La ley 10-04 del 20 de enero de 2004, y su Reglamento No. 06-04 del 20 de septiembre de 2004 Sobre la
Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, establece en su Artículo 3.- “Recursos Públicos. Para los
fines de la presente ley, se entenderá por recursos públicos la totalidad de los bienes, fondos, títulos,
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y derechos que
pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de donde procedan, incluyendo los
provenientes de los préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier título, realicen a favor de
aquellas personas naturales, jurídicas u organismo nacionales o internacionales”.
Como se puede apreciar, el concepto abarca una gama amplia y diversa; eso significa que se requiere
implementar y mantener, controles especiales y eficaces a fin de garantizar su integridad y salvaguarda.
Es importante destacar el impacto que tendría para la economía nacional el buen uso de los recursos
públicos. De ahí que, la Constitución Dominicana establezca en su artículo 246, como unidad de control
y fiscalización de los fondos públicos, las instituciones siguientes: Congreso Nacional control político;
Cámara de Cuentas control externo; Contraloría General de la Republica control interno, y la sociedad a
través de los mecanismos establecido en las leyes.
No obstante, la existencia de esa estructura. La corrupción ha estado erosionando el Presupuesto
General del Estado de manera permanente. ¿Cuáles son las razones que explican esa infausta realidad?
A mi modo de ver, se debe a que no se cumple lo establecido en los artículos 245 y 246 de la
Constitución Dominicana; los cuales no transcribo por razones de espacio. Pero en síntesis, las fallas son
las siguientes: Primero, el Congreso Nacional no cumple con el rol que le ordena la Constitución en
cuanto al acompañamiento que debe darle a la Cámara de Cuentas; segundo, la Cámara de Cuentas esta
afectadas por falencias estructurales que la inhabilitan para cumplir eficazmente su papel, tercero, la
Contraloría General de la Republica esta invalidada, porque participa en el proceso que le toca auditar, y
cuarto, la sociedad carece de legitimidad, toda vez, que una parte de sus dirigentes y exdirigentes son
funcionarios públicos.
Ese cumulo de obstáculos, dificulta que el país pueda contar con la ejecución efectiva y eficaz del
sistema de control fiscal de los recursos públicos, los procesos administrativos y del patrimonio del
Estado. Si fuese diferente, la población se beneficiaria de la riqueza y ventajas implícitas en estos.
Lamentablemente, esa situación es consustancial a las instituciones arriba mencionadas, y para
resolverla se requiere voluntad política… Esperemos.
