En la rueda de prensa del lunes 22 de junio, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó a la población sobre los riesgos de que se quebrante la libertad de expresión y de prensa, así como de que se restrinjan las denuncias ciudadanas.
Solo dos días después, fuimos testigos de un hecho represivo que confirma la advertencia peledeísta sobre las limitaciones a los derechos fundamentales.
Una protesta pacífica de profesionales agropecuarios terminó con al menos dos personas afectadas tras una intervención policial con bombas lacrimógenas.
El propio presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, tuvo que ser hospitalizado por los efectos de los gases lanzados por los agentes.
En su pronunciamiento, el PLD denunció la existencia de «marcadas y malsanas intenciones» de silenciar la libre difusión del pensamiento, sosteniendo que algunas de las medidas promovidas por el oficialismo guardan similitud con los primeros pasos de regímenes totalitarios.
Sin duda alguna, el trato dado a los agrónomos refleja intolerancia en un país donde el derecho a la protesta tiene rango constitucional.
Este comportamiento del gobierno del PRM no es nuevo. Con el mismo estilo, ha enfrentado diversas demandas mediante el uso excesivo de la fuerza pública.
Recordamos la agresión a los policías pensionados que exigían mejoras en sus pensiones, reprimidos con gases en las inmediaciones del Palacio de la Policía. Asimismo, diferentes gremios de la salud han denunciado cercos policiales que impiden su libre tránsito hacia la casa de gobierno.
A esto se suma el bombardeo a la Casa Nacional del PLD el 26 de marzo de 2023, donde decenas de personas resultaron afectadas.
En sus años de gestión, el PRM, que en el pasado utilizó las protestas contra el PLD, incluyendo las movilizaciones de la «Marcha Verde”, se muestra hoy intolerante ante reclamos justos, insistiendo en controlar la información pública, perseguir la disidencia y reprimir las protestas sociales.
