Por: Armando García | El 29 de noviembre del pasado año 2022 se sometió al Congreso Nacional la modificación a la Ley 41-08 sobre Función Pública donde el actual gobierno ha sido sorprendido a los dominicanos por los planteamientos y sugerencias del Ministerio de Administración Pública (MAP) en el capítulo III de este anteproyecto de ley, que pretende degradar aún más la función de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro del Estado y subrogarla bajo la supervisión de un viceministerio de innovación y tecnología, que es lo mismo a convertir el gobierno electrónico o gobierno digital en una simple función departamental. Este capítulo atenta directamente con los objetivos que persigue el e-Gobierno que es brindar mejores servicios al ciudadano e incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación electrónica de los ciudadanos, para lo que se necesita autoridad y autonomía funcional y financiera.
Esta desacertada iniciativa del MAP de espalda totalmente a la evolución, desarrollo y tendencias del gobierno electrónico en la región y el mundo, nos colocan en una posición de desventaja frente al resto de los países donde la estructura organizativa de gestión y la transversalidad de las TIC y su gobernanza ocupan un papel de primer orden dependiente de la máxima autoridad del Estado.
Ahora quiero explicarle cual fue el impacto a las TIC con las recomendaciones de gobernanza del MAP y porque debemos cambiar el curso:
En el gobierno del PLD de 2004, se emite el Decreto No. 1090-04, el cual crea la Oficina Presidencial de Tecnologías de la información y Comunicación (OPTIC) como dependencia del Poder Ejecutivo, con autonomía financiera, estructural y funcional. En el gobierno del PRM de 2020, se emite el Decreto 374-20 que confirma las funciones de OPTIC contenidas en el decreto 1090-04 y solo le modifica que los recursos financieros serán provistos por el Ministerio de la Presidencia en vez del Ministerio Administrativo, hasta aquí se expresa coherencia y continuidad de las políticas públicas en el Estado.
Pero para sorpresa de todos, a los 5 meses y 12 días después de la correcta decisión del ejecutivo, el Presidente de la República, por recomendación del MAP, emite el nefasto decreto No. 54-21 el 2 de febrero de 2021, primero cambiando el nombre de OPTIC por OGTIC, de presidencial a gubernamental, en segundo orden, pasando su supervisión administrativa y jerárquica a un ministerio fuera del ámbito de la presidencia como lo es el MAP, significa reducir su autonomía, bajar su jerarquía y gobernanza y atentar con la transversalidad de las TIC establecida en la Ley No. 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y su reglamento.
¿Cuál fue el resultado de esta mala decisión?
Que a pesar de que este nuevo decreto le otorgaba poderes plenipotenciarios al MAP en su artículo 2: “La dirección de la OGTIC desarrollará sus funciones bajo la dependencia jerárquica del ministro de Administración Pública”, apenas 1 año y 7 meses después la República Dominicana, desciende 10 posiciones en el ranking mundial de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas y 36 posiciones en la participación electrónica de sus ciudadanos, un papel vergonzoso ante la comunidad internacional, después de que RD ocupara los primeros lugares en este mismo índice de ONU a agosto del 2020 como resultado de la eficiente gestión gubernamental del gobierno de turno.
Este resultado provocó el cambió de incumbente en la dirección general de la OGTIC a inicio del año en curso 2023 y aunque debió también ser considerado un llamado de atención al MAP, la moraleja aquí para las actuales autoridades es la siguiente: las recomendaciones del MAP no tienen un sustento científico de gobernanza, no responden a ninguna buena práctica en el mundo, no se ajustan a lo establecido en las políticas transversales de las TIC en la END 2030, el MAP tampoco cuenta con una estructura gerencial funcional que pueda supervisar a la OGTIC (antigua OPTIC), la naturaleza del MAP está claramente definida en el artículo 1 de la ley 41-08 que lo crea como responsable de la función pública en el Estado, los municipios y las entidades autónomas y finalmente el resultado obtenido por el MAP en estos casi dos años de supervisión de la función de TIC provocaron un colapso que nos sacó de la competencia como país de avanzada en la implementación de las TIC y el gobierno digital.
Cuál es la tendencia actual en la evolución de las TIC en Latinoamérica y el Caribe?
Lo que actualmente sucede con la gestión de las TIC en la República Dominicana, es contrario a la tendencia regional y mundial, que es la de resaltar la importancia de las TIC y su transversalidad en el Estado como motor de desarrollo tal como lo expresa la END 2030. Al día de hoy ya se ha creado la figura del CIO (Chief Information Officer u Oficial en Jefe de Información) y en otros casos se ha elevado la categoría a Ministerio de TIC (MINTIC) o Secretaría de la Presidencia, citamos los siguientes países: Costa Rica, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, entre otros, todos con autonomía presupuestaria y funcional y su autoridad depende de la máxima dirección del Estado. Si observamos los ejemplos anteriores, la prioridad delegada a la función de TIC en esos países ha hecho que las tecnologías de la información y la comunicación y el gobierno digital se desarrollen más rápidamente que en países como el nuestro, cuya tendencia a la involución en las TIC y el esquema equivocado de gobernanza, nos ha colocado por debajo de ellos en el ranking global de Naciones Unidas. Como segunda moraleja, siempre debemos continuar lo que está bien y mucho más si los indicadores del país nos colocaban en los primeros lugares, aunque el mérito fuera del gobierno anterior lo sabio era darle continuidad a las buenas políticas públicas.
¿Qué deberíamos estar haciendo?
Una ley para fortalecer el marco legal e institucional de las TIC y establecer una verdadera gobernanza en el Estado
Si queremos mantenernos competentes y acorde con el desarrollo de las TIC y el gobierno digital en el mundo, la creación de un Ministerio de TIC o un instituto similar al INDOTEL es la dirección a seguir.
En primer lugar me permitiría sugerir que la OGTIC vuelva a su estado anterior en nombre (OPTIC) y atribuciones y que su dependencia jerárquica y financiera dependa de la Presidencia de la República y que se aplique el mandato de la END y el decreto que la reglamenta en sus artículos 16 sobre política transversal de TIC.
En segundo orden, sugeriría la formulación y aprobación de una Ley TIC que cree un nuevo orden institucional y de gobernanza y que afiance el marco normativo desarrollado hasta ahora por la OPTIC, con el fin de garantizar un efectivo y sostenido desarrollo del Gobierno Digital, Abierto y Transparente en la República Dominicana.
La nueva ley de TIC debería incluir como mínimo los siguientes artículos:
1. Creación de un nuevo ministerio TIC y la figura del CIO nacional. El ministerio consolidaría varias instituciones que en la actualidad se distribuyen las responsabilidades relacionadas con las TIC. INDOTEL, OPTIC, MAP, MESCYT y los diferentes órganos y comisiones que de alguna manera tienen incidencia en el desarrollo y fomento de las TIC.
2. La parte reguladora del Indotel se separaría en una Superintendencia de Telecomunicaciones.
3. Establecer la propiedad de los datos públicos y eliminar las islas de información que otras leyes han dado a instituciones descentralizadas como por ejemplo el registro civil y la identificación ciudadana.
4. Asegurar la interoperabilidad por mandato entre todas las instituciones del Estado dominicano y crear el registro de aplicaciones públicas que permitirá compartir los recursos de desarrollo de software entre las instituciones.
5. Crear la figura del Oficial en Jefe de Información o Chief Information Officer (CIO) que sería el representante y responsable de la estrategia TIC y Ministro TIC del gobierno.
6. Establecer la obligatoriedad de implementar las normativas TIC y las sanciones correspondiente a su incumplimiento.
7. Establecer el uso de datos masivos (big data) para el análisis de las tendencias sociales para la prevención de enfermedades, la planificación de proyectos de vivienda, la construcción de hospitales y escuelas y la concentración de los servicios del Estado necesarios en un determinada demarcación, entre otros.
8. Ordenar la implementación de gobierno digital municipal con un componente especial de transparencia y rendición de cuentas.
9. Dejar claramente definido las políticas de acceso al internet y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas.
10. Seguir fortaleciendo los canales de atención ciudadana: Presencial, Web, Móvil y Teléfono.
11. Promover una legislación orientada a criminalizar los actos delictivos contra las infraestructuras de tecnologías de información y comunicación, telecomunicaciones y continuar fomentando la implementación y desarrollo de las políticas de ciberseguridad.
En conclusión tenemos ejemplos sobrados en nuestra región de las mejores prácticas que han permitido el crecimiento sostenido de las TIC con resultados visibles y relevantes en los principales ejes del gobierno digital y el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación, así como, los beneficios a los ciudadanos y los servicios públicos que estos consumen y más importante el fortalecimiento de la transparencia y la contribución a la modernización y eliminación de la burocracia en los Estados.
Solo nos falta voluntad política y una visión clara hacia donde debemos caminar en el sendero del desarrollo de nuestra República Dominicana.