La Realidad del Crédito en RD»
¿Quién Realmente se Beneficia del Encaje?»
Por la Secretaría de Asuntos Empresariales del PLD:
En una economía cada vez más frágil y desconectada de la realidad productiva, el gobierno ha vuelto a aplicar una vieja fórmula con resultados previsibles: liberar parcialmente el encaje legal, presentándolo como alivio económico, cuando en realidad se trata de una maniobra selectiva y cosmética que solo beneficia a grupos muy específicos del sistema financiero y sectores privilegiados.
Desde la Secretaría de Asuntos Empresariales del PLD advertimos que esta medida, lejos de dinamizar el aparato productivo, excluye al verdadero motor de la economía nacional: los emprendedores, los pequeños productores del campo y las MIPYMES. Se ha convertido en una especie de «taza de oro» servida para un sector financiero altamente concentrado, que termina reciclando esos fondos en operaciones de bajo riesgo, consumo o compra de deuda pública, en lugar de canalizarlos hacia la producción nacional, la agroindustria o la innovación.
El gobierno ha liberado recientemente más de RD$81,000 millones del encaje legal, recursos que, según su retórica, se destinarían a sectores productivos y a dinamizar el crédito. Sin embargo, la realidad es otra: los emprendedores no acceden al crédito. A diario, jóvenes con ideas, productores rurales, microempresarios y cooperativas enfrentan un sistema bancario que les exige garantías imposibles, historial crediticio perfecto o tasas que hacen inviable cualquier proyecto productivo. El campo dominicano está abandonado por el crédito, y quienes más necesitan inversión son los menos favorecidos por las medidas del gobierno.
El caso del Banco Agrícola es un ejemplo claro y doloroso. Una entidad que, por mandato institucional, debería ser el brazo financiero del campo, hoy se comporta como un banco comercial más. Con políticas internas que consideran “de alto riesgo” al productor agrícola y ganadero, termina favoreciendo operaciones en las zonas urbanas o prestando al comercio, ignorando su misión histórica. Productores de leche, arroz, cacao, y agricultores de ciclo corto viven entre promesas, formularios y trabas burocráticas que los alejan de cualquier posibilidad real de financiamiento.
Mientras tanto, el gobierno vende la narrativa de que el encaje liberado dinamiza la economía. Pero no dice que esos recursos no llegan al campo, ni al taller, ni a la pequeña empresa de barrio. Llegan, en cambio, a los mismos grupos que concentran el crédito, a los bancos que priorizan colocaciones seguras y a sectores urbanos de bajo impacto productivo.
Esta política económica excluyente profundiza la desigualdad territorial y empresarial. El crédito es un derecho económico que debería servir para equilibrar oportunidades, no para profundizar brechas.
Durante los gobiernos del PLD, las liberaciones de encaje tenían propósito productivo y dirección estratégica: reconstrucción nacional, impulso al turismo, vivienda, fortalecimiento agropecuario, financiamiento a las MIPYMES. Hoy, esas herramientas se usan sin planificación, sin enfoque, sin impacto.
El empresariado dominicano necesita reglas claras, acceso al financiamiento y un gobierno que confíe en su gente. Las decisiones monetarias deben responder al interés colectivo, no a cálculos electorales ni a pactos de escritorio.
Desde la Secretaría de Asuntos Empresariales del PLD, exigimos una política crediticia que democratice el financiamiento, fortalezca el agro nacional, y devuelva al Banco Agrícola su verdadera función: servir al campo, no a la ciudad.
