En la República Dominicana, el debate sobre las candidaturas independientes ha
adquirido un nuevo matiz con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
(TC/0788/24). Antes de esta decisión, las candidaturas independientes existían bajo
ciertas condiciones establecidas por la Ley Electoral, criterios diseñados para
regular su presentación y diferenciarlas de las postulaciones vinculadas a partidos
políticos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE). Sin embargo, esta
sentencia ha removido esos criterios, desatando una serie de preguntas sobre su
impacto real en nuestro sistema democrático.
Previo a esta resolución, la legislación electoral contemplaba la posibilidad de que
ciudadanos y ciudadanas sin afiliación partidaria presentaran sus candidaturas. No
obstante, para garantizar un proceso ordenado, se establecían ciertos requisitos
básicos, como la recolección de firmas de apoyo ciudadano, la presentación de un
programa de gobierno y otros requisitos administrativos que aseguraban que dichas
postulaciones contaran con un respaldo real y que no se convirtieran en simples
ocurrencias de último momento. Estos criterios, lejos de ser discriminatorios,
buscaban proteger la integridad del proceso electoral y evitar una atomización de las
opciones en las boletas.
El argumento central del Tribunal Constitucional para eliminar estos criterios se
fundamenta en garantizar el derecho a la participación política en igualdad de
condiciones. Según el fallo, los requisitos establecidos por la Ley Electoral para las
candidaturas independientes eran una barrera que restringía este derecho. No
obstante, aquí surge una interrogante crucial: ¿eran estos criterios realmente
discriminatorios? Desde una perspectiva práctica, dichas regulaciones cumplían una
función organizativa y aseguraban que las candidaturas independientes
representaran una alternativa seria y viable para los votantes.
En el debate público, algunos defensores de la sentencia han afirmado que esta
decisión «crea» las candidaturas independientes o las desvincula de los partidos
políticos. Sin embargo, esto es un error conceptual. Las candidaturas
independientes ya existían previamente, y según la ley vigente, estas estaban
diseñadas precisamente para operar fuera de las estructuras partidarias. Lo que
esta sentencia realmente hace es eliminar los criterios establecidos para
presentarlas, lo que podría tener consecuencias prácticas significativas en futuras
elecciones.
Una pregunta que debemos plantearnos es: ¿qué podría suceder si se eliminan
todos los requisitos que la ley establece para postular una candidatura
independiente? En términos prácticos, esto podría abrir las puertas a un número
excesivo de aspirantes, saturando las boletas electorales y generando confusión
entre el electorado. En un país donde el porcentaje de abstención ya es
alarmantemente alto, añadir complejidad al proceso electoral podría agravar esta
tendencia. Además, un exceso de candidaturas podría dificultar la logística electoral
y la capacidad de los ciudadanos para identificar opciones claras y diferenciadas.
Por ejemplo, en un escenario donde se inscriban cientos de candidaturas
independientes, ¿cómo garantizar que los votantes puedan distinguir entre
propuestas serias y aquellas que solo buscan aprovechar la falta de regulación?
¿Estamos preparados para lidiar con esta fragmentación, tanto a nivel operativo
como en términos de educación cívica?
Finalmente, es importante preguntarse qué se persigue realmente con esta
sentencia. ¿Qué gana el pueblo dominicano con la eliminación de criterios que
buscaban garantizar la seriedad de las candidaturas? ¿Está esto vinculado con el
movimiento que busca eliminar los fondos públicos que manejan los partidos
políticos? ¿Es parte de una agenda antipolítica que busca deslegitimar las
estructuras tradicionales sin ofrecer alternativas sólidas? Estas son preguntas que
debemos plantearnos como sociedad, y cuya respuesta requerirá un análisis
profundo y honesto.
En última instancia, la ciudadanía tiene la última palabra. Más allá de las
interpretaciones jurídicas y los intereses políticos, debemos preguntarnos si las
decisiones que se están tomando realmente fortalecen nuestra democracia o si, por
el contrario, nos están llevando hacia un camino de mayor confusión e
incertidumbre.
