Por: Carlos Manzano | Hay algo que los dominicanos están sintiendo cada mes con mayor angustia y preocupación: abrir la factura eléctrica que les llega mensual y descubrir que el salario les alcanza cada vez para menos.
Se intenta ahorrar, apagar luces, desconectar equipos y reducir el consumo, pero la factura, la mayoría de las veces, llega más alta. Mientras tanto, los apagones continúan golpeando hogares, comercios y pequeñas empresas.
La electricidad ha dejado de ser solamente un servicio público para convertirse, para muchas familias dominicanas, en una pesada carga sobre el presupuesto.
Y aquí surge una pregunta que el Gobierno no puede seguir evadiendo: ¿podríamos estar ante una especie de reforma fiscal silenciosa que golpea de manera insistente e inmisericorde al pueblo dominicano?
No se anuncia como un nuevo impuesto ni necesita pasar por el Congreso. Llega cada mes en forma de factura eléctrica y reduce el ingreso disponible de las familias para alimentos, transporte, educación, medicamentos y otras necesidades esenciales.
El problema no es únicamente que la electricidad cueste más. Es que el ciudadano parece estar pagando varias veces: paga por la energía que consume, paga los costos derivados de las ineficiencias del sistema y, cuando llegan los apagones, vuelve a pagar para suplir el servicio mediante inversores, baterías, plantas eléctricas y combustible.
El Gobierno tiene que explicar por qué aumentan las facturas, cuánto representan las pérdidas técnicas y comerciales, cuánto cuesta realmente sostener el sistema eléctrico y cuánto de esos costos termina trasladándose al ciudadano.
La transparencia no puede limitarse a publicar estadísticas: el usuario tiene derecho a entender su factura y saber por qué paga lo que paga.
Una reforma fiscal tradicional se discute públicamente, se presenta al Congreso y establece quién pagará más y por qué. Una reforma fiscal silenciosa funciona de otra manera: aumenta progresivamente la carga económica de los hogares sin que necesariamente exista una nueva ley tributaria.
Por eso, el debate sobre la electricidad no puede reducirse a una discusión técnica. Es una cuestión de política pública, eficiencia, transparencia y justicia social.
Si se exige a la población pagar más, debe recibir un servicio mejor. Y si las facturas aumentan mientras persisten los apagones y las pérdidas, alguien debe asumir la responsabilidad.
Los dominicanos están cansados de pagar dos veces: por un servicio que reciben precariamente, y nuevamente, para compensar sus deficiencias, comprando inversores, baterías, combustibles.
Las facturas eléctricas pueden no llamarse impuestos, pero cuando reducen cada mes el ingreso disponible de las familias se convierten en una pesada carga que el Gobierno debe explicar y justificar.
La pregunta final es inevitable: ¿hasta cuándo seguirá pagando el ciudadano el costo de las ineficiencias del Estado?
Porque una cosa es aumentar la tarifa para mejorar el servicio y otra muy distinta es hacer que el ciudadano pague cada vez más mientras se agrava consistentemente el servicio eléctrico.
El malestar ya no puede ser tratado como una simple queja individual. Cuando miles de ciudadanos sienten que pagan más, reciben menos y no encuentran una respuesta satisfactoria, estamos ante un problema nacional que afecta la confianza en las instituciones.
El pueblo dominicano no puede continuar pagando más para recibir menos. Necesita un servicio eléctrico confiable, una facturación transparente y autoridades que defiendan efectivamente sus derechos.
Y si una carga económica creciente termina llegando cada mes a los hogares a través de la factura eléctrica, sin una explicación clara y convincente sobre sus causas, entonces es legítimo preguntarse si estamos ante una nueva forma de imponer cargas impositivas al ciudadano.
Quizás no figure como un nuevo tributo en ninguna ley. Quizás nadie la haya llamado oficialmente reforma fiscal. Pero llega todos los meses. Y llega disfrazada de factura eléctrica.
