Por: Carlos Rodríguez | El reciente debate sobre el Código Penal crea la indignación pública que ha generado revela una falta de conexión entre el gobierno y la realidad social. La postura del presidente ante el rechazo popular sugiere un desdén por las inquietudes ciudadanas y por una legislatura que se toma libertades sin consultar a quienes realmente ejecutarán las leyes. Este acto de arrogancia legislativa subraya la incapacidad del gobierno para escuchar y adaptarse a las necesidades de la sociedad de un país .
El llamado a la promulgación de un código repleto de falencias, tras arduas jornadas legislativas, refleja una desconexión alarmante. La creencia de que un nuevo marco penal por sí solo resolverá los problemas de criminalidad se torna en un acto de ingenuidad. Esto se vuelve más evidente aún cuando se aprueban normativas que chocan abiertamente con la realidad social, como si los legisladores estuvieran en una burbuja, ajenos a las voces que exigen transformaciones significativos y efectivas .
La manipulación política en el proceso legislativo no solo perpetúa una trama de leyes ineficaces, sino que también evidencia la doble moral que rige el actuar del gobierno. La calidad y efectividad de las leyes deberían ser prioridad, no un mero ejercicio de poder para complacer demandas particulares o mantener la aparente tranquilidad en un escenario de descontento. La falta de un verdadero compromiso con el bienestar ciudadano es palpable y se traduce en un futuro incierto.
Es momento de que la administración asuma su responsabilidad y escuche a la población que representa. La política debería ser un reflejo de las necesidades y aspiraciones del pueblo dominicano , no un teatro donde solo algunos son favorecidos he inmunes y impunes . La historia nos ha enseñado que las soluciones impuestas sin consenso solo generan más problemas. La música puede aliviar, pero las reformas legislativas deben ser sustanciales y auténticas para realmente marcar una diferencia en República Dominicana 🇩🇴 .
