Debe de llamar poderosamente la atención de las autoridades lo
que está ocurriendo en la actualidad con gran parte de los negocios
chinos, especialmente los que se dedican a la venta de efectos del
hogar que operan en la Avenida Duarte de la capital dominicana.
En un ligero recorrido que se haga por algunos de esos
establecimientos se podrá notar la gran cantidad de empleados
extranjeros (sobre todo de nacionalidad haitiana) que laboran en esos
negocios.
Sorprende que la presencia de dominicanos es irrisoria, por lo
menos en los cargos de atención al cliente y despacho, sobresaliendo
la mano de obra china y haitiana.
La verdad que desconozco si ese tipo de negocio que operan los
nacionales chinos en nuestro país se rige por algún régimen especial
que les permita tantos privilegios, porque de no ser asi, estaríamos
en una franca violación al estatuto laboral que rige en la Republica
Dominicana.
El artículo 135 de la Ley 16-92, que instituye el Código de
Trabajo en República Dominicana, dispone, de manera expresa, que
“el ochenta por ciento, por lo menos, del número total de
trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.
De forma similar se expresa el artículo 136 del referido texto, al
establecer que “los salarios percibidos por los trabajadores
dominicanos de una empresa deben ascender, en conjunto, al
ochenta por ciento, por lo menos, del valor correspondiente al pago
de todo el personal”.
Quedan exceptuados de las disposiciones de este artículo “los
salarios percibidos por trabajadores que desempeñen labores
técnicas, de dirección o gerencia”, o cuando se trate de “trabajadores
de talleres de familia”, lo cual no es caso que nos ocupa.
De conformidad con estudios e indagatorias realizadas, esa
cuota 80/20 que deben aplicar las empresas, comerciantes, hoteles,
centros de diversión, productores agropecuarios y otros de República
Dominicana, fijada en los artículos 135 y 137 del Código de Trabajo,
se ha convertido en letra muerta, siendo reiteradamente violada por
los llamados a hacerla cumplir.
A gran parte de los empleadores les interesa la mano de obra
ilegal, por la vulnerabilidad y la falta de documentación, los cuales se
adaptan a trabajar en condiciones precarias que un dominicano ni
otro ciudadano lo haría ni en su propio país.
Se hace necesario que el Ministerio de Trabajo cumpla con su
rol, y aplique sin dobleces las normas que disponen que los empleos
deben ser primero para los dominicanos.
Las autoridades deben crear mecanismos que obliguen a que se
cumpla esa norma para que ciertos sectores, como es el caso que nos
compete de los chinos, sigan obteniendo pingües beneficios
económicos.
Se ha constituido en una práctica ya que muchas empresas del
país buscan mano de obra vulnerable (extranjeros ilegales) porque
esas personas, por su estatus, no reclaman y hasta le dan
determinadas concesiones para que callen, así como mayores
oportunidades y privilegios en perjuicio de la mano de obra
dominicana.
Resulta lamentable que el Departamento de Inspección del
Ministerio de Trabajo de la República Dominicana no pueda exhibir ni
siquiera una sanción en contra de ningún empresario por que haya
incumplido la cuota de 80/20.
Si no hay sanción ni régimen de consecuencia los empleadores
de esos sectores continuarán empleando más extranjeros que
dominicanos, lo que se constituye en un atractivo el tráfico de
migrantes desde Haití, que hoy se ha desbordado a nuestro país.
El caso de los negocios chinos que operan en nuestro país debe
llamarnos a preocupación porque además de constituirse ese hecho,
por sí solo, en una competencia desleal frente a sus iguales, el mismo
contribuye a elevar en el país la tasa de desempleo y los males
sociales que nos corroen.
