Puerto Príncipe y varias ciudades de Haití han sido escenarios de multitudinarias manifestaciones violentas en los últimos días, dejando al menos seis muertos y decenas de heridos.
A República Dominicana, que es la nación vecina, llegan las noticias por los medios de comunicación o por los informes de desesperados ciudadanos que huyen despavoridos a zonas más seguras.
Las imágenes son aterradoras, hogueras por doquier, una población en las calles manifestando su desaprobación a la permanencia del actual gobierno más allá de la fecha del 7 de febrero de 2024.
Entre el 20 de enero y el 7 de febrero al menos 16 personas murieron y 29 resultaron heridas, principalmente en el contexto de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, según los despachos de prensa internacionales
Del lado oriental de la isla, las autoridades dominicanas dicen tener una cerrada vigilancia para contener posibles estampidas, que es lo que puede ocurrir en una población acosada por el hambre y la inseguridad.
La decisión de reforzar la franja fronteriza como acción preventiva debe sostenerse sin espectáculos mediáticos, propios de las gestiones populistas, reforzamiento con capacidad logística, técnica y humana para mantener el control irrestricto de la frontera.
Nuestros vecinos están en medio de dos opciones, la de los que se proclaman gobernantes y la de un gobierno que solo promete en medio de una indiferencia notoria de la comunidad internacional, que al parecer apuesta a una solución con el aporte de República Dominicana, que no está en condiciones de asumir un reto tan complejo y riesgoso.
Con firmeza, sin aspavientos y con la seriedad que el caso amerita, lo recomendable es mantener los ojos abiertos hacia la franja fronteriza. El gran problema de Haití es la desprotección, el desorden y el hambre, y hay que tomar con responsabilidad las medidas necesarias para que esas taras sociales no se manifiesten en nuestro país.
