Sobre este bochornoso hecho intentamos explicar cuáles fueron los factores políticos-económicos y sociales predominantes en el contexto histórico que sirvió de escenario a la destitución del gobierno del profesor Juan Bosch, un hombre que mostro con cada una de sus decisiones y acciones ser un político integro, honesto, responsable, y con la capacidad suficiente para impulsar desde el Estado un proceso de cambios y transformaciones reales que conducirían al país a un nivel de desarrollo equivalente a por lo menos cincuenta años hacia el futuro.

De este modo, abordamos este trabajo haciendo un análisis de los acontecimientos registrados en tres momentos o coyunturas históricas correspondientes al periodo inmediatamente anterior a las elecciones de 1962; periodo de los siete meses de gobierno del Profesor Juan Bosch; y el periodo posterior al golpe de Estado, hasta las elecciones de 1966.

Con este esquema de presentación del contenido de esta obra esperamos facilitar un mayor nivel de comprensión y objetividad respecto de las principales razones o causas que pusieron fin al gobierno de Bosch con solamente siete meses de gestión.

Definitivamente el Gobierno del Profesor Bosch se inicia en el momento en que América Latina era estampada por una política de expansión de los Estados Unidos en América Latina, impulsada bajo la programación de golpes de Estado selectivos; de militarización progresiva de las instancias estratégicas de poder; del uso de represión sangrienta como instrumento de control social; del auge y defensa de los intereses norteamericanos en el continente; de las supuestas amenazas del comunismo que se implantaría en naciones como la República Dominicana; y del incremento del autoritarismo público, que en el caso de República Dominicana tenía como referente más cercano la dictadura de Trujillo.

A partir de 1960, con un horizonte más planificado y definido en términos de objetivos estratégicos de interés para el gobierno de Estados Unidos, se puso en marcha una política más agresiva de expansión y control de toda América latina, la cual estuvo abiertamente soportada en las contradicciones de Estados Unidos con el régimen de Fidel Castro que se había instalado en 1959, con lo que se activó en todo el continente una agresiva política de liquidación o estrecha vigilancia de los movimientos y actividades propiciadoras de ideas avanzadas o que pudieran interpretarse como revolucionarias o comunistas en América Latina.

Durante toda la década del 1960 y 1970 esta política de expansión fue reforzada con la puesta en marcha del ambicioso programa “Alianza para el Progreso”, una iniciativa del presidente JOHN F. Kennedy en 1961, en el que se contemplaba una inversión de 100 mil millones de dólares en 10 años.

A través de este innovador programa se pretendía: salvar a los pobres bajo el firme mensaje de que no aceptaría ninguna subversión en la región y que contrariamente se buscaría el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el desarrollo de proyectos y programas de autoayudas para la construcción de viviendas, carreteras, acueductos, mayor equidad en la propiedad de la tierra, aumento de salarios, eliminación del analfabetismo, reducción de la desnutrición, aumento de la capacidad de respuesta del Estado, del mejoramiento de la infraestructura de comunicación, de la calidad de los servicios de salud, educación, y del fortalecimiento de la macroeconomía de la región.

Destacamos aquí algunos de los factores más relevantes y decisivos que contribuyeron o incidieron en el derrocamiento del profesor Bosch y que simultáneamente se constituyeron en variables determinantes que condujeron a intensas luchas libertarias con la participación de miles de jóvenes de todos los sectores sociales que sirvieron de motivación efectiva en el proceso de construcción y desarrollo de la revolución de abril de 1965, la que a su vez se asumió como pretexto y justificación de la segunda invasión norteamericana al país en menos de un siglo. Todos estos acontecimientos enlutaron a miles de familias dominicanas y retrasaron el desarrollo del país por más de cinco décadas.

Entre estos factores podemos citar: El peso específico de los intereses locales asociados a la clase dominante, y los intereses extranjeros, especialmente del Gobierno de Estados Unidos, que influyeron en forma determinante en este ignominioso acto que se sumó a los más de 20 golpes de Estado que se llevaron a cabo en América Latina en el periodo 1960 – 1980.

El peso y la trascendencia de las ideas avanzadas del Profesor Juan Bosch y su concepción de Estado rechazado por importantes sectores de la Iglesia Católica, la clase dominante, y las fuerzas armadas dominicanas.

La supuesta amenaza que representaba el comunismo y el régimen de Fidel Castro en Cuba para los países de América Latina.
De igual manera contribuyeron a la creación de las condiciones para que se concretaran hechos de esta naturaleza, el crecimiento de la militarización en América Latina y su nuevo papel en el mundo de la política, Los objetivos de la guerra fría, El debilitamiento institucional del país, La división de los líderes locales y sus organizaciones.

Otros factores no menos importantes que en determinado grado se asumieron como justificación para producir el golpe de estado, fueron el concepto y visión de Estado que concebía y aplicaba Bosch desde el gobierno, la poca consistencia de la conciencia ciudadana, y la debilidad de la burguesía nacional.

Todos los acontecimientos trascendentes de la historia, de alguna manera definen o gestan el presente de otros tiempos. El golpe de Estado a Juan Bosch inspiro a toda una generación que tras esta desgracia decidió construir caminos más expeditos que condujeran al afianzamiento de un sistema de gobierno que garantizara en mucho mayor medida los derechos fundamentales del pueblo dominicano.

En el momento oportuna, como rechazo vertical a este acontecimiento, y como en ocasiones anteriores, la patria se puso de pie llamando la atención y enviando un mensaje claro de que no está dispuesta a soportar hechos de esta naturaleza. Este acontecimiento no recupero en lo inmediato lo que se esperaba del gobierno de Bosch, pero ciertamente nos colocó en una ruta más clara y definitivamente más propicia para abordar con más éxito la estabilidad económica, política y social de la República Dominicana, y sobre todo para reencausar la lucha por el respeto a los derechos humanos y el compromiso del profesor Bosch por la instauración de un régimen ético, de justicia y equidad.

Esta obra solamente pretende ofrecer un aporte para aquellos que, si valoran las decisiones de los valientes que construyen espacios sociales, políticos y económicos apegados a la libertad, la justicia, la equidad y la dignidad humana. En fin, se trata de un esfuerzo que explica por si mismo como estos acontecimientos generaron un futuro de largo plazo mas parecido al que buscaba el profesor Bosch desde su gobierno, que al que pretendió instaurar la clase dominante violentando todos los derechos fundamentales y hasta contradiciendo la propia historia.

APUNTES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGISTRADOS ANTES DE QUE EL PROFESOR JUAN BOSCH ASUMIERA EL PODER DEL ESTADO EN 1963.

A la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, el afianzamiento político-económico era un objetivo claro de Norteamérica, no importando que método o medio se utilizaran; cualquier camino era adecuado siempre que conllevara al control y dominio de la política económica del país. Una revalorización y formulación de criterios, y posición norteamericana respecto a la República Dominicana se hizo necesaria.

La nueva condición política que se generó multiplicó las tentaciones y, por primera vez en muchos años los sectores populares tuvieron la oportunidad de pensar y actuar sobre la vida política del país. La inestabilidad política y económica era evidente, y en tal sentido se necesitaban métodos, procedimientos, decisiones y prácticas capaces de forzar una mínima estabilidad interna que facilitara la consecución de los objetivos reales de los sectores poderosos.

Tras la búsqueda de este afianzamiento, Estados Unidos estaba consciente de que era necesario ganarse sectores importantes de la burguesía y pequeña burguesía, y de que se precisaba de un riguroso control de los sectores populares, especialmente de las organizaciones de la clase trabajadora.

En esta coyuntura el gobierno norteamericano observa tres opciones: un orden democrático, la continuidad del régimen de Trujillo y un régimen castrista. la última debía evitarse a cualquier precio; en realidad, se optó por un régimen antidemocrático y represivo.

El primer gobierno con relativa estabilidad después de la muerte de Trujillo fue el Consejo de Estado, instaurado y mantenido por Estados Unidos. Se trataba de un gobierno colegiado en el que participaron importantes figuras de la Unión Cívica Nacional, primera organización política que aparece después de la caída del régimen trujillista; constituida por oligarcas, burgueses, pequeños burgueses y en sus inicios hasta por sectores populares en coalición con el movimiento 14 de junio de carácter nacionalista, en el que se agrupaban importantes sectores de la pequeña burguesía. Esta alianza del 14 de junio con la unión cívica nacional fue de poca duración ya que, prácticamente desapareció con la instauración del Consejo de Estado.

Con el fundamental propósito de crear las bases de la estabilidad política que convenía a sus intereses y a fin de facilitar sus ulteriores objetivos, Estados Unidos ofrece un gran apoyo económico y político al Consejo de Estado; las sanciones económicas impuestas en 1960 por la OEA fueron levantadas, se reiniciaron las relaciones diplomáticas, se reforzó la asistencia técnica militar, se abrieron las puertas para la venta en Estados Unidos de una mayor cantidad de azúcar a un precio de privilegio, y más del 90 % del azúcar fue exportada a esa nación.

Esto era una evidente muestra de la reafirmación de Estados Unidos en cuanto a su determinación de no abandonar el país. Los esfuerzos realizados y la forma en que se trató la situación de inestabilidad a que nos hemos referido arrojaron una cierta, aunque frágil, estabilidad política.

Es así como se abren caminos para las elecciones celebradas en diciembre de 1962, las cuales estuvieron cuidadosamente vigiladas por Estados Unidos en la persona de John Bartlow Martín, embajador norteamericano en la República Dominicana.

El Consejo de Estado constituyó un gobierno sin sólido apoyo popular y con debilidades, originadas en el hecho de haberse estructurado por clases y fracciones de clase con intereses un tanto diferenciados, y por haber pertenecido a un período en el que, las masas disfrutaban por fuerza de un ambiente de relativa libertad y creciente participación en la vida política de la nación.

El sustancial aumento de sueldos y salarios que se produce en los meses del Consejo de Estado tiene su explicación política en esta debilidad, y su explicación económica en tres factores principales: primero, en la presión ejercida por los sectores populares cuyos ingresos habían sido nulos o restringidos a causa de la alta concentración económica mantenida por Trujillo; segundo, en que una política de aumento salarial ofrecía sustanciales beneficios a la oligarquía, fracción hegemónica de las clases en el poder. Estas medidas estaban acompañadas de las derogaciones de impuestos que gravan el consumo interno y otros que gravan la exportación del tabaco, café, cacao y chocolate; el tercero, la disponibilidad de los recursos concentrados en la persona de Trujillo y los facilitados por Estados Unidos permitieron esta acción demagógica.

En el marco de este contexto socioeconómico y político simultáneamente se desarrolla una lucha de masas que despertaron a importantes sectores de la clase media y sectores populares, periodo en el cual se organizaron más de medio millar de sindicatos que sometieron a fuerte presión y a demandas reivindicativas a la clase dominante de la época.
En realidad, las organizaciones fueron moldeadas por una débil conciencia de clase y por su sometimiento a un creciente proceso de alienación que se muestra en el hecho de que los grupos populares no podían comprender en ese momento que la lucha redundaría básicamente en beneficio de los sectores enemigos de su desarrollo y que iría a fortalecer a quienes sólo les interesaba del obrero una relación de explotación.
La primera organización sindical que se crea tras la muerte del tirano aparece el día 7 de septiembre de 1961 y responde al nombre de Frente Obrero Unido Pro-Sindicato Autónomo (FOUPSA). Esta organización se dedica a promover diversos sindicatos, organizar y dirigir las primeras huelgas y protestas, contribuyendo significativamente al despertar de la clase trabajadora dominicana.
FOUPSA representaba una fuerza laboral de gran importancia: para comienzos de 1962 contaba con más de 100 sindicatos afiliados en todo el país, los cuales reunían a la mayoría de los trabajadores dominicanos organizados. Sin embargo, su lucha se proyecta sólo a corto plazo y en tal sentido se limita al logro de reivindicaciones económicas inmediatas: aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo, destitución de funcionarios, etc.…
Esta posición de FOUPSA, al igual que la mayoría de las organizaciones sindicales de la época, se corresponde perfectamente con el carácter embrionario del Movimiento Obrero Dominicano, el cual era orgánica, ideológica y políticamente débil. De aquí que fuera manejada con relativa facilidad por los sectores dominantes en la estructura productiva del país.
Desde el principio mismo de su fundación, FOUPSA orientó parte de su lucha contra la antigua Confederación de Trabajadores Dominicanos de corte trujillista que aún ejercía cierta influencia en algunos sectores de la clase trabajadora dominicana. La actitud de FOUPSA frente a esta confederación, dirigida aún por funcionarios trujillistas, se explica por tener su origen en una coalición de sectores que tenían en común una posición anti- trujillista, pero con intereses de clase bien diferenciadas.
Es así como en un primer momento FOUPSA fuera manejada por la unión Cívica Nacional dirigida en lo fundamental por la clase dominante que se aprovechó de las fuerzas populares organizadas para lograr la expulsión de los últimos miembros de la familia Trujillo y algunos ex funcionarios del régimen.
Así se explica porque la Confederación de Trabajadores Dominicanos y la Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís hicieron publicaciones de repudio a FOUPSA, señalando que era imposible que la Secretaría de Trabajo reconociera organizaciones obreras creadas apresuradamente con fines políticos. (Véase El Caribe, 24 y 28 de septiembre de 1961.)
Para esa misma fecha la CTD declara que promoverá movilizaciones obreras y organizará sindicatos en todo el país, lo que evidenciaba una clara contradicción entre la misma clase de trabajadores, lo cual se comprende al observar que en ambas organizaciones los propósitos políticos resultaban disimiles. Una apegada a los intereses de los remanentes del trujillano y la otra más cerca de la pequeña burguesía y sectores dominantes que la usaban para lograr su objetivo de limpiar el camino que lo conduciría al poder sin Trujillo.
El 18 de octubre de ese mismo año, la Central de Trabajadores Dominicanos (CTD) anuncia la realización de 20 grandes concentraciones obreras en todo el país, a fin de demandar la distribución de los beneficios anuales de las empresas, extensión del seguro social, concertación de pactos colectivos de condiciones de trabajo, etc. (Véase El Caribe, 18 de octubre de 1961.)
De otra parte, de acuerdo con declaraciones de dirigentes de FOUPSA en El Caribe del 2 de marzo de 1962, esta organización sindical recibía apoyo económico de la Unión Cívica Nacional (UCN) cuando esta surgió como agrupación patriótica. Como muestra de su debilidad la UCN, con el evidente propósito de satisfacer a la American Federation Of Labor Congres Industries Organización (AFL-CIO), representantes de los negocios e intereses del Gobierno Norteamericano y quien había acusado públicamente a la UCN de estar manejando a FOUPSA.
Sin embargo, al respecto su máximo líder, el Dr. Viriato A. Fiallo, presidente de la Unión Cívica Nacional hizo una declaración en el sentido de que no era cierto que ellos controlaran a FOUPSA, que solo ofrecieron ayuda económica y apoyo moral en los primeros tiempos de su fundación, y que era el Partido Revolucionario Dominicano quien se proponía controlar la misma,
Dijo, además, que era partidario de la necesidad de que organizaciones internacionales extranjeras contribuyan a la formación de nuestro naciente Movimiento Obrero. El juego político era claro. (Véase El Caribe, 21 y 27 de septiembre de 1962)
La debilidad ideológica y política de FOUPSA y la escasa conciencia de clase de los dirigentes de la época, y más aún de los obreros que constituían sus bases, puede apreciarse en las posiciones de sus dirigentes sobre el sindicalismo y los objetivos que pretendían alcanzar.
Según sus declaraciones, los sindicatos no deben realizar actividades políticas partidarias; como frente obrero son enemigos de toda clase de dictadura, sea ésta de izquierda o derecha, y que sus simpatías y supuesto estarán decididamente al lado de la libertad y la democracia representativa (las cursivas son nuestras). En lo que a sus objetivos se refiere, declaran: educación para el obrero; formación de verdaderos sindicatos libres sostenidos y dirigidos por los propios trabajadores; salarios justos; distribución justa y equitativa de la riqueza; creación de planes asistenciales y de seguros; colaboración obrero-patrón, luchando contra todo aquello que tienda a separar el obrero del patrón y procurar por todos los medios el estrechamiento de las relaciones entre ambos, en beneficio de la producción y la economía nacional; cumplimiento la ley laboral; firma de pactos colectivos y libertad sindical sin ejercer actividades partidarias. (Cursivas nuestras.)
No obstante, la debilidad que acusaban las organizaciones obreras, las masas habían perdido el miedo a la represión y se mantenían en pie de lucha desafiando al gobierno, ejército, policía, patrones y organizaciones norteamericanas, que desde el principio estuvieron trabajando para dividir y debilitar a las organizaciones sindicales que habían adoptado posiciones disidentes de los intereses económicos y políticos de la clase dominante de turno.
El auge y el creciente despertar de las masas fueron confirmados por la realidad. Fruto de la presión ejercida por las masas, organizadas o no, durante el mes de octubre de 1961 la Azucarera Haina dio a sus trabajadores cerca de medio millón de pesos y para noviembre ofrecía 300,000 pesos más para distribuirlos entre empleados y obreros. Además, prometió construir casas a los trabajadores. Como consecuencia de las huelgas registradas entre septiembre de 1961 y marzo de 1962, la Sociedad Industrial Dominicana se vio forzada a conceder siete aumentos de sueldos y salarios, pasando así de $2.00 diarios a $3.00 y $5.00 por día de trabajo. En octubre de 1961 Molinos Dominicanos reparte un porcentaje de sus beneficios entre trabajadores y empleados.
En ese mismo momento, la Compañía Anónima Tabacalera adopta medidas en favor de los trabajadores, las cuales consistieron en construcción de casas; pagos por invalidez y pensiones con sueldos desde $30.00 mensuales hasta $300.00; regalía pascual a los trabajadores a destajo y a los empleados que ganaran más de $200.
En octubre de 1961 fue aprobada una resolución por el Comité Nacional de Salarios autorizando a las empresas textiles a aumentar en un 25 % el salario de los obreros que laboran en éstas. En el mismo octubre de 1961, la firma J. Agustín Pimentel, productora de Arroz Astoria, crea un comedor económico para los trabajadores y distribuye el 20 % de los beneficios anuales entre el personal de oficina. En esa misma fecha, La Chocolatera Industrial distribuye el 8 % de las ganancias netas de un año, entre el personal de la oficina y obreros.
La Federación Nacional de Estibadores y el Sindicato Nacional de Estibadores, ambos portuarios, ordenan una huelga general que afecto a todos los puertos del país durante cuatro días 4.5.6 y 7 de febrero de 1962.
Los portuarios demandaban de las empresas navieras un aumento de salario de $0,75 la hora normal a $1.94, y de $1.2 la hora extra a $3.88. Esta huelga fue levantada después de obtener una conquista parcial, pues la hora normal fue aumentada a $1.05, es decir en un 40 % y la hora extra a $2.00, significando un incremento del orden de 78.5 %. En promedio recibieron un aumento de 59.2 %.
En mayo de 1962 fue firmado un pacto colectivo de condiciones de trabajo entre la Cervecería Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores Cerveceros (SINATRACE). De noviembre de 1961 a mayo de 1962 los aumentos de salarios y sueldos significaron para la empresa un desembolso anual de 178.000 pesos.
En febrero de 1962 el obispo de Higüey, monseñor Juan F. Pepén, hace una denuncia pública de la miserable situación en la que viven los trabajadores del Central Romana. Ante esta denuncia, el Consejo de Estado nombra una comisión investigadora que al final de su gestión hace una lista de los cambios que debía introducir la administración del emporio azucarero en favor de la clase trabajadora.
Durante esta investigación se comprobó que la firma Hilario Mayor controlaba, aparentemente vía arrendamiento, un total de 50 a 60 bodegas del Central Romana, y que una de la forma de arrancarle al obrero hasta el último centavo consistía en el cobro de intereses por concepto de adelantos de una parte del jornal del obrero de la caña, lo mismo hacia la figura del ajustero, aunque de manera más grosera y onerosa al avanzarle dinero al cortador con un interés de 25 % por cada pago.
Es así como uno de los picadores declaró que como los pagos se hacían semanalmente, ellos se presentaban a la bodega con la tarjeta del día de trabajo realizado y si solicitaban un peso el bodeguero les cobraba por el cambio $0,25. Quien se negaba a esta práctica no conseguía dinero en la bodega, lugar al que tenía que acudir forzosamente el trabajador. Bajo estas condiciones de explotación, descritas sólo parcialmente, era urgente que la clase trabajadora se decidiera a luchar por mejores condiciones de trabajo y por un sistema más justo. Muy pronto se desencadeno una serie de paros y huelgas que obligaron a la empresa a entrar en negociaciones con los trabajadores.
En El Caribe del 3 de junio de 1962 se informa que más de 20.000 obreros han quedado afectados por una huelga decretada por el Sindicato de Mecánicos del Central Romana, en demanda de aumento de salarios. En esta empresa operaban 28 sindicatos, 14 de los cuales controlaba FOUPSA y los restantes 14 el bloque FOUPSA-Libre, disidente de FOUPSA.
Los sindicatos en huelga pertenecían a FOUPSA, el resto se encontraba en paro forzoso por la posición y oficio de los mecánicos en la empresa; tanto es así que el bloque FOUPSA-Libre solicitó la intervención del Consejo de Estado para que pusiera coto a la situación.
La situación que se le estaba presentando al Central Romana era tal que B. V. Marioneaux, vicepresidente y Administrador General del Central, declaró que «desde hace meses la empresa viene confrontando problemas debido a una serie de huelgas decretadas por los Sindicatos Trabajadores del Central. Hemos atendido demanda tras demanda, pero cuando resolvemos el caso de un sindicato siempre hay otro que nos plantea el mismo problema».
Las luchas desarrolladas por los sectores populares durante este periodo trascendían por su significación a todos los demás sectores del país, las huelgas y protestas por conseguir condiciones ventajosas despertaban la simpatía de la gran mayoría de los sectores populares.
Ante esta situación, el Consejo de Estado declara: «Considerando: que en su marcha incesante hacia una total recuperación económica, el país viene confrontando una situación difícil debido a la serie ininterrumpida de huelgas que se producen constantemente, como consecuencia en unos casos de conflictos económicos entre los empleados y los trabajadores, y en otro de un mal entendido y exagerado espíritu de solidaridad», y considerando que las huelgas que no se realizan dentro de los términos de la ley «produce una alteración de orden público con detrimento de las actividades laborales», decreta una ley que declara ilegal toda huelga que tenga por fundamento causas políticas: las que presenta como única razón la solidaridad con los demás trabajadores, así como las que se promueven violando las formalidades del artículo 374 del Código de Trabajo, artículo que recoge una serie de trabas para dilatar y obstaculizar la materialización de las huelgas.
Es evidente que la promulgación de esta ley refleja los avances logrados por los trabajadores y el despertar de la conciencia de las masas; asimismo deja claro la acentuación de la crisis económica y política. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, muchas de las conquistas obtenidas, tal vez la mayoría, sirvieron en lo fundamental para que los sectores dominantes avanzaran hacia el afianzamiento político que les urgía, pues la lucha que se lleva a cabo era esencialmente económica, lo que no era suficiente para alcanzar verdaderos cambios estructurales.
En esta coyuntura histórica, sin duda propicia para consolidar una vanguardia revolucionaria dentro de la clase trabajadora, era preciso contar con dirigentes activos y capaces de aportar al obrero una conciencia política de clase. Era necesario disponer de suficientes dirigentes cuya formación y posición se basarán en un análisis e interpretación amplia y científica de lo que ocurría en esos momentos; esta condición hizo falta para poner a la clase obrera en condiciones de examinar con criterios de clase su relación con el Estado y con las demás clases existentes.
Esta fue la causa por la que la lucha desarrollada se mantuvo en la esfera de las relaciones obrero-patrón, que conducía al trabajador hacia un mayor nivel de alienación y a la satisfacción de necesidades económicas que en el fondo representaban también demandas coyunturales de los sectores dominantes.
Es así como se comprende la relativa facilidad con la que se resquebraja y debilita el fuerte movimiento unitario que se expandía tras la desaparición de Trujillo. Nos referimos al abierto rechazo que hiciera la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) a una propuesta de unidad sugerida por el FOUPSA en junio de 1962, argumentando que esa unidad representaba un peligro porque podría conllevar a la constitución de una dictadura sindical de los trabajadores.
A pesar de las debilidades que acusaban nuestro embrionario Movimiento Obrero, los sectores dominantes estaban alarmados ante el espíritu de lucha y la capacidad de combate de la clase trabajadora, por lo que muy pronto se agilizó la puesta en práctica de una fuerza más efectiva para contrarrestar este auge, como veremos más adelante.

En febrero de 1962 las CASC surgió como una nueva organización sindical en la República Dominicana; desde el principio mismo de su fundación creció estrechamente ligada a un sector de la Iglesia Católica, la Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana (CLASC), con asiento en Caracas, Venezuela, y el Partido Revolucionario Social Cristiano. Algunos de sus principales dirigentes se habían formado en Puerto Rico, bajo los principios de la Juventud Obrera Católica (JOC).

Otros de sus dirigentes que habían estado en el exilio durante los últimos años de la dictadura trujillista habían recibido adiestramiento y capacitación sindical en Venezuela, con el fin de regresar al país y trabajar en la organización de la clase obrera.

El grupo inicial lo componían, entre otros, Henry Molina, Ing. Javier Castillo-, quien más tarde fue dirigente nacional del Partido Revolucionario Social Cristiano; Próspero Morales, Prisco Morales, Ramón Harvey, José Antonio Brea, Cucho Rojas Fernández y José Gómez Cerda.

La mayoría de sus dirigentes pertenecían a la pequeña burguesía. El primer equipo de dirección de esta organización en la República Dominicana estuvo compuesto por: Jesús Marcelo, Gabriel de Río, Henry Molina, José Gómez Cerda y Rafael Hidalgo. Henry Molina, Gómez Cerda, Zarzuela y Cruz Reyes habían pertenecido la Acción Católica y a la JOC; Gabriel del Río fue seminarista.

La naturaleza misma de la formación de los dirigentes de la CASC iba a influir en forma determinante para que su lucha adoptara un carácter singular. Su estrategia había quedado rezagada en un programa mínimo, sus planes a largo plazo habían estado viciados de declaraciones que no correspondían en general a una acción revolucionaria orientada hacia la consecución de un mayor nivel de conciencia de clase de los trabajadores y hacía el logro efectivo de cambios sustanciales en beneficio de los sectores populares.

Es necesario reconocer las importantes conquistas laborales obtenidas por la CASC en sus años de lucha, aunque resulte difícil afirmar o reconocer una posición de vanguardia revolucionaria a esta confederación. La lucha que lleva a cabo la CASC en sus primeros tiempos, cuenta no sólo con el apoyo internacional de la CLASC y de parte del clero católico, sino que es además favorecida por el hecho de que la Secretaría de Trabajo y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) estuvieron dirigidos en 1962 por el Partido Revolucionario Social Cristiano, partido que siempre estuvo ligado a dicha confederación. Todo esto contribuyó a que la CASC rápidamente se convirtiera hacia fines de 1962 en la primera fuerza sindical del país.

La labor que realizaba la CASC en esos primeros años puede muy bien calificarse de intensa y su aporte en términos de formación sindical fue realmente significativo, labor que llevo a cabo a través del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS) ubicado en el kilómetro nueve de la autopista 30 de mayo.

La CASC ha sido la organización sindical que más contribuyó a la organización de los campesinos, enrolando un número importante en la Federación Nacional de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC). Por otro lado, esta confederación fue capaz de organizar y dirigir innumerables paros y huelgas cuyo objetivo era obtener un aumento de salarios y la firma de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Una gran parte de esta lucha se desarrolló en los ingenios azucareros de Haina, Amistad, Catarey, Montellano, Esperanza y Quisqueya, en el marco de las mejores relaciones obrero-patronales y con la concepción de la supuesta posición apolítica.

La CASC organizó a los trabajadores de los ingenios en la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña (FENATRACA); un sector importante de la rama manufacturera fue organizado por medio de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles (FENATRATEX); también mantuvo el control de importantes sectores de los empleados públicos y de servicios a través de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Públicas (FENATOP), de la Federación Nacional de Maestros (FENAMA) y de la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas (FENEPIA).

Se puede afirmar que durante los primeros 20 meses después de la muerte del tirano, el país contaba con un movimiento sindical que abarcaba sectores importantes de la economía, lo que muy bien pudo haberse aprovechado para canalizar cambios y logros de conquistas más allá de las puras reivindicaciones económicas inmediatas.

Naturalmente, esto no pudo alcanzarse por las razones ya expuestas, y porque las iniciativas también estaban fuertemente refrenadas por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y por la AFL-CIO, con quienes la CASC mantuvo relaciones internacionales.

Para agregarse al Movimiento Obrero Dominicano, con la pretensión de fortalecer una línea sindical más de acuerdo con los intereses de la clase trabajadora, el 6 de junio de 1962 se anuncia la creación de la Unión Dominicana de Trabajadores Sindicalizados (UNION). Esta nueva organización aglutinaba parte importante de la izquierda revolucionaria y en su programa se destaca la lucha abierta contra la dominación extranjera.

La UNIÓN plantea como un gesto clasista la unidad de la clase trabajadora, pero simultáneamente orienta parte de su esfuerzo a atacar a las demás organizaciones existentes, reprochándoles que trabaja «de arriba hacia abajo» y que reciban ayuda económica del gobierno y de los partidos políticos.

Esta organización sindical mostro que era capaz de influir en las manifestaciones de las luchas populares, puesto que pudo penetrar y controlar transitoriamente diversas organizaciones obreras. Entre éstas pueden señalarse las siguientes: Sindicato Nacional de Trabajadores Cerveceros, Sindicato de Empleados de la SHELL, Sindicato de Trabajadores de Molinos Dominicanos, División Textil de Los Minas, Cementera, Refrescos Nacionales, Industria Nigua, Dulcera Dominicana, Petroquímica Dominicana, Concretera Dominicana, Asbesto Cemento, Operadores de Máquinas Pesadas, Trabajadores del Vidrio, Puertas y Ventanas y Pregoneros de Billetes y Quinielas.

Sin embargo, su influencia fue nula o escasa en los centrales azucareros donde se encontraba más del 70 % de los trabajadores del país, y donde la explotación y situación de la clase obrera era aún más cruda y desesperante.
Es muy probable que la corta duración de su influencia haya estado directamente relacionada con su incapacidad real para lograr lo que en un principio criticaron a las demás organizaciones. Nos referimos al importante trabajo de proyectar al Movimiento desde abajo, contando con las limitaciones de esta clase en términos de conciencia política y sin subestimar la capacidad de organización y lucha ejemplar que podía desarrollar con un mínimo de dirección revolucionaria, y sin que ello implicara la sustitución o suplantación del obrero por los dirigentes pequeños-burgueses de los partidos y grupos políticos que estaban detrás de la unión.

Durante el periodo de 1961-1962, las condiciones sociales económicas y políticas se desarrollaron en un ambiente tenso, en el que las contradicciones del sistema podían apreciarse con mayor lucidez. Esta característica, conjuntamente con la tremenda influencia ejercida por la revolución cubana en su proyección hacia los países latinoamericanos, creó una coyuntura histórica propicia para que la clase trabajadora, de haber contado con una correcta dirección es probable la consecución de cambios más profundos y realmente ventajosos.

En esos meses de lucha la actividad partidaria fue asumida en lo esencial por el Partido Revolucionario Dominicano, lidereado por el profesor Juan Bosch, candidato a la presidencia de la República por esa organización política en las elecciones celebradas en diciembre de 1962, el Partido Revolucionario Social Cristiano, cuyo candidato a la presidencia era el Dr. Alfonso Moreno Martínez, y la Unión Cívica Nacional, quien tenía como figura principal y candidato presidencial al Dr. Viriato Fiallo.

El panorama que se vivía dejaba claro que el Profesor Juan Bosch lograba alcanzar notable mayoritaria de aceptación entre los sectores populares de la ciudad y el campo, así como de importantes sectores de la pequeña burguesía y las organizaciones de masas. Esos niveles de aceptación fueron tan altos que duplicó el número de votos frente a su contendor más cercano en las elecciones de diciembre de 1962.

En plena campaña electoral y hasta los primeros tres meses de estar en el gobierno, el Profesor Juan Bosch prácticamente se apoderó de la fuerza de sus adversarios quienes con timidez rechazaban las posiciones del PRD y quienes con frecuencia se vieron precisados a negociar y aceptar la gran popularidad de Bosch, lo que atestigua que la fuerza de la clase dominante del momento había perdido consistencia, incluyendo la de la propia iglesia católica, infiriéndose de este modo que la mayoría de la población veía posible abrir nuevos y mejores caminos de bienestar colectivo en el país. Además, los sectores de poder, en el fondo inseguros con el Profesor Juan Bosch respecto de sus intereses, podían darse cuenta que no había forma de evitar el triunfo arrollador de Bosch en las elecciones generales. Por esa razón le sacaron el pie en el primer momento que pudieron externar sus angustias y disgustos con su gobierno.
La rápida participación directa y abierta de la embajada norteamericana para controlar la marcha ascendente de todo un movimiento decidido a llevar al poder a alguien en el que no sentían con claridad que garantizaría sus intereses económicos en el país, dejaba claro que esta posición del gobierno norteamericano evidenciaba el grado de debilidad alcanzado por los sectores dominantes criollos.

Sin embargo, aunque se trataba de organizaciones populares de frágil consistencia orgánica, política e ideológica, altamente manejables por la clase dominante, es preciso reconocer que durante este periodo se sentaron las bases que hicieron posible el triunfo del Presidente Juan Bosch en la elecciones y en particular para ampliar la confianza en ella misma, y para fortalecer su capacidad de combate en los años siguientes, tal y como ocurrió tras el golpe de Estado de septiembre de 1963 y en la revolución de abril de 1065.

Es bajo estas condiciones que el Profesor Juan Bosch participa en las elecciones y asume la presidencia de la República, situación que se agravó por el creciente endeudamiento público y la profundización de los niveles de dependencia. A estas condiciones se sumaron otras medidas asumidas en la gestión del Consejo de Estado en favor de los intereses económicos y políticos norteamericanos que surtieron efectos desfavorables al gobierno de Bosch.

Estas medidas pueden muy bien resumirse en lo siguiente: facilidad de penetración en la banca radicada en el país para favorecer a la clase dominante y a importantes compañías multinacionales; facilidades para firmar un acuerdo de asistencia militar entre Estados Unidos y República Dominicana y para la creación de la Dirección Nacional de Seguridad que sustituyó al Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que funcionó durante el régimen de Trujillo; facilidades para asegurar las inversiones norteamericanas en el país y un máximo beneficio, a través de la ratificación de la concesión minera a la Alcoa y la Farconbridge, así como concesiones altamente desventajosas para el país con la venta de azúcar y minerales; facilidades para que la planificación de las reforma agraria se adecuara a sus intereses mediante la aprobación de contratos entre el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y empresas privadas nacionales y extranjeras.

Por otro lado, también perjudico la gestión de gobierno del profesor Juan Bosch la promulgación de la ley de emergencia para legalizar las deportaciones, siendo ésta una de las prácticas más frecuentemente utilizadas para deshacerse de los líderes políticos opuestos al régimen de turno, así como el establecimiento de sanciones para las huelgas «ilegales», facilitándose así la calificación de huelga política e ilegal a todas las que afectaran los intereses de la clase dominante. Es en este contexto lleno de limitaciones y trampas jurídicas que el Profesor Juan Bosch inicia su corto periodo presidencial.

GOBIERNO DEL PROFESOR JUAN BOSCH. 1963

En febrero de 1963 se instaló el gobierno del Profesor Juan Bosch, quien había sido elegido presidente de la república en las elecciones celebradas en diciembre del año anterior, con la abrumadora cantidad de 580.000 votos, cifra que representó poco más del doble de los 270, 000 obtenidos por la Unión Cívica Nacional que era la organización política con más fuerza después del Partido Revolucionario Dominicano.

En este trabajo nos concentramos en explicar las razones fundamentales por las que el gobierno de Bosch fue derrocado con apenas siete meses de instalado.

Desde antes de ganar las elecciones, en pleno desarrollo de la campaña electoral el profesor Juan Bosch enfrentó la oposición de un sector de la iglesia católica que lo acusaba de ateo y de estar cerca del comunismo; la propia iglesia sabía que esto no era cierto, pero ese sector estaba prejuiciado y molesto por que conocía la posición de Bosch respecto de la escuela laica y sus ideas hostosianas que disgustaban a una parte de la cúpula de la iglesia. Agravado este disgusto por el alcance del Articulo 37 de la Constitución que establecía la libertad de enseñanza y se proclamaba la ciencia, no la creencia, como fundamento básico de la educación.

Aunque antes de las elecciones Bosch sostuvo un acalorado debate televisado con el padre Láutico García en el que Bosch salió ganancioso, es evidente que, por el peso ideológico de la religión y su decidida influencia en amplios sectores de la población, particularmente la más afectada por altos grados de alienación, este encuentro le causo mucho daño a la imagen de Bosch, quien tuvo que enfrentarse a múltiples y nutridas manifestaciones bautizadas con el sugestivo nombre de “reafirmación cristiana”, en los que sus promotores incitaban a la desestabilización del gobierno con las acusaciones de comunista frecuentemente reiteradas por los medios de comunicación.

Por otra parte, el apoyo que parecía estaba dispuesto a dar el gobierno norteamericano al gobierno de Bosch, en realidad nunca llego; por el contrario, los disgustos crecieron cada vez con más agresividad en la medida que las políticas implementadas por Bosch y fundamentadas en la constitución de 1963, alejaron toda posibilidad de lograr un gobierno estable.

Frustrados parcialmente estos propósitos, muy pronto el gobierno fue acusado de estar infiltrado por “comunistas” para justificar acciones posteriores destinadas a desestabilizar el gobierno y, a seguidas producir las condiciones para el golpe de estado, hecho realizado con el apoyo de un sector de la incipiente burguesía nacional y miembros de las fuerzas armadas de entonces.

Incuestionablemente la clase dominante y el gobierno norteamericano buscaban de Bosch un gobierno anticomunista y pro-oligárquico en el que se reprimiera toda acción o actividad que fortaleciera sectores liberales, aunque esto implicara encarcelamientos, deportación y crimen. Estas decisiones nunca serian asumidas por el profesor Bosch ya que su régimen representaba todo lo contrario a este tipo de régimen.

De hecho, al gobierno norteamericano no le interesaban ni convenían los regímenes democráticos que se apoyaran en la burguesía nacional y sectores liberales de la sociedad, sino regímenes oligárquicos con apariencia de democráticos, contrario a lo que creía Bosch, quien hacía esfuerzos para instalar un régimen democrático y nacionalista que garantizara el respeto a los derechos humanos, y contribuyera a un mayor desarrollo y progreso del pueblo dominicano.

Altos niveles de incomprensión originados en la nula o escasa conciencia de clase de la burguesía nacional y hasta de los propios obreros y organizaciones de empleados públicos, se reflejaron rápidamente en el claro y abierto rechazo de importantes decisiones del gobierno de Bosch. Algunas de estas medidas fueron las siguientes:

Una vez en el poder «Bosch denuncia el acuerdo que el Consejo de Estado estaba a punto de concertar con el consorcio standard oíl off new jersey, para dar la preferencia a una compañía suiza decidida a construir y explotar una refinería de petróleo. Otro de los factores que se apreció contrario a los intereses de la oligarquía y norteamericanos fue la fijación de un precio máximo o tope del azúcar que afectaba los intereses de la Romana Sugar Corporation”.

El tope fijado para el precio del azúcar fue de $5.95, estando las empresas azucareras en la obligación de depositar la diferencia del precio real de venta a nombre del Estado Dominicano, es decir, si la empresa azucarera vendía a ocho dólares en el mercado, esta estaba en la obligación de depositar a nombre del Estado Dominicano la diferencia de los US $ 2.05 dólares.

Para llegar a un arreglo amistoso con el gobierno, la Romana proponía que fueran congelados los sueldos de empleados y trabajadores, a lo cual no accedió Bosch. Este tope al precio del azúcar, en siete meses, dejó al gobierno una reserva utilizable en inversiones públicas, ascendente a $60 millones de dólares.

Se consideraba adverso a los intereses norteamericanos y sectores locales que el gobierno de Bosch adoptara políticas de respeto a los derechos humanos y, que democratizara las actividades de la clase trabajadora y de todas las organizaciones de la sociedad civil tales como, los maestros, empleados públicos, campesinos, estudiantes, y otros no menos importantes como los empresarios y comerciantes.

Por estas decisiones y otras de corte liberal, se estructuro un plan a través del cual se multiplicaron las críticas y se iniciaron las amenazas al gobierno de Bosch, a quien se le reprochaba que la constitución de 1963 no protegía ningún derecho de propiedad y que autorizaba la exportación sin compensación.

Es de este modo como el Departamento de Estado Norteamericano amenaza al gobierno de Bosch con retirarle la ayuda de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) a la República Dominicana, en caso de que no cumpliera los contratos firmados durante el Consejo de Estado con las compañías azucareras norteamericanas.

En otro orden, les escandalizaba y asustaba a los capitalistas norteamericanos, al gobierno de ese país y al propio sector criollo que, la constitución de 1963 recogiera una serie de reformas que de ser puestas en práctica echaban por el suelo importantes conquistas que ya habían logrado con el Consejo de Estado. Aceptar estas reformas era consentir una derrota de la política pro-oligárquico iniciada con el Consejo de Estado y que se proponían consolidar.

Además del problema del azúcar, el cual siempre se vio como el punto neurálgico del conjunto de dificultades, les preocupaba de la constitución el artículo 19, que otorgaba a los trabajadores de los sectores industrial y agrícola el derecho a recibir parte de los beneficios de las empresas.

Particularmente le parecían muy riesgosos el Artículo 1 de la Constitución que protegía la dignidad humana, promovía y garantizaba su respeto; el n.º 5 que declaraba delito contra el pueblo los actos de corrupción, el n.º 19 que establecía el derecho de los trabajadores a participar de los beneficios de las empresas agrícolas, industriales, comerciales y mineras.

Resultaban muy desagradables y peligrosos los artículos 23, 25 y 28, que, en ese mismo orden, consignaban la prohibición de los latifundios, la restricción del derecho de los extranjeros para la adquisición de tierras dominicanas, y la obligación de los terratenientes a vender la parte de «sus tierras» que sobrepasaran el límite fijado por ley.

Otros artículos de la Constitución que también entraban en abierta contradicción con la política e intereses de las clases y sectores dominantes eran: el Art.30, que prohibía el monopolio en favor de particulares, el Art. 32, que obligaba a la entrega de la cuota parte de la plusvalía ganada en el valor de las propiedades como consecuencia directa de inversiones públicas; el Art. 43, que disponía que sin distinción de ninguna clase los hijos disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico.

De igual modo crearon ronchas en los sectores poderosos de la época, el Articulo 57 que establecía la libertad de creencia y de conciencia, y la libertad de profesión religiosa e ideológicas son inviolables; el Articulo 66, que prohibía la expulsión o deportación de dominicanos de su propio país, dejando sin efecto la famosa ley de emergencia para legalizar las deportaciones; así como la prohibición de la tortura, y el declarar legitima la resistencia encaminada a la protección de los derechos humanos, tal y como se recoge en los Artículos 79 y 81 de la Constitución de la República.

Otras disposiciones constitucionales que irritaban al gobierno de Estados Unidos y a los sectores dominantes criollos, eran las relativas a los asuntos laborales establecidos del modo siguiente: el trabajo es base primordial de la organización social, política y económica de la nación, la libertad para organizar sindicatos, el derecho de huelga, el no reconocimiento de sindicatos paralelos, para igual trabajo igual salario, sin discriminación de sexo, edad o estado.

Las medidas no menos angustiantes fueron las siguientes: nivelación del presupuesto público, control de las importaciones, freno del contrabando, inicio de un promisorio retorno de capitales emigrados, la desviación de recursos monetarios hacia el sector público con una imposición a los altos precios del azúcar en el mercado mundial, la erradicación de importantes puntos de corrupción administrativa e inicio del saneamiento de las empresas del Estado.

Sin duda alguna, las condiciones democráticas que se desarrollaban con las políticas puestas en práctica por el gobierno de Bosch generaron una reducción cada vez más notable del aparente apoyo político que el gobierno norteamericano le había ofrecido antes de asumir el gobierno.

La posición de Estados Unidos respecto a la ayuda extranjera y a la inversión por parte de los norteamericanos en el país quedó bastante clara en el momento en que el director de la AID, Newell Williams, expresó lo siguiente: «Desde que Bosch ha estado en el gobierno nos han cerrado las puertas.» Más tarde, hacia el final de los primeros 100 días de estar Bosch en la presidencia, el embajador Martín anotaba: «Hemos consignado algo más de 50 millones para el último año del Consejo de Estado; sin embargo, ni un centavo para Bosch.»

Prácticamente desde sus mismos inicios, los intereses más oscuros de esa etapa histórica nacional habían declarado la guerra al más mínimo intento de reforma social que, a su juicio pareciera una amenaza «comunista».

Por eso el gobierno de Bosch tuvo siempre un factor en apariencia únicamente externo, adverso a propósitos democráticos que no cuadraban, que no se correspondían con el afianzamiento y control político-económico que sectores poderosos no estaban dispuestos a perder.

Ante este enfrentamiento provocado por la miopía política que observaba en toda medida del gobierno una agresión comunista, Bosch teniendo la alternativa de buscar apoyo a su gobierno en sectores internos que podían ser atraídos por los beneficios que le ofrecía su gobierno, no recurrió a ella, al menos en la amplitud y profundidad que pudo haberlo hecho.

Probablemente fue un error creer que, para garantizar la estabilidad social y política del país resultaba suficiente el apoyo condicionado que prometió el gobierno de Kennedy, por lo que no parecía importante recurrir a la ayuda de sectores internos política y económicamente de mucho peso en la vida nacional.

Esto explica como Bosch fue aislado de prácticamente todos los sectores del país hasta quedarse en una especie de plataforma que ya no podía sostenerse con sus propias bases. En este aislamiento, tuvo un peso específico de trascendental importancia la sistemática penetración de agencias norteamericanas en los diversos sectores de la sociedad dominicana.

Si bien es cierto que la política del gobierno de Bosch con relación a la clase trabajadora se expresó constitucionalmente con mucho respeto y absoluta libertad de acción, y en los planes oficiales quizás como la mejor que pudo saborear dicha clase en toda su historia de lucha, no es menos cierto que, en términos prácticos su aplicación resulto un tanto incoherente, particularmente en lo concerniente a un eficiente y efectivo seguimiento político.

De manera simultánea, un fuerte sector de la iglesia católica que se identificaba con los valores e intereses de la clase dominante había roto con Bosch desde antes de las elecciones, en cuyo gobierno la constitución no mantuvo referencia al concordato y daba preferencia a la escuela laica Hostoniana.

Con la proximidad del certamen electoral las acciones se hacen más radicales. En el mes de julio de 1962 los obispos publican una carta pastoral sobre las elecciones en la que advierten al pueblo y al gobierno que, ellos están en ¨un grave peligro de pasar a las manos de los comunistas¨.

Por su parte, el periódico católico Fides escribe que, “una campaña de persecuciones contra la iglesia estaba en curso de preparación”. El material para esta campaña habría sido enviado desde Cuba; esto es lo que se llama una afirmación temeraria e Irresponsable desde cualquier ángulo que usted la observe.

Estando ya Bosch en el poder, un obispo católico en el sermón que pronuncio en Santiago, hizo un llamado respecto a lo que él entendía como la propagación creciente del comunismo entre los jóvenes, y más aún, prácticamente sugería que el ejército como guardián de la democracia debía tomar las cosas en sus manos para corregir la situación.

Aunque Bosch estaba consciente de la fuerza que tenía la iglesia en todos los sectores y grupos dominicanos, producto precisamente de sus avanzadas ideas y amplio sentido democrático, permitió que esta se manifestara e hiciera efectiva esa fuerza de manera abierta y masiva, y con evidentes propósitos de socavar las bases de su gobierno.

Varios mítines de «reafirmación cristiana» fueron permitidos a la iglesia. En estas manifestaciones, bajo el pretexto de combatir el comunismo, la extrema derecha creaba el apoyo de masas que necesitaba para dar el golpe de Estado contra Bosch. Mientras tanto, el presidente de la república no aparecía en público, no hablaba por televisión, ni inmovilizaba a sus parciales.

Otro sector muy fuerte y que sólo precisaba de las condiciones que iba creando la extrema derecha en las masas populares para llevar a cabo el golpe, lo constituían algunos miembros de la alta jerarquía de las fuerzas armadas dominicanas; dicho sector, además de que se mantenía en expectativa y que su confianza hacia el gobierno decrecía con el auge de la propaganda que acusaba a Bosch y su gobierno de comunista, se sintió afectado por el control a que fue sometido el contrabando que beneficiaba sustancialmente a muchos con cuantiosas entradas extras salariales.

Uno de los choques más fuertes con los jefes militares se produjo cuando Bosch contestó negativamente a una solicitud de la aviación para adquirir algunos aviones Hawker Hunter valorados en 6 millones de dólares, pues se había denunciado que esto implicaba una sustancial comisión del 20 % sobre el valor total de la compra, es decir, 1.2 millones que supuestamente irían a engrosar los bolsillos de unos cuantos.

Lo peor de todo fue que un hombre como Bosch que conocía lo que significaba tener en su contra todo un ejército, tampoco se preparó lo suficiente para garantizarse un apoyo amplio de este sector, sobre todo, si tomamos en consideración que antes del golpe ya se habían registrado otros intentos de los cuales el presidente estaba perfectamente enterado, y sin embargo, por lo ocurrido el 25 de septiembre, Bosch probablemente muy influido por la seguridad que él sentía respecto del apoyo político ofrecido por el gobierno norteamericano a través de su embajador Martín, no tomó a tiempo las medidas que se requerían para evitar el derrocamiento.

Políticas públicas no menos trascendentes que alejaron el apoyo de sectores importantes de la vida nacional, estaban dirigidas a los importadores, exportadores y terratenientes que eran en buena medida rabiosamente anti-boschistas. Los comerciantes estaban muy molestos por la puesta en práctica de acciones orientadas al control de las divisas. Pero, además, una amplia política de cancelaciones de empleados motivó cientos de protestas en prácticamente todos los sectores de la sociedad sin que tampoco en este caso se pusieran a caminar planes gubernamentales que absorbieran parte de la creciente mano de obra ociosa.

En los periódicos de la época hay constancia de protestas casi a diario contra las progresivas cancelaciones; incluso el sindicato manejado por militantes de izquierda, como la UNION, llego a organizar protestas públicas contra esta práctica.

Las demandas se concentraron en el cese de las cancelaciones «injustificadas» por la restitución en sus puestos de los servidores que habían sido despedidos «injustamente», y por la inmediata creación del servicio civil o de una comisión que funcionara como tribunal frente a los conflictos que surgieran entre los servidores públicos.

La organización de empleados públicos FENEPIA, a sólo tres meses de estar Bosch en el poder, dispuso una huelga general para iniciarse el día 9 de mayo de 1963 que afectaba a todas las dependencias del Estado. En esta ocasión, por el apoyo que tenía el gobierno en este sector burocrático y sin duda por las medidas tomadas con el auxilio del ejército, y la policía para contrarrestar cualquier brote de violencia, el llamado a huelga fracasó en la mayoría de los ministerios del país, pues sus empleados no acataron el llamado.

Bosch tampoco gobernó con el apoyo abierto de la izquierda. Su relación con este sector no estuvo claramente definida, aunque era el aspecto de su política más vigilado y controlado por los organismos de seguridad de Estados Unidos. En lo concerniente a la clase trabajadora y el campesinado que es donde Bosch pudo haberse ganado un mayor apoyo organizado, no se dieron pasos firmes que conllevaran a consolidar su régimen sobre la base de la potencial fuerza de estos sectores.

De aquí que Goff y Locker escribieran: «El torpe manejo del apoyo obrero, combinado con la división de las confederaciones sindicales hechas por los organismos entrenados en los Estados Unidos, privaron a Bosch de su arma más efectiva en contra de un golpe de derecha; un movimiento de masas organizado que en cualquier momento pudiera ser armado para contrarrestar a los militares, pero Bosch rehusó usar la violencia. Lo que pudo haber sido una sólida base de apoyo, una fuerza laboral y campesina organizada, había sido socavada por la infiltración y manipulación de organismos norteamericanos.

La confianza que parecía tener el presidente Bosch en el gobierno norteamericano era de tal magnitud que, poco después de ser elegido presidente de la República, en compañía de uno de sus consejeros, se reunió en Washington con George Mcany, Jay Lovestone y Andrew Mcclellan, para plantearle que dada la debilidad que acusaban los sindicatos del país a causa de la competencia entre unos y otros, se hacía inminente unirlos a todos en una sola federación que comparó con la AFL-CIO.

En esta conversación se acordó seguir hablando sobre el tema, pero, como era de suponerse, poco después la confederación nacional de trabajadores libres (CONATRAL), que era el fruto de la división promovida por AFL-CIO en el seno de FOUPSA, salió acusando a Bosch de tratar de dominar el movimiento obrero como el «dictador Trujillo».

Los que Bosch consideraba amigos de sus ideas hicieron exactamente todo lo contrario, división y sólo división, Esta denuncia de CONATRAL circuló rápidamente entre los sindicatos existentes y tuvo una significativa aceptación en el nivel de dirigentes sindicales y miembros de base, que en su gran mayoría no contaban con suficiente conciencia de clase que les permitiera profundizar sobre esta acusación.

Con excepción de FOUPSA-CESITRADO, dos importantes núcleos de sindicatos que se unieron y se identificaron con la política del gobierno, de los que dos de sus dirigentes, Miguel Soto y Monegro llegaron a ser diputado por el Distrito Nacional, todos los demás sindicatos, en una u otra forma se opusieron a la formación de una central única de trabajadores. Hasta la UNION abogaba en sus comunicados y mítines por una mayor independencia del movimiento obrero dominicano.

Durante el gobierno de Bosch los dirigentes sindicales le dedicaron poco tiempo a la organización de la clase trabajadora, aunque, fue notable el trabajo que en este sentido hicieron los representantes de la AFL-CIO para dividir el movimiento, atomizarlo y debilitarlo.

A través de CONATRAL organizaron una federación nacional de trabajadores azucareros, en cuyo acto de inauguración hablaron el secretario general de dicha organización y Leonardo Roland, representante de la ORIT; sin embargo, más que a organizar grupos sindicales, se dedicaron fundamentalmente a desarrollar una lucha contra el gobierno y por la conquista de aumentos salariales, y mejores condiciones de trabajo que no estaba en posibilidad de soportar la economía del país.

El caso de la federación nacional de hermandades campesinas (FENHERCA) es quizás de los que más llaman la atención, pues no se tuvo en consideración que una organización como esta que agrupaba a un amplio sector de pequeños propietarios y proletarios agrícolas, requería de atenciones especiales del gobierno para mantenerla, fortalecerla y no dejar que se desintegrara precisamente en los momentos en que los sectores dominantes consideraban que ya no sería muy útil a sus planes políticos.

La Confederación Autónoma Sindical Clasista-CASC, que era entonces una de las centrales sindicales que agrupaba a importantes núcleos de la clase trabajadora, y que fue la que más luchó por la conquista de pactos colectivos de condiciones de trabajo, en 1971 expresaba lo siguiente: En febrero de 1963 se instaló el gobierno del profesor Juan Bosch, que ha sido el gobierno que más ha respetado los derechos humanos del país.

Sin embargo, cometió errores de trascendencia sindical, quizás dependiendo mucho de los conocimientos y antecedentes de Miolàn que había trabajado con Lombardo Toledano, un gran intelectual mexicano y dirigente máximo de la confederación de trabajadores de América Latina (CTAL). Fue así como intentaron crear una «Central Única impuesta por el gobierno » que recibió el rechazo de la clase trabajadora, pues recientemente habíamos sufrido una dictadura y cualquier intento de atar a la clase trabajadora a una sola central sindical resultaba poco comprensiva. Además, no se veían líderes sindicales que pudieran llevar a efecto ese proceso de unificación sin que surgiera cierto grado de incredulidad y desconfianza.

En estas mismas circunstancias la CASC acuso al gobierno de intentar la eliminación de FENEPIA y la federación nacional de maestros (FENAMA) por parte del gobierno de Bosch diciendo que, esto había originado el alejamiento y desconfianza de los trabajadores organizados.

Independientemente de que la mayoría de los altos dirigentes de la CASD eran personas honestas, generalmente bien formadas y con muy buenas intenciones, su negativa a la constitución de una central única de trabajadores era sólo una muestra de su oposición a unirse con otros sectores organizados de la clase trabajadora que no compartieran en parte o en su totalidad su política sindical. Esta actitud de la CASC originó su división en 1972, cuando se crea la Central General de Trabajadores dirigida por Francisco Antonio Santos.

Ver Articulo: Emilio Betances, El Movimiento Sindical Dominicano y la Izquierda: un legado agridulce.

Como producto de una visión política sesgada y de un escaso conocimiento de la coyuntura histórica que se vivía, en el mitin organizado por la UNION el 1.º de mayo de 1963, tres de sus principales consignas fueron: luchar por la libertad sindical, por la independencia del movimiento obrero y por la defensa y ampliación del derecho de huelga.

Pues más que luchar por conquistas que ya disfrutaban todos los sectores de la vida nacional, hasta tal punto que fueron utilizados para derrocar al gobierno, lo más lógico y consecuente hubiera sido aprovechar la manifestación para fortalecer los niveles de conciencia de clase del obrero y, ocuparse de temas de mayor transcendencia, pero en el fondo todo apuntaba a una trama conspirativa contra el gobierno.

Realmente ese era una coyuntura propicia para darle una explicación objetiva de las maniobras políticas que venían realizando sectores de la oligarquía para hacer desaparecer un gobierno democrático que dignifico, y respeto más que nadie los derechos fundamentales de la clase trabajadora y no para asumir como justificación, supuestas debilidades políticas, económicas e ideológicas del gobierno de Bosch.

Por otro lado, entre las huelgas que organizaron los trabajadores en demanda de aumentos salariales, se pueden señalar la de la Corporación Dominicana de Electricidad, cuyo sindicato planteaba el aumento de salarios para los trabajadores; la del sindicato de la manicera, huelga que tenía como objetivo obligar a la empresa a firmar un pacto colectivo de condiciones de trabajo y fundamentalmente que se pagara a los obreros un 22 % de lo que cada uno había ganado en el año recién terminado por concepto de bonificación.

La huelga duró unos 10 días y en ella se planteó una posición contraria a la política de despidos de obreros y empleados. Otra huelga que tuvo una duración de 14 días fue iniciada el 5 de abril de 1963 por los obreros de factoría del Central Romana. Al principio, la huelga no influyó significativamente en la producción azucarera, sin embargo, once días después, es decir, el 16 de abril, adoptó un carácter general que afectó así a todos los departamentos de obreros y empleados del central.

Su demanda consistía en que se aplicara la tarifa de salarios aprobado en enero de 1962, la cual, según los trabajadores, consignaba un aumento de salario para los obreros, mientras que la empresa alegaba que solo tenía obligación de aplicarla a los nuevos trabajadores que se emplearan. Los sindicatos del Central Romana Corporation, los del Central Romana By-Product Company (FURFURAL) y las asociaciones de empleados y técnicos azucareros se habían unido en la lucha. La fuerza de esta unidad pasó por encima de una disposición de la corte de apelación de San Pedro de Macorís, la que al estimar como ilegal esta huelga, fijó a los obreros un plazo de 48 horas para que retornaran a su trabajo, pero la disposición no fue acatada por los trabajadores.

En el proceso de búsqueda de una solución al conflicto intervinieron altos funcionarios del gobierno, como Ángel Miolàn, dos exdirigentes sindicales y en ese momento diputados por el PRD, y hasta un avión de la fuerza aérea dominicana dejó caer miles de volantes en la Romana, invitando a mantener un clima de orden y serena postura.

En los últimos días de la huelga los obreros modificaron sus demandas reduciéndolas al pago de 30 días de salario, como compensación del dinero que alegaban le había retenido la empresa al no aplicar la tarifa de salarios; a que se les pagaran los días en que se mantuvo la huelga (15 días), y a que la empresa se comprometiera a negociar pactos colectivos de trabajo a partir de los cinco meses siguientes.

Frente a esta flexibilidad de los trabajadores, la empresa sólo aceptaba las dos últimas demandas, y de la primera el pago de 15 días de salario. Acogida esta contrapropuesta, la huelga llega a su fin el 19 de abril.

Por último, conviene apuntar que en líneas generales la lucha hasta aquí desarrollada por la clase obrera, producto de su escasa conciencia de clase, se limitaba en lo fundamental a la búsqueda de la máxima ventaja individual, lo cual alejo mucho sus posibilidades de actuar como un instrumento afectivo de defensa de los intereses de clase de manera integral.

SITUACIÓN REGISTRADA TRAS EL DERROCAMIENTO DEL PRESIDENTE JUAN BOSCH

Después del derrocamiento del gobierno de Bosch es instalado un triunvirato con el apoyo de los peores intereses nacionales y extranjeros. Este nuevo gobierno, fiel representante de los intereses del sector oligárquico, ejerció el poder en base a una explotación y corrupción sin límites, y una represión despiadada en todos los niveles y dimensiones.

Por su origen mismo, el triunvirato fue un régimen que favoreció y profundizó la corrupción administrativa hasta que muchos llegaron a apreciarla como algo normal y provechoso para el país, la desorganización del Estado y el contrabando se reflejaban en un caos económico manejado bajo la ley de sálvese quien pueda, agravando de este modo el crecimiento de la dependencia respecto de Norteamérica.

Por su origen fangoso y por su naturaleza elitista y populista, este régimen fue abiertamente anti obrero. Apenas 48 horas después del golpe, las cárceles dominicanas estaban repletas de presos políticos, y al término del tercer día se hablaba ya de una huelga general programada en todo el país a través del sindicato de chóferes públicos.

Las movilizaciones callejeras se multiplicaron y el descontento general era tal que el mismo John B. Martín, embajador de Estados Unidos, comentaba en círculos de su confianza que: El golpe ha sido una estupidez patrocinada por los peores intereses dominicanos y estadounidenses.

La protesta contra el derrocamiento de Bosch aparecía casi a diario en la prensa; el 30 de septiembre de 1963 se realizó una asamblea de estudiantes universitarios para condenar el golpe militar. El 4 de octubre diversas organizaciones profesionales se pronuncian en repudio al derrocamiento y contra las crecientes detenciones y prisiones ilegales; el día 7 de ese mismo mes la agrupación política 14 de junio, repudia al Triunvirato calificándolo de «títere e impostor», el mismo día 7 más de 70 sindicatos afiliados a la CASC se pronuncian en contra del golpe militar, al mismo tiempo que denunciaban la postura adoptada por los patronos al congelar las bonificaciones, salarios y contratos colectivos de trabajo.

Por otro lado, los partidos que apoyaban al Triunvirato responsabilizaron a Estados Unidos por los actos de subversión que pudieran generarse en el país, ya que el gobierno de Kennedy presionaba para que se entregara el poder al DR. Juan Casanova Garrido, quien en reunión secreta de Senadores y Diputados del PRD fue elegido presidente provisional de la República.

Como una forma de presión al Triunvirato, el presidente Kennedy llegó a cancelar la ayuda económica y militar de Estados Unidos. Una posición rabiosamente anticomunista y una total identificación con los sectores más reaccionarios del país, llevó al Triunvirato a ofrecerle al gobierno norteamericano las facilidades necesarias para instalar en la República bases militares que tendrían por objeto una acción conjunta contra el régimen de Fidel Castro, a cambio de que Estados Unidos reanudara las relaciones diplomáticas con la República Dominicana.

La situación llegó a tornarse tan difícil para el Triunvirato que se vio precisado a decretar el 7 de octubre de 1963 el estado de sitio en todo el territorio nacional, al tiempo que se suspendía todo derecho de asociación.

Para el día ocho de este mismo mes fue promulgada la ley número 6 prohibiendo la organización, existencia y actividades comunistas; el otorgamiento de nombramiento y contrato para una función o empleo público, municipal en instituciones oficiales, autónoma o en empresas del Estado, quedó prohibido a los afiliados a partidos comunistas; de igual modo fue prohibida la entrada al país de dominicanos o extranjeros que profesaran las ideas comunistas.

Además, el Triunvirato derogó la ley que fijaba precios topes para el azúcar y mieles vendidos al extranjero, dejando así sin efecto la ley número 24 del 10 de mayo de 1963 promulgada por el gobierno de Bosch.

Con esta medida, el Triunvirato buscaba demostrar al gobierno norteamericano que su régimen era capaz de hacer lo que Bosch no hizo contra los sectores que simpatizaban con el supuesto comunismo, sino que estaba en la plena disposición de poner en sus manos la economía y la política a seguir en el país.

El grado de represión llegó a tales extremos que, a mediados de junio de 1964 centenares de casas de varias ciudades del país fueron golpeadas durante la noche y cuando abrían las puertas los hombres que allí se encontraban eran apresados. Hubo casos en que uno solo de aquellos sorprendidos ciudadanos fue pateado y golpeado por más de 30 guardias que, con igual facilidad quebraban un brazo, rompían una costilla o les despedazaban el rostro a culatazos a un jovenzuelo.

Cuando el Triunvirato fue cuestionado al respecto por los periodistas, su máximo jefe se limitó a decir que estas órdenes se habían dado porque el régimen tenía informes de que, por motivos de la fecha 14 de junio se iba a producir agitación pública. En realidad, este hecho fue sólo una muestra que hacía pensar hasta donde estaba el Triunvirato dispuesto a llegar para mantenerse en el poder. Durante los 19 meses de gobierno del Triunvirato pudo apreciarse que la crisis económica y política se agudizó, y la mayor parte de los sindicatos fueron fuertemente golpeados, divididos o desaparecidos.

Las organizaciones que agrupaban el mayor número de trabajadores eran: la confederación autónoma de sindicatos cristianos, la cual constituía la fuerza laboral con más obreros afiliados y quien doce días después del golpe se pronunció en contra de este, la confederación nacional de trabajadores líderes abiertamente golpista y plenamente identificada con la ORIT Y LA AFL-CIO.

Existían también FOUPSA-CESITRADO Y LA UNION, pero en ese momento contaban con escasa organización y fuerza para enfrentar a los golpistas. En realidad, la fuerza laboral organizada que existía acusaba una fuerte debilidad orgánica e ideológica. Sin embargo, la represión se tornó tan cruda y necesaria para el sostenimiento del régimen que los sectores populares por fuerza iban tomando cada vez más conciencia de la situación que vivía el país.

Estas condiciones propiciaron la unidad de acción entre el Partido Revolucionario Dominicano, las izquierdas y todas las organizaciones democráticas, destacándose como vanguardia los chóferes públicos y los muelleros.

La máxima expresión de esta unidad se inició con la histórica huelga del 2 de mayo de 1964, cuyos objetivos eran: protestar contra la ley 360 que aumentaba la cotización de los trabajadores en el seguro social, contra la institucionalización del contrabando, que afectaba de manera especial a los medianos y pequeños comerciantes, por la conquista de mejores condiciones de trabajo y aumento salarial a los obreros azucareros, contra el aumento de los impuestos dirigidos a vehículos, gasolina y otros artículos afines importados, por la vuelta a la constitucionalidad de Bosch como presidente, amnistía general para los presos políticos y el cese de la represión.

Durante el desarrollo de esta huelga las bases del impopular régimen se tambalearon, pues, en sólo una semana se movilizó casi todo el país, hombres y mujeres salieron a la calle para obstaculizar el tránsito, romper vidrieras, derramar basura en las calles, quemar gomas usadas, muchos comerciantes se vieron obligados a cerrar sus puertas, etc.

Ante esta situación el gobierno decretó la ley de emergencia y como llegó un momento en que la policía no podía seguir luchando con la gente del pueblo que se había integrado a las protestas, fue necesario que el ejército también interviniera para poder controlar lo que parecía ser una verdadera batalla del pueblo contra el gobierno. Solo utilizando todo su aparato represivo, el gobierno pudo lograr el levantamiento de la huelga el día 8 de mayo, es decir, seis días después de su inicio. No cabe duda de que la participación dinámica de importantes sectores de la clase trabajadora en esta huelga reflejaba desde ya, más que un alto grado de descontento general y un aumento de su conciencia política.

Como era de esperarse ante un hecho así, el gobierno se apresuró a recrudecer más aún sus métodos represivos, ya que, con la huelga aparecía la posibilidad de que se produjera un movimiento más sólido y amplio que culminara con la desaparición del régimen, tal como ocurrió ciertamente en abril de 1965.

Después de esta huelga la actitud anti obrera del gobierno fue mucho más abierta y decidida, y casi inmediatamente después se procedió a disolver el sindicato de chóferes; al sindicato de trabajadores portuarios de arrimo –POASI- se le golpeó rudamente congelándole los fondos sindicales y creándole un sindicato amarillo paralelo llamado STAPI, el cual estaba asesorado por uno de los sindicalistas entrenados por organismos norteamericanos infiltrados en el movimiento obrero dominicano.

Una de las centrales sindicales que quedó más afectada fue la CASC, con más de 250 dirigentes sindicales encarcelados; perdió más de 15 sindicatos en Santiago, entre ellos el de la Tabacalera, Tenería Bermúdez, Tenería Bobos y otros en todo el país; de sus 120 sindicatos afiliados perdió más de la mitad y 350 directivos sindicales fueron despedidos de sus trabajos.

Una muestra de la magnitud e intensidad de la represión desatada y de la fuerza que habían adquirido los patronos, la constituye el caso de la Jabonería Valencia de Santiago donde se despidió a todos los trabajadores y sin mucha dificultad fueron sustituidos por otros. A pesar de lo duramente que fue reprimida la clase trabajadora, a mediados de enero de 1964 se realizó una de las más importantes huelgas en contra del Triunvirato; nos referimos a la huelga de los trabajadores del Central Romana Corporation, afiliados a los sindicatos de factoría, de calderas y molinos, y de ferrocarrileros. Se unieron a la huelga los sindicatos mecánicos libres y democráticos, serenos, mantenimiento de batey, carpintería, ebanistas y constructores, y almacenes de azúcar.

El objetivo de esta huelga era lograr que el Central Romana otorgara las bonificaciones a los trabajadores tal y como habían hecho los ingenios del Estado. Ante esta demanda, la empresa extranjera argumentaba que las bonificaciones no estaban contempladas en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Frente a esta situación, la cual pudo haber generado cuantiosas pérdidas para el emporio azucarero, ya que en el momento de la huelga existían más de 20.000 toneladas de caña cortadas que corrían el peligro de dañarse, los dirigentes de la empresa recurrieron, entre otras cosas, a firmar un contrato colectivo de trabajo con un sindicato que realmente no existía, puesto que, fue creado para romper la huelga y anular así el pacto que los trabajadores habían firmado en 1963 durante el gobierno de Bosch.

Además de este paso, el Estado intervino en las negociaciones a través de la Secretaría de Trabajo y la huelga fue declarada ilegal. La sentencia de los representantes de la ley fue la siguiente: Los obreros deben volver a sus labores porque la empresa tiene razón y además amenaza con suspender la zafra azucarera, y ésta es una de las principales fuentes de divisas del Estado Dominicano. De un gobierno títere anti obrero y corrupto como el Triunvirato no podía esperarse una sentencia más simplista y aparentemente ingenua.

En estas condiciones la clase trabajadora continúa su resistencia y para el 26 de enero de 1965 el Sindicato Unido de la Romana y el Sindicato de Trabajadores Portuarios de Arrimo (POASI), convocan a un congreso nacional de sindicatos que tuvo lugar durante los días 6 y 7 de marzo de ese mismo año en el Centro Social Obrero de Villa Francisca.

El documento que recogía la convocatoria estimulaba la aceptación de este y la participación de todos los sectores sindicales democráticos, señalando que un poderoso frente unitario de lucha obrera podía lograr: «Disminuir el costo de la vida, aumentar los salarios, evitar los atropellos, impedir la promulgación de leyes anti obreras y hacer detener las violaciones de pactos colectivos, la retención de fondos sindicales y hacer respetar la libertad sindical y los derechos humanos».

Este congreso presidido por Teófilo Ortiz («Pata Blanca»), se realizó con la participación de 75 sindicatos que cubrían las áreas del transporte marítimo y terrestre, industria azucarera, básicos de alimentación, construcción, comunicaciones, textiles, impresores y artistas.

Cada uno de estos sindicatos fueron previamente visitados por un delegado de las organizaciones convocantes, e invitados a discutir en asamblea su participación en la agenda del congreso. Esta capacidad de organización garantizó en gran medida la buena representatividad en el evento.

Entre los principales acuerdos tomados, Sánchez Córdoba señala los siguientes: Salarios mínimos de $4.00 diarios para los trabajadores de la ciudad y $3.00 para los agrícolas; rebaja en los precios de artículos de primera necesidad, reducción de los alquileres a la mitad y servicios médicos eficientes con el seguro social en manos de los trabajadores.

También se exigía el cese inmediato de los despidos y desalojos campesinos; revisión total del código de trabajo con la participación de los trabajadores, en especial en lo concerniente a despidos, huelgas y prestaciones, derogación de las leyes que consignan un aumento en los artículos de consumo y prohíben las huelgas y sindicalización del empleado público.

Se exigía además la puesta en vigencia y práctica de los postulados contenidos en la constitución de 1963; particularmente el que declaraba al trabajo como base primordial de la organización social, política y económica de la nación dominicana, la libre sindicalización, no reconocimiento de sindicatos paralelos, prohibición de los monopolios y la posesión de tierras en exceso, la erradicación del analfabetismo, inviolabilidad de la vida, la no deportación de dominicanos y regreso de los exiliados; inviolabilidad del domicilio, y libertad de pensamiento.

Pese a la represión y las amenazas del gobierno a los principales organizadores del congreso, éste se realiza y condena abiertamente el estado de cosas, hace acuerdos para fortalecer la lucha sindical y para la recuperación de una serie de conquistas perdidas.

Sin embargo, casi ninguno de los acuerdos asumidos en el congreso se puso en práctica o pudieron ser logrados, pues sus resultados quedaron en las manos de FOUPSA, y su debilidad orgánica e ideológica no permitió que cumpliera su importante responsabilidad ante la clase trabajadora del país.

Es muy probable que el incumplimiento de los acuerdos asumidos en el congreso de marzo de 1965 constituyera una prueba de la falta de madurez de la clase obrera para enfrentarse a un régimen como el Triunvirato, que ahogó las principales conquistas ya obtenidas, además de desconocer en todo momento las legítimas aspiraciones del pueblo dominicano.

Pero esta misma situación de opresión había de crear las condiciones para que un sector importante de los trabajadores, y en general el resto del pueblo identificado con la necesidad de un régimen más justo, adquiriera mayor conciencia y madurara más aún sus aspiraciones.

En estas circunstancias, la insurrección de abril de 1965 se aproxima, los sectores más avanzados políticamente asimilan y analizan la situación caótica a la que se había llevado al país, y la crisis llega a su máxima expresión en la revolución constitucionalista de 1965, en la que tuvieron una participación destacada los trabajadores agrupados en POASI, Sindicato Unido de la Romana, FOUPSA-CESITRADO, la CASC, y otros no menos importantes.

Es de este modo como malogran prácticamente todas las conquistas del pueblo dominicano obtenidas durante los siete meses del gobierno del profesor Bosch. En consecuencia, reapareció el atraso, se perdieron las perspectivas de desarrollo y progreso visualizadas por Bosch, pero que una parte importnate del pueblo dominicano no estaba en capacidad de comprender y aceptar.

Producto de esta lamentable incomprensión el pueblo dominicano se ha visto en la obligación de pagar muy caro la recuperación de los derechos conquistados durante el gobierno de Bosch, los que le han sido negados y arrebatados cada vez que estos representan un peligro para los intereses del capital voraz y sus mejores representantes criollos y extranjeros.

Como resultado del brutal acontecimiento que significo el derrocamiento de Bosch, hubo que enfrentar con valentía una segunda intervención militar norteamericana y más de tres mil dominicanos que dieron sus vidas en la revolución de abril de 1965 bajo la consigna popular «el retorno a la constitución» y el de juan Bosch a la presidencia.

En general, es bueno atestiguar que el pueblo dominicano desempeño en esta heroica gesta un papel determinante que convirtió este movimiento en un acontecimiento político de primer orden con vivo contenido revolucionario destinado a fortalecer, y profundizar los valores patrióticos y a vigorizar en forma apreciable la conciencia política de las clases oprimidas.

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Periódicos y Revistas de la época
Entrevistas personales a líderes sindicales, como lo fue el caso de Justino José del Orbe, amigo y compañero de lucha de Mauricio Báez.