Una abogada de las víctimas de la guerra librada por el expresidente Rodrigo Duterte contra las drogas afirmó hoy que Filipinas tiene la obligación de ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta declaración surge tras la afirmación de la vicepresidenta Sara Duterte de estar incluida en un borrador del IPC con personas de interés.
Kristina Conti, representante legal acreditada por el CPI para las familias de las víctimas, rebatió las declaraciones de la vicepresidenta, y sugirió que podrían ser un intento de adelantarse al proceso legal.
Duterte, por su parte, confirmó por primera vez su presunta inclusión en la lista durante un evento en Cebú.
La operación encubierta que condujo al arresto de Rodrigo Duterte se llevó a cabo con atención mínima pública y una alta coordinación entre agencias filipinas e internacionales.
Expertos legales lo aclamaron como un punto de inflexión, demostrando que, a pesar de la retirada del país del Estatuto de Roma en 2019, Filipinas sigue obligada a cooperar en los procesos por crímenes cometidos mientras era Estado parte.
