Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió observaciones críticas sobre la política migratoria de la República Dominicana. Sin embargo, resulta imprescindible señalar la falta de presencia efectiva de este organismo en Haití, país que enfrenta una crisis humanitaria que se ha prolongado durante décadas y cuya responsabilidad no recae únicamente en la República Dominicana.
Si bien es cierto que los derechos humanos deben ser respetados para cada individuo, la República Dominicana ha hecho lo posible por mantener el orden migratorio ante la presión de un flujo constante de personas provenientes de Haití que buscan mejores condiciones de vida. Invitamos a los observadores internacionales a recorrer nuestras calles, ciudades, zonas rurales y zonas turísticas; verán que, de manera general, en cada una de estas actividades se encuentra la presencia de haitianos y haitianas. Nuestro país es hospitalario, pero nuestra economía no puede sostener indefinidamente una inmigración masiva impulsada por la desesperación y el abandono de las grandes potencias hacia Haití.
No podemos permitir que bandas armadas penetren nuestra nación y generen caos, como consecuencia de la falta de integración y de acción efectiva de las organizaciones internacionales en la búsqueda de soluciones para la crisis de Haití. Por ello, el Gobierno dominicano debe impulsar una política migratoria responsable, combinando hospitalidad con el control necesario para garantizar la estabilidad económica y social, y aplicar sanciones severas contra empresarios que exploten o abusen de la mano de obra extranjera, asegurando que los derechos de todos los trabajadores sean respetados sin comprometer la soberanía ni el bienestar del país.
