Mediante la Ley No. 5785, el Consejo de Estado, presidido por el Dr. Joaquín Balaguer, dispone la confiscación y declara bienes nacionales todos los haberes, créditos, acciones y obligaciones que pertenecieron a Rafael L. Trujillo Molina, a sus hijos, esposa, madre y otros familiares.
Por otra parte, se pone en movimiento la acción pública contra el trujillista Félix W. Bernardino, acusado de asesinato, robos y otros delitos.
