el pasado 25 de junio la República de
Guatemala celebró elecciones nacionales
para elegir su próximo presidente, pero en
esta primera vuelta nadie obtuvo más del 50
por ciento de los votos, resultando los más
votados, Sandra Torres, ex primera dama y
quien lidera con el 15,04% de los votos y
Bernardo Arévalo que quedo segundo con el
12.25%, ambos deberían enfrentarse en una
segunda vuelta electoral.
Sandra Torres es dirigente política,
empresaria, ejecutiva y especialista en políticas públicas, candidata a
la presidencia de la república en el 2015, 2019 y ahora 2023, su
partido es la Unión Nacional de la Esperanza UNE, Bernardo Arévalo,
es político, diplomático, sociólogo y escritor, su partido es el
movimiento Semilla y es hijo del expresidente guatemalteco Juan
José Arévalo Bermejo.
Los resultados de esta primera vuelta han significado el
desplazamiento de las fuerzas de derecha de esa nación, que no
consiguieron pasar a la segunda vuelta electoral y en un intento
desesperado han presentado un recurso ante el alto tribunal
constitucional de Guatemala, para que detuviera la certificación de la
primera vuelta y suspendiera la publicación de los resultados
oficiales.
A pesar de que el pueblo de Guatemala acudió a votar el pasado 25
de junio de forma pacífica y ordenada, con la presencia de
observadores internacionales de todo el mundo, quienes testificaron
que la jornada electoral fue justa, legal y transparente, la corte
constitucional ordeno la suspensión de los resultados oficiales,
estableciendo 15 días para recontar, impugnar e incluso anular los
votos de toda Guatemala.
La misión de Observación electoral de Guatemala en un documento
público también señaló que, en la jornada electoral, hubo una
representación partidaria plural, durante el escrutinio, se contó con la
presencia de fiscales en el 99 por ciento de los centros de votación,
las impugnaciones solo fueron de un 7% y los resultados del sistema
de transmisión de resultados electorales fueron correctos.
La medida de la corte constitucional de Guatemala ha sido
cuestionada por numerosas organizaciones internacionales, entre
ellas la Internacional Progresista, La Unión Europea, la Organización
de los Estados Americanos OEA y los Estados Unidos, España,
Alemania, Francia y otros, quienes han expresado su preocupación,
ante los intentos de interferir en los resultados de las elecciones del
25 de junio.
El Consejo de la internacional Progresista en un documento ha
señalado que,’’ La suspensión de las elecciones crea el riesgo de una
prolongación indefinida del poder institucional por parte de una
oligarquía aterrorizada ante cualquier desafío a su control del país,
democrático o no’’, lo que constituye un grave atentado contra la
fragil democracia guatemalteca.
Asimismo, el Sec.Gral. de Naciones Unidas, António Guterres,
manifestó que está siguiendo atentamente los acontecimientos y
espera que cualquier acción tomada se ajuste a las normas
electorales establecidas. La incertidumbre y la tensión que vive hoy la
sociedad guatemalteca es algo que nos dice que debemos estar
atentos a las maniobras y acciones de los grupos de derecha que solo
defienden sus intereses.
Desde la implantación de la democracia en 1986, los Gobiernos de
derecha o conservadores han dominado el Congreso guatemalteco y
también la presidencia del país centroamericano, por lo que resulta
un duro golpe para estos sectores el que hayan quedado fuera de
esta 2da vuelta electoral, ya que siempre han estado acostumbrados
a ganar y no aceptan su derrota con facilidad.
Estas elecciones vienen precedidas de las dudosas decisiones de las
cortes de suspensión de candidaturas muy bien posicionadas en el
electorado, como la de la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera,
quien no pudo ser inscrita como candidata del Movimiento para la Liberación de
los Pueblos (MLP), la candidatura del empresario Roberto Arzú (Podemos) y la
de Carlos Pineda y decenas de otras candidaturas de otros partidos políticos.
El respeto a la voluntad popular del pueblo guatemalteco expresado
el 25 de junio, debe ser respetada, así como el derecho del pueblo de
Guatemala a elegir sus gobernantes libremente, la amenaza a la
democracia de este país centroamericano debe ser enfrentada por
todos los latinoamericanos que creen en una verdadera democracia
donde se respeten los derechos de los pueblos.
Hay que estar alerta frente a las pretensiones de la derecha de
Guatemala de violentar la voluntad popular, judicializando el proceso
electoral, amenazando gravemente la legitimidad de su proceso
democrático e intentar imponerse por medio de la fuerza y las
maniobras politiqueras, ante lo que no pudieron lograr en el proceso
electoral del mes de junio, donde fueron claramente derrotadas.
Concluimos con estos senalamientos de la OEA ,»no existe razón para
sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran
a afectar las escogencias del electorado en la carrera presidencial» y
la UE que señaló que, ‘’las instituciones judiciales y partidos políticos
que respeten la clara voluntad de los ciudadanos expresada
libremente en las elecciones del 25 de junio».
