Un incremento visible de movilizaciones sociales en defensa del medio ambiente. En diversas regiones del país las comunidades han tenido que asumir un rol que corresponde al Estado.
En Cotuí, la población ha salido a las calles reclamando acciones frente a la contaminación de la presa de Hatillo, una infraestructura con capacidad de almacenamiento de 700 millones de metros cúbicos de agua, clave para el abastecimiento y la seguridad hídrica nacional.
En la región del Cibao, sectores sociales y ambientales han expresado su preocupación ante permisos para exploración minera en la Cordillera Septentrional, un sistema montañoso que alberga importantes fuentes de agua y ecosistemas de alto valor ecológico.
En San Juan de la Maguana, comunidades rurales han manifestado su rechazo a la posibilidad de actividades de minería metálica en zonas cercanas a fuentes hídricas.
En Valle Nuevo, uno de los parques nacionales más importantes del país por su función en la regulación hídrica, aún se espera el cumplimiento efectivo de disposiciones adoptadas para la recuperación de áreas intervenidas.
En Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más relevantes del Caribe, persisten actividades de tumba y quema, lo que evidencia debilidades en el control territorial y en la sostenibilidad de las intervenciones realizadas.
En el Parque Nacional Jaragua emergen preocupaciones sobre proyectos anunciados sin que hasta el momento se haya presentado públicamente una evaluación ambiental integral que permita sustentar su viabilidad.
La ausencia de una respuesta institucional coherente agrava los problemas ambientales, debilita la gobernanza de los recursos naturales y genera incertidumbre en las comunidades.
Lo que estamos presenciando no responde a hechos aislados, sino a un modelo de gestión que ha priorizado la tramitación de permisos sobre la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.
Frente a esta situación, es imprescindible abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.
La República Dominicana no puede seguir por un camino donde desarrollo y protección ambiental se perciban como incompatibles. Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos naturales y una política ambiental sostenible.
El país necesita claridad en el rumbo, coherencia en las decisiones y una autoridad ambiental capaz de proteger, con firmeza y responsabilidad, el patrimonio natural que pertenece a todos los dominicanos. (Extracto de la Rueda de Prensa 6 abril 2026)
