En los últimos años hemos sido testigos de la creciente
discriminación laboral por razones políticas que ha prevalecido en la
República Dominicana, a tal punto de haber despedido decenas de
miles de servidores públicos sólo por pertenecer a partidos de la
oposición.
El acoso a empleados públicos para que se abstengan de
participar en eventos o iniciativas de oposición al gobierno, y el
hostigamiento para que asistan y participen de actos, eventos y
elecciones promovidas por el partido oficialista han acaparado la
opinión pública en varias ocasiones.
Sin embargo, en lo que va del año 2025 han ocurrido dos
hechos, específicamente en los Ministerios de Educación y Salud,
que, a decir verdad, dejan mucho que decir de la presente gestión de
gobierno y sus tan cacareados esfuerzos por modernizar y
profesionalizar la administración pública.
Se trata de la Profesora Cristina Rodríguez Mota y el Dr. Rafael
González García, quienes laboran en el Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y en el Hospital Regional Dr.
Marcelino Velez Santana, respectivamente.
En lo que tiene que ver con la Profesora Rodríguez Mota, quien, por
el hecho de ser miembro del Comité Central del PLD, y recién electa
titular de la Secretaria de Igualdad y Equidad de Género del Partido, fue
degradada de sus funciones docentes que realizaba en INAFOCAM, a
realizar tareas administrativas rutinarias, casi secretariales, sin ningún
tipo de justificación, y ni siquiera habérselo comunicado previamente, en
franca violación al estatuto docente y a la ley 41-08, de Función Pública.
Respecto al Dr. Rafael González García, éste fue
sorpresivamente destituido como Encargado de la División de Cirugía
General del Hospital Marcelino Vélez Santana, por haber expuesto ante
los medios de comunicación las fallas y deficiencias del sistema de salud
en República Dominicana, y sobre todo, por su militancia en el Partido de
la Liberación Dominicana (PLD).
Rafael González García, quien es, además, el titular de la Secretaría
de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció, a
través de varios medios de comunicación, el colapso del sistema de salud
por la concentración excesiva de acciones administrativas y del
presupuesto en la figura del director del SNS.
La desvinculación del Dr. González García como Encargado de
División, además de evidenciar una retaliación política por su vinculación
a un partido de oposición, constituye una muestra de intolerancia y
desconocimiento a la libertad de expresión de parte de las autoridades de
salud.
En estos casos señalados se puede constatar una acción que
entraña una retaliación contra funcionarios y empleados de la
administración pública que no son afines al oficialismo, vulnerando
con ese accionar, no solo su estabilidad en el empleo, sino el derecho
a la libertad de expresión y de pensamiento.
La Constitución dominicana y la Ley de Función Pública prohíben
cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda
persona.
De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y Convenios como el N° 111 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), prohíben la discriminación laboral
basada en opiniones políticas.
La propia OIT considera que hay acoso laboral cuando existe
hostigamiento o acoso psicológico a través de acciones crueles,
vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo
o a grupos de trabajadores.
Hacemos un llamado al Ministerio de Administración Pública
(MAP) para que se pronuncie ante el atropello cometido contra los
funcionarios públicos, Profesora Cristina Rodríguez Mota y Dr. Rafael
González García, por su degradación, maltrato y desvinculación
injustificada de sus cargos, en franca violación a la Constitución y la
Ley 41-08, de Función Pública.
Urge la necesidad de adopción de medidas eficaces para obligar
al gobierno dominicano a detener el acoso laboral, la discriminación y
la retaliación que viene practicando en la administración pública por
razones políticas.
