Opinión

Por: Zoraima Cuello | Cuando la República Dominicana consagró el 4 % del PIB a la educación preuniversitaria, no aprobó una partida presupuestaria: selló un pacto social con su futuro. Fue una decisión histórica para garantizar la movilidad social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo nacional. Más de una década después, ese compromiso enfrenta su prueba más exigente. No por falta de recursos, sino por la distancia entre lo que se autoriza en los presupuestos y lo que realmente transforma la vida de los estudiantes.

Los datos oficiales de diciembre de 2025 muestran una ejecución global del 98.36 %: RD$304,770 millones ejecutados de RD$309,866 millones aprobados. En apariencia, una administración eficiente. Pero cuando se desagregan las cifras, emerge una realidad más compleja: un sistema que cumple en lo administrativo, mientras posterga inversiones determinantes para el sistema y la calidad educativa.

Las remuneraciones absorbieron RD$178,619 millones, con un 99.85 % de lo presupuestado. Entretanto, áreas decisivas quedaron rezagadas. En infraestructura escolar se dejaron sin ejecutar RD$1,742 millones, equivalentes al 21.49 % de lo previsto. Con esos recursos habrían podido construirse unas 600 aulas, suficientes para atender aproximadamente a 18,000 estudiantes. En equipamiento quedaron sin usar RD$1,154 millones: laboratorios incompletos, bibliotecas sin recursos y tecnología que no llega. En materiales y suministros básicos, se quedaron sin usar RD$535 millones, mientras miles de estudiantes iniciaron el año sin los insumos esenciales.

La paradoja es clara: los recursos estaban disponibles, pero no se ejecutaron con la prioridad que exigían las necesidades del sistema.

En agosto de 2025, la Asociación Dominicana de Profesores alertó que 31 centros educativos en Higüey no pudieron iniciar el calendario escolar en condiciones adecuadas: el 67 % carecía de mobiliario suficiente, más del 90 % no contaba con personal de apoyo y el 70 % presentaba deficiencias estructurales graves. Las clases comenzaron, a pesar de las condiciones.

Durante visitas recientes a la provincia de Independencia, docentes y padres describieron precariedades persistentes: aulas móviles en La Descubierta sin condiciones básicas, un politécnico en Jimaní sin computadoras, falta de cupos que mantiene estudiantes fuera del sistema en toda la provincia y clases virtuales sin energía eléctrica. No son anécdotas: son señales de un sistema que administra recursos y deja de construir oportunidades.

No se trata de episodios aislados. Entre 2021 y 2024, más de RD$29,500 millones del presupuesto educativo quedaron sin ejecutarse. Solo en 2023, la cifra superó los RD$22,600 millones, recursos que habrían permitido levantar más de 7,500 aulas con vida útil de varias décadas.

La situación amerita una mirada profunda. Cuando se administra el mayor presupuesto educativo de la historia (cerca de un 80 % más que en 2019–2020), la cobertura estudiantil sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Mientras tanto, se implementan programas de alivio inmediato, como el Bono a Mil por la Educación, que entrega RD$1,000 anuales a cerca de 1.35 millones de estudiantes, con un costo aproximado de RD$1,350 millones al año. El objetivo es legítimo: aliviar la carga de las familias. Pero esos mismos recursos, invertidos en infraestructura, permitirían construir unas 540 aulas anuales. En cuatro años, más de 2,000 espacios nuevos que aliviarían estructuralmente la sobrepoblación escolar y la falta de cupos.

Otros debates relevantes no deben desplazar preguntas esenciales:

¿Por qué los RD$5,096 millones aprobados en 2025 no se ejecutaron cuando las necesidades eran evidentes?
¿Dónde está el plan verificable para recuperar la cobertura perdida?
¿Qué indicadores medirán el impacto real de los programas de apoyo: asistencia, permanencia y aprendizajes?
¿Cuánto tiempo tomará cualquier reorganización institucional y qué inversiones se postergan mientras tanto?
Gobernar es decidir qué transforma, priorizarlo y exigir resultados con consecuencias. Hoy faltan aulas, sobran los retrasos en la utilería escolar y los resultados de aprendizaje siguen siendo un llamado de atención. Como recordó Peter Drucker: “No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería hacerse.” La ejecución presupuestaria solo cobra sentido cuando se traduce en mejores resultados académicos, en escuelas suficientes, en docentes fortalecidos y en estudiantes que dominan las competencias fundamentales.

Desde la oposición, la responsabilidad no es celebrar los fracasos, sino señalar caminos. Sabemos que convertir el presupuesto en transformación requiere, además de la voluntad, planificación, sistemas eficaces, urgencia operativa y rendición de cuentas.