Editorial

Evitemos una situación de crisis

La Junta Central Electoral emitió la resolución No. 18-2024, de fecha 12 de marzo de 2024, con el objetivo de establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral.

Aunque no lo establece en la parte dispositiva ni en las motivaciones es una respuesta al Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024, reclamado por el gran bloque de partidos opositores.

La resolución del pleno del órgano de comicios prohíbe el activismo político y las aglomeraciones frente a recintos electorales, de cara a las elecciones congresuales y presidenciales pautadas para el próximo mes de mayo.

Dispone también que, el día de las elecciones, no estarán permitidas las aglomeraciones de personas en el perímetro de los recintos, desde las 5:00 a. m. hasta finalizar las elecciones, decisión que incluye a las personas que ya votaron. La resolución exime a quienes estén en fila para sufragar.

Entre las acciones de la Policía Militar Electoral para el cumplimiento de la Resolución 18-2024 se destacan mantener despejadas las entradas de los recintos; no permitir el proselitismo de personas con distintivos y gafetes que hagan promoción o activismo a favor de partidos políticos, tampoco será permitida la instalación de carpas, mesas o cualquier estructura que facilite la gestión política o campaña electoral.

Por lo pronto el espectro político opositor, que se ha unificado para denunciar las malas artes impulsadas por el Gobierno ante la indiferencia del órgano de comicios, entiende razonables las medidas adoptadas en la resolución, pero considera que faltan más.

Treinta y cinco sugerencias y recomendaciones están contenidas en el pliego de garantías electorales presentadas por el universo opositor de República Dominicana, que persigue el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio, en un clima democrático, para elegir sus autoridades con las garantías que establece la Constitución.

No se trata del ‘derecho al pataleo’, como se ha pretendido presentar desde el Gobierno y su partido, lo que se persigue son soluciones a situaciones irregulares, denunciadas también por la observación electoral.

Como se advirtió en uno de los documentos entregados a la JCE por la oposición política lo que se procura, mediante mecanismos legales y democráticos, es evitarle al país una situación de crisis que todos podríamos lamentar.

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