Yulibelys Wandelpool
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Por: Yulibelys Wandelpool
Abogada, especialista en Derecho Administrativo
El cierre parcial de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, bajo el argumento de “modernizar” su capacidad, revela una verdad incómoda: la planificación estatal no puede seguir improvisándose a costa del ciudadano.
La Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) no deja espacio a dudas: movilidad segura, eficiente y sostenible es un eje para la competitividad nacional. Sin embargo, cada interrupción del Metro sin un plan integral vulnera esa visión. ¿Qué hemos visto estos días? Tapones kilométricos, trabajadores madrugando como en los 90, estrés colectivo, pérdida de horas productivas y gastos extras que golpean a la clase media trabajadora.
Esto no es un simple inconveniente: es un problema político y de gobernanza. Nadie discute que ampliar el Metro sea necesario, pero la coherencia entre promesa y ejecución es irrenunciable. Las obras públicas no pueden convertirse en sacrificios unilaterales para la ciudadanía.
La improvisación es costosa: empresas reportan caída en productividad; familias, tiempo arrebatado. Mientras tanto, el Estado incumple su propio mandato legal.
El derecho a la movilidad no es retórica: está consagrado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y el gobierno debe garantizarlo sin trasladar el caos al ciudadano.
No podemos normalizar que cada avance implique un retroceso en calidad de vida. El transporte no es un privilegio, es un derecho. Modernizar el Metro debe significar progreso, no desorden.
La pregunta es simple y urgente:
¿Seguiremos pagando el precio de la improvisación o asumiremos la planificación como principio político real?
