Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador exigieron hoy verdad y justicia tras el crimen contra los cuatro niños de Guayaquil hallados muertos luego de varias semanas desaparecidos, un caso que involucra a militares.
En un evento este jueves, los universitarios rechazaron la “violencia racista” ejercida por las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno decretado hace un año por el presidente Daniel Noboa, como forma de enfrentar el crimen organizado.
La jornada comenzó con un ritual de solidaridad, memoria y respeto por los cuatro menores, que desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 cuando un grupo de uniformados se los llevaron en una camioneta y sus cadáveres aparecieron tres semanas después.
Durante el segmento teórico, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Jorge Piedra, afirmó que la historia de Ismael, Josué, Saúl y Steven es resultado de un Estado que no responde a las garantías que constitucionalmente debería entregar a todos los ecuatorianos.
La activista Geovanna Posso, de la Colectiva Esmeraldas Libre, consideró que ese tipo de hechos se deben al racismo estructural presente en la sociedad, a lo que se suma la falta de inversión estatal en un entorno precarizado y empobrecido, lo cual facilita peleas y espacios de comercio de sustancias ilícitas.
La periodista y productora de cine María Fernanda Restrepo, cuyos hermanos desaparecieron en 1988, agradeció que existan en la academia esos espacios de reflexión críticos y lamentó que haya en la actualidad otros casos de desapariciones forzadas.
Restrepo afirmó que lo sucedido con los chicos del barrio guayaquileño de Las Malvinas fue un crimen de Estado y rechazó la actuación de las autoridades con declaraciones para criminalizarlos a ellos y a sus familias, como mismo ocurrió hace 37 años con sus hermanos.
La defensora de derechos humanos y abogada Sybel Martínez reflexionó sobre lo ocurrido a los menores el pasado que evidencia la violencia estatal, así como el poder y la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Este caso trasciende lo legal y se convierte en un símbolo de desprotección estatal a la niñez y la adolescencia, aseveró Martínez.
En la parte final del foro, algunos de los estudiantes en el auditorio utilizaron el micrófono para pronunciarse contra la injusticia y por la necesidad de actuar ante lo que sucede en el país, pues existen otros casos de desapariciones.
Por lo ocurrido en Guayaquil hay 16 militares en prisión preventiva, pero el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas apelaron la sentencia que reconoció la desaparición forzada de los cuatro niños, una petición a la cual se sumó el Ministerio del Interior.
