Opinión

Entre las funciones de un embajador o embajadora están las de aplicar y ejecutar
la política en materia de relaciones exteriores, definidas, implementadas y
diseñadas por el Presidente de la República, bajo la rectoría del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Hace unos días la actual embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Washington, la señora Sonia
Guzmán de Hernández, en una entrevista recogida por varios periódicos de circulación nacional,
expresó lo siguiente: “no creo que estén dadas las condiciones para reformar el Acuerdo de Libre
comercio con los Estados Unidos y Centroamérica-RD-Cafta, ya que los Estados Unidos no
tienen intención de que este sea modificado”.

Estas declaraciones, según los entendidos en la materia, obedecen a que dicha embajadora fue dejada
fuera de la comisión que para estos fines creó el señor Presidente de la República. Las mismas no solo
le hacen un flaco servicio al sector arrocero y a todos los sectores productivos del país, sino que entra
en contradicción y tira por las bordas los pronunciamientos del Presidente de la República Luis
Abinader sobre su política exterior de apoyo y defensa al sector arrocero dominicano, quien en su
discurso del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, de manera enfática expresó que “el
gobierno está comprometido en defender y a proteger a dicho sector ante el DR-Cafta, pues en estos
momentos cada país tiene la obligación de garantizar su propia seguridad alimentaria”.

Contrario con lo expresado por la embajadora, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes,
ingeniero Víctor (Ito) Bisonó expresó que “El gobierno se ha propuesto la meta de lograr una
renegociación en el RD-Cafta, ante el inicio del desmonte de aranceles para las importaciones de arroz.
Pueden tener la plena confianza en la palabra del Presidente, para ello creó una comisión y dio
instrucciones claras de proteger la industria nacional y vamos a dar los pasos necesarios para eso”.

Realmente lo que se busca no es modificar dicho tratado, sino, evitar que entre en vigencia en el año
2025, el desmonte arancelario total para la importación de arroz a nuestro país desde los Estados
Unidos libre de impuestos, el cual perjudicaría a este sector, tan importante para nuestra economía y
para la alimentación de los dominicanos, dada la incapacidad que tiene para competir con los grandes
subsidios que el gobierno norteamericano otorga a sus productores. De todos los productos básicos de
la canasta familiar, el arroz es el único que ha mantenido un precio estable y asequible al consumidor
desde hace más de 15 años.

El sector arrocero de nuestro país involucra unos 30,000 productores, que a pesar de las dificultades
que tiene que afrontar y sin subsidios, a base de grandes sacrificios y fuertes inversiones en tecnología,
de los países que conforman el DR-Cafta, a excepción de Estados Unidos, la República Dominicana es
el único país autosuficiente y exportador, produciendo más de 14 millones de quintales de arroz al año,
generando más de 80 mil empleos directos y 320 mil indirectos; unas 300 factorías y agroindustrias, así
como una cadena de grandes, medianas y pequeñas empresas que comercializan con este producto,
ahorrándole al país unos 600 millones de dólares al año; es el sustento económico de 21 provincias y 55
municipios.

En ese mismo sentido el diputado por la provincia La Vega, José Rafael Hernández, quien está
llevando la voz cantante en la Cámara de Diputados la defensa del sector arrocero dominicano, sometió
una resolución, la cual fue aprobada a unanimidad, en la que solicita al Presidente de la Republica
mediar para que se deje fuera la producción arrocera dominicana del RD-Cafta en el año 2025, como
una forma de evitar la quiebra total de dicho sector; la pérdida de cientos de miles de empleos directos
e indirectos y de garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad, económica, política y social del
país.