El gabinete de La Internacional Progresista condenó hoy la escalada de la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y llamó a activistas y organizaciones a oponerse a la política de intervención sostenida por Washington.
La declaración, emitida este lunes, (1 sept) denuncia además la envalentonada Doctrina Monroe detrás de la postura estadounidense y advierte que la crisis actual constituye una profundización de la guerra híbrida contra el proceso bolivariano, iniciada desde la llegada al poder de Hugo Chávez.
Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, declarando que Venezuela se embarcaría en una profunda transformación que elevaría a los pobres y desafiaría el poder imperial, el país nunca ha dejado el punto de mira de Estados Unidos, alega.
El pronunciamiento denuncia el interés estratégico de Estados Unidos por los recursos naturales del país suramericano, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, junto con cantidades significativas de gas natural, bauxita y oro.
En este sentido, recuerda las palabras del ex enviado especial del presidente Donald Trump, Elliott Abrams, quien alegó como principal argumento para otorgar una licencia de operaciones a la compañía Chevron, y a otras similares, el de facilitarles la ayuda en la recuperación de la producción de petróleo después de que el régimen (venezolano) sea reemplazado.
El gobierno estadounidense desplegó contra Caracas presiones de todo tipo, entre ellas operaciones encubiertas, incursiones de mercenarios, intentos de magnicidio, planes de golpe de Estado, aislamiento diplomático, amenazas militares abiertas y sanciones económicas.
De acuerdo con datos publicados por medios de prensa, entre 2012 y 2020 las medidas restrictivas causaron una caída del 93 por ciento en los ingresos petroleros de Venezuela, mientras que la calidad de vida de la población se contrajo en un 74 por ciento, lo que es comparable con las estadísticas registradas en Irak durante la invasión estadounidense.
Según el Centro de Investigaciones de Política Económica, 40 mil venezolanos murieron entre 2017 y 2018, como resultado de las limitaciones impuestas por las sanciones, lo que se ajusta a la definición de castigo colectivo a la población civil, tal como se describe en las Convenciones Internacionales de Ginebra y La Haya.
